Bruselas espera desde enero una respuesta del Gobierno para aprobar los pagos por capacidad y evitar apagones

Pero lo cierto es que Bruselas lleva esperando desde enero una información requerida al Gobierno sobre los cálculos aplicados en su Plan de Implementación, necesaria para que la Dirección General de Competencia (DG COMP) de su visto bueno, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia.

A finales de 2023, el Gobierno envió a la Comisión Europea el Plan de Implementación, indispensable para poner en marcha este sistema. Su objetivo era lograr el ok de Bruselas para tener "lo antes posible" los mecanismos de capacidad, según defendió entonces. 

Un mes después de recibir la documentación, el Ministerio de Transición Ecológica se reunió con Bruselas, según explican fuentes conocedoras. En enero, el ejecutivo comunitario solicitó al departamento de Teresa Ribera una Request for information, al cuestionar los cálculos que había realizado para determinar la ayuda necesaria, pues no se ajustaban al modelo europeo.

A día de hoy esta información no ha sido enviada a Bruselas, pese a las insistencias del sector y a la urgencia de su implementación. Desde Transición Ecológica sostienen que el contacto con la CE para dar salida a los mecanismos es constante y reiterado.

Según aseguran fuentes ministeriales, los requerimientos de información de la Comisión al Gobierno y su respuesta son frecuentes, pues hay "muchos detalles jurídicos de encaje de normativa".

Fuentes oficiales de la Comisión aseguran a este medio que se están manteniendo contactos preliminares con las autoridades españolas sobre este asunto. "No podemos hacer más comentarios sobre estos contactos, ni predecir su resultado o calendario", dicen.

Tecnologías posibles para participar en las subastas de capacidad. Invertia

Los mecanismos de capacidad son claves en la seguridad de suministro del país. Permiten recuperar una serie de ayudas a las centrales de ciclo combinado para que sigan operativas, pese a la fuerte caída de ingresos que ya están sufriendo, y ofrecen un retorno garantizado a los promotores que quieran invertir en baterías.

Se trata de un sistema ya conocido para los funcionarios europeos. Y es que prácticamente todos los grandes países europeos, como Bélgica, Francia, Alemania, Grecia, Italia o Polonia, ya han desarrollado sus propios mecanismos de capacidad. 

Inicialmente, el principal obstáculo de los mecanismos de capacidad era que se podían considerar Ayudas de Estado.

Pero en octubre del año pasado el Consejo Europeo acordó suprimir el carácter temporal de estas medidas y, por tanto, ya se estiman como medidas de apoyo que los Estados miembros pueden introducir para remunerar a las centrales eléctricas con el fin de garantizar la seguridad del suministro de electricidad a medio y largo plazo.

Hay diferentes mecanismos de pagos de capacidad, pero el objetivo general es que exista suficiente capacidad en el mercado como para asegurar un servicio seguro, es decir, sin interrupciones al suministro.

La urgencia de su implementación se ha visto incrementada por un arranque de año marcado por una fuerte brecha de precios eléctricos entre el día y la noche.

Riesgos de suministro

Según el informe de REE "Análisis nacional de cobertura del Sistema Eléctrico Peninsular Español" de octubre de 2023, el escenario sin mecanismos de capacidad presenta resultados preocupantes para 2025 debido a una significativa reducción de la potencia instalada.

Esta situación se debe a la falta de viabilidad económica, lo que ha llevado al desmantelamiento de 9,6 GW de turbinas de gas de ciclo combinado y 540 MW de carbón, junto con la incorporación de 1 GW de respuesta de la demanda.

Esto implica una reducción neta de la capacidad de 9,1 GW. Los resultados del informe indican altos niveles de LOLE, con 6,7 horas por año, que supera más de seis veces el estándar de fiabilidad utilizado como referencia (0,94 horas por año). Además, se espera una media de 11 GWh de energía no suministrada.

El sector eléctrico ha subrayado que la regulación es crucial para que los proyectos de almacenamiento sean financiables y evitar una crisis en el sector eléctrico en los próximos dos años.