Tras una jornada maratoniana de negociaciones, los ministros de Energía de los Veintisiete han alcanzado este martes un acuerdo sobre la reforma del mercado eléctrico europeo. Un compromiso facilitado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en su calidad de presidenta de turno del Consejo, que ha sido posible después de que Alemania y Francia resolvieran sus diferencias sobre el tratamiento de la energía nuclear. Hungría ha sido el único país que ha votado en contra.
"Hemos logrado un acuerdo que habría sido inimaginable hace sólo un par de años. Gracias a este acuerdo, los consumidores de toda la UE podrán beneficiarse de precios de la energía mucho más estables, de una menor dependencia del precio de los combustibles fósiles y de una mejor protección frente a futuras crisis. También aceleraremos el despliegue de las energías renovables, una fuente más barata y limpia para nuestros ciudadanos", ha dicho Ribera.
Al final, los contratos a largo plazo por diferencias (CfD) -el eje central de la reforma y el punto más controvertido hasta el final- se podrán usar no sólo para subvencionar los nuevos proyectos de renovables y nuclear, sino también para ampliar la capacidad o extender la vida útil de plantas existentes (en particular las nucleares en Francia). Una posibilidad que rechazaban inicialmente los Estados miembros contrarios a la energía nuclear, liderados por Alemania.
El acuerdo ha sido posible porque la Comisión se ha comprometido a controlar estrictamente las ayudas públicas a las instalaciones existentes con el fin de garantizar la igualdad de trato entre los Estados miembros, evitar una sobrecompensación que beneficie a las plantas nucleares existentes y distorsione la competencia y salvaguardar el mercado interior.
Precisamente, el objetivo que persigue la reforma es acelerar la transición a las renovables y proteger a los consumidores de subidas repentinas y brutales en la factura de la luz como las del verano pasado por el impacto de la guerra en Ucrania.
Se trata de un acuerdo de mínimos centrado en incentivar los contratos a largo plazo. Un plan que está muy lejos de los cambios radicales que reclamaban España y Francia y que se alinea con los retoques limitados que defendían Alemania, Holanda o los nórdicos. La reforma todavía tiene que ser negociada y pactada con la Eurocámara, que es colegisladora en la materia. El objetivo de la presidencia española es concluir el expediente antes de que acabe el año.
El acuerdo no toca el actual sistema marginalista de fijación de precios, por el que es la tecnología más cara necesaria para cubrir la demanda (ahora mismo el gas) la que determina el precio de todas las demás (incluidas las renovables o la nuclear, cuyos costes son mucho más bajos).
Los ministros de Energía de la UE, durante la reunión de este martes en Luxemburgo
Además, los ministros de Energía han descartado la propuesta de España de convertir en permanente el tope a los beneficios de las energías de bajo coste (renovables y nuclear) que la UE aprobó en septiembre de 2022 y que expiraron el pasado mes de junio. En caso de una nueva crisis de precios, la única medida que podrán adoptar los Estados miembros es regular los precios minoristas para hogares y pymes.
La solución aprobada por los Veintisiete consiste en completar el sistema vigente con nuevos incentivos para los contratos a largo plazo con proveedores de energías renovables y nuclear. De este modo, se espera reducir el impacto de los combustibles fósiles en la factura de la luz y se garantizará que el menor coste de las renovables se traslade a lo que pagan los consumidores finales, sostiene el Ejecutivo comunitario.
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Para las ayudas públicas a la inversión en renovables o nuclear, la reforma exige utilizar de forma obligatoria los contratos por diferencias en el caso de nuevas instalaciones y autoriza esta opción para plantas existentes pero con restricciones. Se trata de un contrato firmado entre un productor de electricidad y el Estado que fija, normalmente por subasta, un precio preestablecido para toda la duración de la inversión.
Después, el productor vende la energía en el mercado, pero si allí el precio supera al preestablecido en el CfD, el Estado se queda con este superávit. Los Estados miembros tendrán flexibilidad a la hora de usar estos ingresos, aunque el objetivo es que sirvan para reducir los costes de la electricidad. Al contrario, si el precio de mercado es inferior al del contrato, el Estado tendrá que compensar a la compañía.
La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, durante la rueda de prensa de este martes en Luxemburgo
Este sistema permite a los productores recibir unos ingresos estables por su energía y al mismo tiempo introduce una limitación de beneficios cuando los precios de mercado son muy altos. Su efecto neto sería estabilizar los ingresos y los precios, a niveles cercanos a los costes de producción.
Para las inversiones en renovables que no requieren ayudas públicas, la reforma pretende impulsar otra modalidad de contratos a largo plazo. Se trata de los contratos de compra de energía (o PPA, por sus siglas en inglés), firmados entre productores de energía y empresas. Los Estados miembros deberán impulsarlos eliminando barreras injustificadas y facilitando sistemas de garantía privados o respaldados por el Estado a precio de mercado.
El acuerdo permite a Polonia que siga subvencionando sus plantas de carbón hasta 2028 a través de los denominados mecanismos de capacidad. Es decir, las ayudas públicas que los Estados miembros conceden a operadores de electricidad y otros proveedores para que estén disponibles en caso de necesidad, con el objetivo de garantizar la seguridad de suministro.
Al margen del impulso a los contratos a largo plazo, la reforma refuerza los derechos de los consumidores. Las compañías eléctricas estarán obligadas a ofrecer contratos a precio fijo a sus clientes, y los Estados miembros deberán proteger de la desconexión a los consumidores vulnerables con pagos atrasados. El acuerdo consagra además el derecho de los particulares a compartir la energía que generen (por ejemplo con una instalación de paneles solares) con otros particulares, como sus vecinos.