Aerogeneradores en el parque eólico de Serra do Larouco, en Ourense.
España 'se libra' del último intento de los inversores del laudo Antin para que pague su deuda por las renovables
Reino Unido resuelve que no hay "ninguna razón convincente" para obligar al país a realizar un pago por adelantado de los 120 millones que debe.
4 febrero, 2024 03:40España se libra del último intento por parte los inversores del laudo Antin de evitar que eluda su deuda por las renovables. La justicia de Reino Unido ha descartado la solicitud de los abogados de Centerbridge de obligar al país a realizar el pago anticipado de su deuda para continuar con sus recursos pendientes.
Según el Tribunal de Apelaciones de Reino Unido, no existe "ninguna razón convincente" para establecer esta medida cautelar. Centerbridge —que compró en 2017 al fondo francés Antin su laudo arbitral millonario contra España— instó la semana pasada a la Corte de Apelaciones británica a ordenar al país el pago provisional de los 120 millones euros que debe por el recorte a las primas renovables.
Los abogados del fondo de capital riesgo de EEUU argumentaban que España no tiene intención de pagar su deuda, aun cuando haya agotado todas sus opciones en la vía legal.
España defiende que, de acuerdo a varias sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la legislación de la UE prevalece sobre el acuerdo de arbitraje subyacente al laudo. En consecuencia, este acuerdo no se considera válido o aplicable para los inversores que son entidades de la Unión Europea.
Según los abogados que representaron al Reino de España en este juicio, el país pagará una vez que se confirme que, según la legislación de la UE, no existe ninguna barrera al pago.
Embargo de activos
La Corte Suprema de Australia emitió un fallo a favor de Centerbridge en 2021, por el que se condenaba al Gobierno español a pagar 101 millones de euros más intereses por el recorte a las primas renovables.
Paralelamente, el fondo estadounidense inició acciones legales de ejecución tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos. Estos procedimientos buscaban embargar activos del Gobierno español con el objetivo de recuperar las deudas pendientes.
El Tribunal Superior de Londres desestimó en mayo de 2023 los argumentos de España apoyados en su "inmunidad soberana" en la jurisdicción inglesa y en que la jurisprudencia de la Unión Europea revocaba sus obligaciones adquiridas bajo el convenio internacional de arbitraje del Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) de 1966 y el Tratado de la Carta de la Energía (TCE) de 1994.
La decisión, impugnada por España ante el Tribunal de Apelaciones, respaldaba la orden de registro autorizada el 29 de junio de 2021 por la magistrada Sara Cockerill relacionada con el laudo Antin, emitido en 2018 por el Ciadi, una entidad vinculada al Banco Mundial.
El Tribunal Superior británico concedió el verano pasado a los inversores del laudo una orden provisional de embargo del Instituto Español en Londres por el impago del laudo. El Gobierno español disponía de un periodo de dos meses para pedir la anulación de esta orden cautelar.
Según la última edición del informe anual elaborado por la consultora del profesor Nikos Lavranos, España suma los laudos aún no saldados por un mínimo de 1.200 millones de euros. Además, acumula intereses y honorarios de más de 300 millones.
