La Corte de La Haya se suma a las condenas a España por el recorte a las renovables: debe pagar 29 millones a EDF

Nuevo varapalo de la justicia internacional para España. Ahora la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA) se une a las sentencias condenatorias de otros tribunales y condena a España a indemnizar a la energética estatal francesa EDF a pagarle 29,6 millones de euros por la retirada retroactiva de las primas a las renovables. El proceso quedó resuelto el pasado mes de abril, aunque la publicación definitiva del laudo y su comunicación oficial al gobierno de nuestro país se ha producido en los últimos días

La victoria judicial que ha cosechado la compañía gala viene a ampliar la larga lista de sentencias condenatorias contra el Reino de España por este asunto. Ya se han emitido 23 laudos que instan al Gobierno a resarcir a las compañías afectadas. 

EDF es una de las empresas más importantes afectadas por la retirada retroactiva de las primas a las renovables, pero la lista también incluye a otras corporaciones como RWE, Antin o NextEra. Próximamente se espera la resolución del proceso que involucra a E.ON, cuya reclamación asciende a los 600 millones de euros.  

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La mayoría de los laudos se han canalizado a través del Banco Mundial y de su Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Sin embargo, el proceso de EDF se tramitó ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya (CPA), de modo que esta resolución amplía la cobertura legal que están recibiendo los denunciantes ante los tribunales internacionales.  

Más de 1.200 millones

España acumula más de 1.200 millones de euros en laudos pendientes de pago. Asimismo, la estrategia del actual Gobierno de negarse a resarcir a los afectados ha generado un coste adicional de 250 millones de euros en concepto de gastos legales, condenas en costas e intereses de demora. 

Algunas de las compañías afectadas han puesto en marcha distintos procesos legales orientados a conseguir el embargo de bienes del Reino de España. De momento, los denunciantes han logrado el visto bueno de la justicia británica y australiana y han abierto la veda a la incautación de todo tipo de activos, caso de la indemnización por la catástrofe del Prestige (más de 900 millones de euros) o el embargo cautelar de la sede del Instituto Cervantes en Londres. 

En el caso de EDF, la sentencia condenatoria con España puede desatar nuevos procesos de embargo de bienes en países como Suiza. De momento, el Ministerio de Transición Ecológica ha autorizado el desembolso de 300.000 euros para contratar los servicios del bufete helvético MLL Meyerlustenberger Lachenal Froriep e intentar evitar la incautación de activos del Reino en dicho país.   

Fin a la Carta de Energía

Coincide en el tiempo con el anuncio de que la Comisión Europea va a solicitar por escrito a finales de la presente semana la salida del bloque del Tratado de la Carta de la Energía. 

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Es la respuesta de Bruselas tras la acción conjunta de países, como Francia o España, argumentaran que choca con los objetivos climáticos internacionales y ofrece a las empresas de combustibles fósiles una vía para reclamaciones legales masivas.

La Comisión Europea anunciaría su decisión de retirar a todo el bloque de 27 naciones del acuerdo de manera inminente, tras las preocupaciones de los estados miembros. Habían argumentado que las empresas de energía pueden utilizarlo contra los gobiernos para frenar la transición verde.

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A título individual, Italia ya abandonó el tratado en 2015, mientras que Francia, Países Bajos, Polonia, España y Bélgica habían estado presionando para que el bloque saliera como uno solo. La Comisión Europea había defendido previamente una versión modernizada del tratado que habría detenido las disputas dentro de la UE y una reducción de la "cláusula de extinción" que protege las inversiones.

"Permanecer como parte contratante del actual TCE no modernizado no es una opción para la UE, sus estados miembros y Euratom", dijo un portavoz de la comisión según publica Bloomberg. "Tal como está, el tratado no está en línea con la política y la ley de inversión de la UE y con los objetivos energéticos y climáticos de la UE".