Una decisión que ya, en numerosas ocasiones, se ha dicho que podría terminar en los tribunales. "Son decisiones arbitrarias del Gobierno, porque se toma por otra decisión arbitraria, la de la renuncia a construir un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en el municipio de Villar de Cañas (Cuenca)", señalan fuentes cercanas al sector nuclear.

"No se mantienen las condiciones de viabilidad, el sector tiene más del doble de impuestos que la nuclear francesa y se está haciendo un daño enorme a la industria, menos mal que este Gobierno apoya la electrificación y la competitividad".

La medida empuja a que "las eléctricas propietarias de las plantas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) se planteen llevar la decisión del Gobierno a los tribunales". No sería una sorpresa. Hace meses que la patronal del sector, Foro Nuclear, está advirtiendo de que cualquier incremento adicional de impuestos y tasas comprometería la viabilidad económica de las centrales nucleares.

El pasado 27 de diciembre el Consejo de Ministros aprobó el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), donde se especificaron "las dificultades" para lograr el necesario grado de consenso social, político e institucional para construir el Almacén Temporal Centralizado (ATC).

Por ello, se aprobó la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en cada una de las instalaciones atómicas y la construcción posterior de un Almacén Geológico Profundo (AGP). De esta manera, se ha incrementado el coste de la financiación de la gestión de los residuos.

Con esta decisión, al aumentar el número de emplazamientos que deben contar con las medidas de seguridad y mantenimiento de los residuos allí almacenados, el plan calculó unos mayores costes futuros, alcanzando los 20.220 millones de euros a sufragar.

Eso iba a suponer un 40% más de coste, pero, al rebajarse al 30%, Enresa conseguirá recaudar 19.913 millones, es decir, bajará de 1.240 millones extra que se iba a recaudar a 933 millones, de los 11,14 euros/MWh iniciales a los 10,36 euros/MWh a partir de julio de 2024.

Calendario de cierre nuclear

En 2019 el Ejecutivo y el sector nuclear firmaron un acuerdo para el cierre ordenado de las centrales, entre 2027 y 2035, y una tasa Enresa subiría en torno al 20%.

Inicialmente así fue, la tasa subió de 6,69 euros/MW a 7,98 euros/MWh y la empresa pública Enresa, la encargada de gestionar los residuos nucleares, pasó a recaudar 480 millones de euros (para una producción de 60.000 MWh al año), gracias a la suma de unos 80 millones adicionales.

Sin embargo, el Protocolo firmado no incluía una nueva subida, pese a que el Gobierno ha justificado ese cambio por desistir en construir un ATC. Ahora le toca mover ficha a las eléctricas.

"Hay que plantearse si el pacto que firmaron para el calendario de cierre tiene alguna validez jurídica porque se supone que limitaba el acuerdo a la subida de la tasa y ya no podía subir más", se preguntan las mismas fuentes.

Desmantelamiento de Almaraz

Y, coincidiendo con este fuego, Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, acaba de publicar la licitación para los trabajos de ingeniería previos al desmantelamiento de la central nuclear de Almaraz (Cáceres).

El contrato tiene como objeto realizar estudios y la ingeniería de diseño, especificaciones y proyectos de obra y preparación de la documentación para la autorización del desmantelamiento de la central. En total, el proyecto base de licitación es de 27.990.244,69 euros y el plazo de ejecución, de 60 meses.

El desmantelamiento de Almaraz empezará a partir de 2030 y los trabajos previos que ahora mismo licita Enresa suelen durar entre "tres y cinco años".

Por su parte, fuentes de las Centrales Nucleares Almaraz-Trillo han señalado a Europa Press que en la central se sigue trabajando en ambos escenarios, tanto si finalmente el Gobierno no autoriza que se continúe operando más allá de 2027 como si sí que lo hace.

Además, se remiten a las palabras del director de la central, Rafael Campos, que el pasado mayo señaló que "para hacer las cosas bien", el Ejecutivo tendría que tomar una decisión en firme antes del primer trimestre de 2025.

La central se divide en dos reactores, el primero tiene autorizado operar hasta el 1 de noviembre de 2027 y el segundo, hasta el 31 de octubre de 2028, según la orden ministerial que renovó la autorización de la explotación de las unidades en 2020.

Tal y como recoge el calendario previsto en el Protocolo de intenciones firmado en marzo de 2019 entre Enresa y los propietarios de las centrales nucleares, a los dos reactores de Almaraz le seguirán Ascó I y Cofrentes en 2030, Ascó II en 2032 y Vandellós II y Trillo en 2035.