La Comisión de Ursula von der Leyen ha presentado este martes su esperada reforma del mercado eléctrico europeo, cuyo objetivo es acelerar la transición a las renovables y proteger a los consumidores de subidas repentinas y brutales en la factura de la luz como las del último año por el impacto de la guerra en Ucrania.
Se trata de una propuesta de mínimos centrada en incentivar los contratos a largo plazo. Un plan que está muy lejos de los cambios radicales que reclamaban España y Francia y que se alinea con los retoques limitados que defendían Alemania, Holanda o los nórdicos. La reforma todavía tiene que ser negociada y aprobada tanto por los Gobiernos como por la Eurocámara.
Para empezar, la propuesta de Bruselas no toca el actual sistema marginalista de fijación de precios, por el que es la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda (ahora mismo el gas) la que determina el precio de todas las demás (incluidas las renovables o la nuclear, cuyos costes son mucho más bajos).
Los técnicos del Ejecutivo comunitario aseguran que han examinado otras alternativas -como un sistema de subastas o de precios medios o de regulación de precios mayoristas- y todas ellas producen "resultados peores", ya sea para los consumidores o para el comercio transfronterizo y la seguridad de suministro.
Por ello, Bruselas no introduce ningún cambio en el sistema de fijación de precios. Es más, la reforma suprimiría todas las medidas de intervención de emergencia aprobadas en el último año, como el tope a los beneficios de las renovables y la nuclear o la tasa a los beneficios extraordinarios de las petroleras y gasistas. En caso de una nueva crisis de precios, la única medida que podrán adoptar los Estados miembros es regular los precios minoristas para hogares y pymes.
La reforma del mercado eléctrico que propone Bruselas carece de la ambición que pedía España
La solución que plantea el equipo de Von der Leyen consiste en completar el sistema vigente con nuevos incentivos para los contratos a largo plazo con proveedores de energías renovables y nuclear. De este modo, se reducirá el impacto de los combustibles fósiles en la factura de la luz y se garantizará que el menor coste de las renovables se traslade a lo que pagan los consumidores finales, sostiene el Ejecutivo comunitario.
Para las ayudas públicas a la inversión en renovables o nuclear, la Comisión propone recurrir siempre a los contratos por diferencias (o CfD, por sus siglas en inglés). Se trata de un contrato firmado entre un productor de electricidad y el Estado que fija, normalmente por subasta, un precio preestablecido para toda la duración de la inversión.
[Ribera quiere que la renovación del mercado eléctrico se centre más en el almacenamiento]
Después, el productor vende la energía en el mercado, pero si allí el precio supera al preestablecido en el CfD, el Estado se queda con este superávit. En este caso, el plan de Bruselas obligaría a los Gobiernos a redirigir estos ingresos para rebajar las facturas de los consumidores. Al contrario, si el precio de mercado es inferior al del contrato, el Estado tendrá que compensar a la compañía.
Este sistema permite a los productores recibir unos ingresos estables por su energía y al mismo tiempo introduce una limitación de beneficios cuando los precios de mercado son muy altos. Su efecto neto sería estabilizar los ingresos y los precios, a niveles cercanos a los costes de producción.
La reforma propuesta por España también se basaba en dar más peso a los contratos por diferencias. Pero la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, considera que el plan de Bruselas se queda corto y le deja un papel excesivo al mercado a corto plazo. Eso es así porque la Comisión ha rechazado su propuesta de establecer un precio fijo intervenido para la nuclear y la hidroeléctrica ya existentes.
El Ejecutivo comunitario argumenta que regular las renovables que ya tienen contrato está prohibido por las directivas europeas. Además, enviaría una "señal muy negativa" a los inversores de cara al futuro, al dar carta blanca a los Gobiernos para cambiar las condiciones de forma retroactiva.
La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados.
Para las inversiones en renovables que no requieren ayudas públicas, Bruselas propone impulsar otra modalidad de contratos a largo plazo. Se trata de los contratos de compra de energía (o PPA, por sus siglas en inglés), firmados entre productores de energía y empresas. Este mercado no está bien desarrollado porque sólo tienen acceso las grandes compañías. Para extenderlo también a las pymes, la reforma obligará a ofrecer garantías públicas para cubrir el riesgo de los PPA.
El Gobierno de Pedro Sánchez considera que es un paso en la buena dirección, pero echa de menos en la propuesta de Bruselas medidas para aumentar la transparencia de este tipo de contratos a largo plazo privados.
Pero lo que más le preocupa a la vicepresidenta Ribera de la reforma del mercado eléctrico que plantea la Comisión es la ausencia de normas comunes europeas para regular los mercados de capacidad y almacenamiento. España considera que se necesita un marco comunitario para impulsar el negocio de garantizar la disponibilidad de energía en los momentos de mayor estrés para el sistema eléctrico.
Al margen del impulso a los contratos a largo plazo, el Ejecutivo comunitario plantea reforzar los derechos de los consumidores, en particular a recibir mejor información. Las compañías eléctricas estarán obligadas a ofrecer contratos a precio fijo a sus clientes. La reforma consagra además el derecho a que un particular pueda vender o compartir la energía que genera (por ejemplo con una instalación de paneles solares) con otros particulares, como sus vecinos.
Finalmente, se refuerza significativamente la protección de los consumidores vulnerables. En el marco de la reforma propuesta, los Estados miembros deberán proteger de la desconexión a los consumidores vulnerables con pagos atrasados.