La reforma de la factura de la luz de Ribera no acabará con la volatilidad de los precios hasta 2025

La reforma de la tarifa regulada de la luz, el PVPC (Precio Voluntario del Pequeño Consumidor), a la que están acogidos más de 10 millones de hogares, ya está en la recta final de su elaboración. Como adelantó hace unos días EL ESPAÑOL-Invertia, en las próximas semanas se aprobará en Consejo de Ministros.

Por el momento, el proyecto de real decreto ya está en manos del Consejo de Estado. Se le ha enviado con carácter de urgencia, lo que significa que el Ministerio para la Transición Ecológica quiere dejar aprobada esta reforma lo antes posible.

Sin embargo, los nuevos cálculos con los que se diseñará la factura de la luz no entrarán en vigor hasta el 1 de enero del próximo año. Unos cambios que serán progresivos. Se desplegarán durante 2024 y no tendrán un efecto real hasta 2025.

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"Casi el 75% del PVPC estará indexado a spot y a productos mensuales o trimestrales. Esto mantendrá la volatilidad que se ha querido evitar con la reforma", explica a este diario Óscar Barreiro, socio responsable de Energía Utilities de Consulting en PwC.

El borrador combina el modelo actual, basado en el mercado mayorista, con una tarifa fija a plazos, dependiente de los contratos a futuro de la electricidad. De hecho, "incluye más de un 50% en futuros a un año", continúa el experto.

Precios a menos de 1 año

Precisamente, el hecho de que el peso de esos futuros a corto plazo sea tan elevado va a hacer que la inestabilidad se mantenga. Y eso que, hasta ahora, el coste de la energía era una media ponderada de los precios del mercado diario y de las sesiones intradiarias. 

El borrador con el que trabaja el Ministerio señala que "en particular, se propone que, para la señal de precio a plazo, el reparto entre los productos anteriores se haga de tal forma que el producto mensual suponga un 10% del total, el producto trimestral se sitúe en un 36%, y el producto anual suponga un 54%", según ha adelantado 'Cinco Días'.

Eso será al principio porque se establece un marco transitorio en el que la señal a plazo se incrementará gradualmente. "De tal forma que, para el primer año, el peso de la señal a plazo suponga un 25%" y se vaya incrementando la "representatividad un 15% hasta alcanzar un 55% en el año 2025, dejando el 45% restante para la señal diaria e intradiaria".

A juicio de Barreiro, "con esa decisión, será en 2025 cuando haya un 55% de la energía a plazo. Y de ese 55% tan solo la mitad será a futuros de un año. El resto se mantendrá en spot".

Bono social y microempresas

Otra de las cuestiones que quedaban por modificar es la financiación del bono social eléctrico, destinado a ayudar a familias vulnerables o en riesgo de pobreza extrema, que antes era responsabilidad de las grandes comercializadoras pero que la Justicia revocó.

A partir de ahora lo pagarán "los sujetos del sector eléctrico que participan en las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, incluyendo la producción, transporte, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como los consumidores directos en mercado".

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De hecho, en el borrador que ya analiza el Consejo de Estado, se propone que haya "un nuevo componente en la estructura del PVPC para recoger precisamente el valor unitario del coste del bono social que deben soportar las comercializadoras de referencia".

Es decir, en la factura regulada de los hogares deberá aparecer un nuevo término que recoja el coste del bono social.

Por último, hasta ahora cualquier consumidor que tuviera una potencia contratada inferior a 10 kW podía acogerse al PVPC. Sin embargo, la reforma señala que, aunque mantiene ese límite de 10 kW, sólo podrán acogerse hogares y microempresas (que deberán acreditar su condición) al PVPC.

Pero el reconocimiento de microempresa "implica la necesidad de abordar un sistema de acreditación basado en declaración responsable" para certificar esta condición "para aquellas empresas que decidan acogerse a dicho precio", añade el borrador de real decreto.

Por último, el texto añade que "esta acreditación y acceso al PVPC será convenientemente supervisada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)".