El Gobierno tendrá que adjudicar seis de cada diez euros de los Next Gen en sólo 24 meses
El impacto de los fondos del Plan de Recuperación en la Contabilidad Nacional entre 2021 y 2023 asciende hasta los 18.900 millones de euros.
8 julio, 2024 02:02Casi tres años después de que la Comisión Europea aprobara el primer desembolso de los fondos europeos, de 9.000 millones de euros, España sigue buscando la manera de que el dinero de las subvenciones llegue al tejido económico. Con los cerca de 70.000 millones en subvenciones ya convocados, lo cierto que sólo algo más de la mitad han sido adjudicados. Y quedan 24 meses para tenerlos todos entregados.
Hasta el 31 de mayo, y según los datos de Elisa, la herramienta del Ministerio de Economía para el seguimiento de los fondos europeos, se habían resuelto convocatorias por valor de 38.604 millones de euros.
Teniendo en cuenta que el monto que ya ha sido convocado asciende hasta los 67.288 millones, la tasa de resolución se queda en un 57,4%. Así, más de seis de cada diez euros en fondos NextGenEU están sin asignar.
Cabe recordar, además, que el hecho de que una convocatoria sea resuelta no implica la llegada inmediata del dinero a la economía real. Es decir, se trata sólo del primer paso. De hecho, y según la AIReF, el impacto de los fondos vinculados al Plan de Recuperación en la Contabilidad Nacional en el periodo 2021-2023 asciende hasta los 18.900 millones de euros.
Por palanca —los grandes ejes de las políticas del Plan de Recuperación—, la agenda urbana y rural acumula el 23,1% de los fondos cuyas convocatorias ya han sido resueltas. Le siguen la modernización del tejido industrial (19,6%) y las infraestructuras sostenibles (17,9%).
Además, según el tamaño de los beneficiarios, en primer lugar se encuentran las pequeñas y medianas empresas. De hecho, el 37,7% de los fondos ya resueltos se han adjudicado a pymes, mientras que las grandes empresas acaparan el 24%. Por detrás, las fundaciones (17,9%), las UTEs (16,5%) y los hogares (3,8%). Esto último se explica porque se incluyen fondos destinados a la rehabilitación y mejora energética de los edificios residenciales.
Como se observa en el mapa, las inversiones se concentran principalmente en Cataluña (6.239,68 millones de euros) y Madrid (5.837,61 millones). En este caso, se trata del conjunto de convocatorias resueltas, es decir, por la Administración central y también las comunidades autónomas y entidades locales.
Después se encuentran Andalucía (4.322,79 millones de euros) y la Comunidad Valenciana (3.922,13 millones).
Como es lógico, los primeros puestos están copados por las regiones más pobladas y con mayor número de empresas. En Madrid, además, opera la capitalidad, ya que las sedes de los ministerios y de la inmensa mayoría de las grandes empresas se encuentra en la Villa y Corte. No obstante, los fondos que se adjudican a administraciones se redistribuyen a la hora de visualizarse en Elisa.
En cualquier caso, si se miran únicamente los fondos adjudicados por las propias CCAA (que reciben del Gobierno central a través de las conferencias sectoriales), Madrid sigue en el primer cajón del podio de las convocatorias resueltas por importe de los fondos, con 1.588,14 millones.
El mapa inferior viene a constatar ese efecto capitalidad, en tanto que el 20,13% de las empresas adjudicatarias se encuentran en Madrid. No obstante, las actuaciones para las que se dedican esos fondos pueden darse en otros territorios, como ocurre con las de, por ejemplo, Adif, cuyo desarrollo de las infraestructuras de Alta Velocidad se extiende por buena parte del territorio nacional.
La situación se ha visto afectada recientemente por la dimisión de la directora general de fondos europeos, Esperanza Samblás. El cambio en la dirección, ahora en manos de Ana Peña, ocurre en un momento en el que todavía queda trabajo por hacer para que las subvenciones a fondo perdido terminen de llegar a la economía real.
El Gobierno defiende ya desde la pasada legislatura que la adjudicación de fondos avanza a "velocidad de crucero", pero lo cierto es que podría quedar una parte sin utilizar y que, por tanto, habría que devolver a Bruselas.
El reto, por tanto, están en conseguir que el dinero llegue a las empresas, especialmente esos casi 70.000 millones en subvenciones que, de ser adjudicados, no volverán a las cuentas de la UE.