Teresa Ribera resucita uno de los fantasmas que más temen las compañías petroleras y gasistas. La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico quiere recuperar el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) con el objetivo es rebajar el precio de la luz para encarecer los combustibles fósiles.
La tramitación de esta medida, aprobada en el año 2020, fue paralizada por las consecuencias de la crisis de Ucrania. En un encuentro informativo de Nueva Economía Fórum, la ministra aseguró que se trata de una herramienta "necesaria" y "que habrá que recuperar". Sin embargo, aseguró que ahora mismo "no es el momento de activarla", puesto que el futuro de los precios energéticos todavía se enfrenta a una situación de incertidumbre.
El FNSSE tiene el objetivo asumir los costes asociados al régimen retributivo específico de las renovables, cogeneración y residuos (Recore), unos 7.000 millones de euros al año, correspondientes a las inversiones hechas en las últimas décadas. Las compañías petroleras, entre las que destacan Repsol, Cepsa o BP, serían las más afectadas por esta medida. Según la memoria económica que acompañaba al anteproyecto de ley impulsado por el Gobierno en 2020, el sector del petróleo cargaría con la financiación de más del 40% de las primas a las energías renovables para 2025.
Por este motivo, el FNSSE generó duras críticas y fuertes tensiones en sector de los combustibles fósiles. La gran industria, que incluía las patronales automovilística, química, siderúrgica, del papel, de bebidas y la asociación de operadores petrolíferos, se opuso con rotundidad a esta medida, cuyo coste para el sector cifró en 2.500 millones entre 2022 y 2026.
Nucleares
En su intervención, Teresa Ribera reiteró su compromiso con el cierre nuclear español, previsto para el año 2035. La ministra defendió que "no se puede volver a la casilla de inicio" y aseguró que las inversiones asociadas a estas instalaciones se utilizarán para "el desarrollo de nuevas tecnologías" que ocuparán un papel clave en el 'mix' energético.
La crisis energética impulsada por la guerra en Ucrania puso en la palestra a la industria europea. Países como Francia o Bélgica tomaron la decisión de apoyar la producción de las centrales nucleares para garantizar el suministro energético. Sin embargo, España se ha mantenido firme en su calendario de cierre.
El Consejo de Ministros aprobó a finales de diciembre el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos, que fija la hoja de ruta para el tratamiento de estos desechos. Su aprobación se logró con ocho años de retraso. La clausura de la planta nuclear de Cáceres, la primera planificada en el calendario de cierre nuclear español, está marcada para 2027. La última clausura será la de Trillo en 2035.