El Gobierno reduce el aumento de la conocida como tasa Enresa, aplicada a las centrales nucleares para la gestión de sus residuos, del 40% al 30%. "En estos momentos la tasa es de 10,36 euros/MWh, casi tres euros menos que lo que se recomendaba en 2018", reveló la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y de Reto Demográfico, Teresa Ribera, en un Desayuno Informativo de Europa Press.
En un principio, el Gobierno quería elevar de 7,98 euros/MWh a 11,14 euros/MWh la tarifa con la que los titulares de las centrales nucleares, lo que provocó un fuerte enfado de las principales propietarias. Esta cantidad suponía un 40% más que lo que ahora mismo se paga. La entrada en vigor de esta nueva tarifa iba a ser el 1 de julio de 2024.
Transición Ecológica ha sacado este miércoles a información pública la nueva propuesta, con un plazo para presentar alegaciones que se extiende hasta el 30 de abril. Según indican fuentes ministeriales a EL ESPAÑOL-Invertia, tal y como se recoge en la memoria presentada, la diferencia de la nueva tarifa y la planteada inicialmente responde a dos informaciones actualizadas.
En primer lugar, el valor del Fondo a 31 de diciembre de 2023, recogido en las cuentas de Enresa del ejercicio 2023, es superior al estimado. En segundo lugar, el valor real del IPC en 2023 fue inferior al estimado en la primera propuesta. A partir de dichos valores y estimaciones, se ha concluido que debe modificarse la tasa, pasando de los 7,98 euros/MWh actuales, a 10,36 euros/MWh.
La decisión de subir la tasa Enresa un 40% provocó a principios de año el rechazo de las principales propietarias de las centrales nucleares, sobre todo de Iberdrola y Endesa, que alertaron de que o se alargaba su vida útil cinco años más o no se podría cubrir el sobrecoste del nuevo plan de residuos.
Foro Nuclear, la patronal que agrupa a las dueñas de las centrales (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), presentó en febrero alegaciones conjuntas al Proyecto de Real Decreto por el que se pretendía modificar la tasa para la gestión de los residuos.
La asociación presentó un recurso contencioso administrativo contra el VII Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y otro contra el abandono del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca).
Las demandas llegaron hasta el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), pues en marzo se conocía que se había reiniciado la tramitación del proyecto de real decreto que pretendía esa subida.
Concretamente, Transición Ecológica decidió lanzar una consulta pública previa, siguiendo el mismo procedimiento que en 2019, cuando se tramitó la actualización por última vez hasta el 18 de marzo.