Un informe secreto del Consejo de Seguridad Nuclear pone en duda la formación del personal que cerrará las centrales

Solo está disponible para aquellos trabajadores del CSN que lo soliciten, pero lo tienen que examinar con estricta vigilancia y no se pueden hacer fotos ni solicitar fotocopias, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes internas de la organización.

Se trata de una evaluación de la cultura de seguridad del Consejo, realizada en 2021 por el Centro de Investigación Socio-Técnica (CISOT) y el CIEMAT y que contó con la participación mayoritaria de la plantilla.

En su resumen ejecutivo, al que ha tenido acceso en exclusiva este diario, se dice que "la evaluación recoge áreas susceptibles de mejora que necesitan ser abordadas para fortalecer la cultura de seguridad", entre ellas, que "la formación técnica y la gestión del conocimiento se perciben con importantes debilidades en relación a los desafíos internos (como el relevo de personal) y las nuevas demandas externas (como el desmantelamiento de las centrales nucleares)”.

De ser así, sería un problema muy preocupante. Más aún si se tiene en cuenta que en un periodo de ocho años -desde 2027 hasta 2035- se tendrán que ir cerrando progresivamente las plantas y durante ese proceso, muchas de ellas se van a solapar.

Este desmantelamiento masivo hará aún más necesario un control exhaustivo por parte del regulador nuclear. Es el encargado de certificar que todo se está haciendo bajo las más estrictas medidas de seguridad, y para ello se necesitará personal altamente cualificado y suficiente formación técnica.

Mal ambiente de trabajo

El informe no se queda solo ahí. También destaca que "existe una extendida visión crítica hacia la figura del Pleno conformada por un fuerte cuestionamiento de la legitimidad de su autoridad para la dirección del organismo".

Y en relación al Pleno actual, "se refiere críticamente a la falta de visión estratégica, a la división de los consejeros y a un estilo de liderazgo que -se considera- invade ámbitos de responsabilidad del cuerpo técnico".

El Pleno del CSN está constituido por un presidente y cuatro consejeros, elegidos por el Parlamento. Actualmente lo conforman Juan Carlos Lentijo (presidente), que sustituyó a Josep Maria Serena i Sender en 2022 tras su dimisión voluntaria, Javier Díes, Paco Castejón, Pilar Lucio y Elvira Romero.

Todos ellos vinculados más o menos con los partidos políticos. Por eso, el informe señala que "presidentes y consejeros de la totalidad de los plenos quedan inevitablemente asociados al carácter político de su nominación (por el Gobierno y el Parlamento)".

Y añade este informe que "este ‘pecado original’ en la conformación de los plenos determina las expectativas de su mandato (su previsible ‘agenda oculta’) y las características y propiedades de su membresía en el organismo".

En este contexto, además se relata que "el clima laboral se define en términos de deterioro, crispación y conflicto, con un amplio malestar e inquietud por la falta de respuesta del Pleno a aspectos centrales en el desarrollo y promoción de los miembros de la organización (Plan de carrera)".

Como colofón, la evaluación recoge el sentir de los trabajadores que ven "un comportamiento cuestionador y la divergencia por el fuerte peso de la jerarquía y de la autoridad de los mandos. Se percibe la existencia de un entorno de trabajo que tolera las represalias frente a las discrepancias".

Seguridad en las centrales

La labor del Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear es y será crucial en los próximos años. El CSN deberá extremar la vigilancia de la seguridad nuclear en el contexto del cierre programado de las centrales nucleares, y, más aún, si, según el informe, "se identifican aspectos de falta de formalización, de adherencia procedimental, y déficits en el conocimiento organizativo interno que inciden en la eficiencia organizativa".

Además, tendrá que hacer un análisis exhaustivo de los problemas de seguridad relacionados con el envejecimiento de cada una de las centrales nucleares en funcionamiento.

Pero será complicado llevarlo a cabo con éxito si "emerge la necesidad del ‘cambio organizativo’ para tratar de mejorar la capacidad de afrontamiento del CSN a las nuevas demandas reguladoras. A esta necesidad de cambio y de mejora de la capacidad adaptativa frente a las crisis se contrapone el fuerte rasgo inmovilista de la cultura organizativa actual", tal y como se refleja en el informe.

A finales de año comienza el baile de cierres. La primera candidata ya está a la vuelta de la esquina, un reactor nuclear de la central de Almaraz (Cáceres), cuyos propietarios tendrán que decidir si el próximo mes de noviembre solicitan o no una eventual continuidad.

De seguir adelante, el proceso de desmantelamiento -tomando como referencia el de la central de Garoña (todavía en curso y se inició en 2017)- se yuxtapondría al otro reactor de Almaraz II en 2028. Y poco después le seguiría Ascó I (2030), Cofrentes (2030), Ascó II (2032), Vandellós II (2035) y Trillo (2035).

La duración estimada de un desmantelamiento de una central del tamaño de las actuales españolas es de unos diez años y después suelen ser otros diez de periodo de vigilancia. Y la inspección del CSN será crucial para que todo el proceso se realice sin poner en peligro radiactivo a la población.