Así lo indica la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico. Según indican fuentes cercanas a los demandantes, "la sentencia tumba los argumentos que España y ratifica la capacidad de los afectados por los impagos de registrar los laudos en suelo norteamericano y de esta forma reclamar su cumplimiento o invocar medidas compensatorias como la incautación y el embargo de bienes soberanos del Reino de España". 

"No nos pronunciamos sobre la ejecutabilidad final de estos laudos. Sólo señalamos que los tribunales de distrito tienen jurisdicción para ejecutarlos bajo la excepción de arbitraje de la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras" (FSIA, según sus siglas en inglés), recoge la sentencia. 

Para evitarlo, España alegó inmunidad soberana ante los jueces estadounidenses, que es lo que le ha sido denegado. Además, el tribunal también ha anulado una sentencia previa de un tribunal estadounidense que prohibía a España solicitar medidas cautelares en otros tribunales extranjeros para evitar la ejecución de los laudos. 

El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi), del Banco Mundial, condenó en septiembre de 2019 a España por los recortes del Gobierno de nuestro país a las primas renovables, que se ejecutaron durante los mandatos de Mariano Rajoy.

A lo largo de los últimos años, España ha acumulado una deuda de 1.560 millones con las empresas que sufrieron la retirada retroactiva de las primas renovables. A esta cifra hay que sumarle 310 millones adicionales en concepto de condenas en costas o intereses de demora.

Ante los impagos reiterados del Reino de España, los tribunales británicos han autorizado medidas compensatorias, como el embargo de la participación de Aena en el aeropuerto de Luton, en relación con el laudo que obliga a España a indemnizar a la compañía estadounidense NextEra.

Recientemente, la justicia belga embargó más de 80 millones de euros a Enaire debido a los impagos de las renovables. Con anterioridad, los tribunales británicos han embargado edificios y cuentas de banco de distintos entes públicos del Reino de España.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera. Alberto Ortega / Europa Press

En concreto, la sede londinense de Instituto Cervantes, las oficinas de promoción económica de la Generalitat de Cataluña, el edificio de la Escuela Internacional Vicente Cañadas, el derecho de cobro de la indemnización del Prestige (900 millones de euros) y cuatro cuentas bancarias.

La Corte Suprema de Australia también ha dado la razón a los acreedores, permitiendo futuros embargos. Por su parte, la justicia estadounidense está analizando la misma situación y se pronunciará en breve. A todo ello hay que sumarle la sombra del default técnico que afecta, al menos, a cuatro títulos de deuda.

Salida negociada

Ante este escenario, las voces cercanas a los demandantes afirman que los afectados piden al gobierno español que "ponga fin a esta embarazosa situación" y reclaman a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, una salida negociada a esta controversia.

Las empresas que están sufriendo estos impagos recuerdan que la titular del ministerio tiene encima de la mesa una propuesta de resolución que permitiría poner fin a los litigios e incluso reinvertir parte de las indemnizaciones en la economía española. Los acreedores recalcan que, en caso de mantenerse la situación de impago, los embargos seguirán yendo a más.