Eólica, fotovoltaica, hibridación de parques, proyectos de hidrógeno verde, biometano, redes de distribución eléctrica... todo pasa por las manos de la Administración, desde un pequeño municipio hasta un Ministerio o un organismo competente. Y ahí, en la tramitación pública, está ahora el cuello de botella de la transición energética en España.
Así lo ha asegurado el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle. La permisología o burocracia ('permitting') es "el mayor impuesto de desarrolladores renovables". Tanto es así que, respecto a antes de la pandemia, las demoras y retrasos han incrementado el coste de un proyecto hasta entre un 30 y un 40%.
Coincide en este punto con el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, quien ha criticado el "gran problema de la burocracia" que se concentra en estos momentos en los procesos de 'permitting' de las renovables. Ambos se han manifestado así durante su participación en un foro económico de El Economista. Ha advertido que este es uno de los retos a los que se enfrenta el "sector energético, el Gobierno y la Comisión Europa".
"Todos tenemos proyectos parados o ralentizados porque no nos atrevemos a darles recursos, ya que no sabemos el tiempo que pasará desde su diseño hasta completar la ejecución", ha manifestado Reynés.
Y ha pedido a la Administración pública que se "haga lo posible" con el ánimo de "ejecutar todas las ideas".
Atasco en el 'permitting'
El 'permitting', un proceso esencial en el desarrollo de proyectos de energías renovables, implica la obtención de todas las autorizaciones y permisos necesarios para que el proyecto cumpla con la normativa legal y ambiental vigente.
Pero ¿cuáles son esos pasos? Además de la evaluación ambiental, los permisos urbanísticos, las consultas públicas locales, los permisos de construcción, la solicitud para el acceso y la conexión a red, también hay que cumplir con todos los requisitos que aparece en la extensa normativa energética.
La gymkana burocrática también se extiende a la movilidad eléctrica para la instalación de los puntos de recarga eléctrica o a los permisos mineros para la extracción de materias primas críticas para la transición energética.
"Solo en los trámites para iniciar la construcción de un parque renovable se pueden perder hasta siete años, eso es una sangría de dinero que encarece finalmente el proyecto", explican fuentes del sector renovable a este diario.
Retrasos en Europa
El problema del atasco en la burocracia no solo es exclusivo de España. Morten Dyrholm, vicepresidente sénior de marketing, comunicación, sostenibilidad y asuntos públicos del gigante eólico danés Vestas ha llegado a decir que "sin eliminar los cuellos de botella que obstaculizan la energía renovable, no podemos poner fin al círculo vicioso de la volatilidad de los combustibles fósiles".
El fabricante de aerogeneradores incluso ha ido un poco más allá y ha publicado un documento al que titula 'La guía del burócrata para salvar el mundo'. En él propone cuatro pasos para acelerar de la manera más eficaz la concesión de permisos para nuevos proyectos de energía renovable a fin de desbloquear la drástica construcción necesaria para cumplir con el objetivo de 1,5 grados.
No es el único. La patronal europea WindEurope también ha pedido a Bruselas que presione a los países a que pongan en marcha el plan aprobado hace ya casi dos años donde se abría un marco temporal para acelerar el proceso de concesión de permisos y el despliegue de proyectos de energía renovable.
También organizaciones como Climate Action Network (CAN) y su informe 'Guidelines to Faster and Fairer Permitting for Europe’s Renewable Energy Transition' se hace eco de los problemas con la Administración pública para los trámites administrativos de países tan dispares como Alemania, Rumanía, Portugal, Lituania, República Checa o Estonia.
Incluso en mayo pasado, la Comisión Europea compartió con sus Estados miembros documentos actualizados para acelerar los procedimientos de concesión de permisos y diseñar subastas para energías renovables. Entre ellos se incluye el uso de criterios no relacionados con el precio en las subastas, lo que, según la Comisión, permitirá recompensar proyectos de mayor valor añadido.