Los productores de energía fotovoltaica se ha rearmado ante la partida de Ribera a Europa para perfilar su futuro puesto en la Comisión Europea. El grupo reclama al Gobierno una extensión de los años de retribución de las plantas para compensar el recorte de primas.

Para denunciar su situación, Anpier convocó ayer una reunión de sus asociados en Madrid para presentar el cortometraje En la cuneta, dirigido por Nacho del Pozo, en el que denuncia el "atropello político" provocado por los impagos renovables. Un acto que contó con la intervención de Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, quien lleva mucho tiempo dando voz a lo que aconteció a estas familias hace 15 años.

Presentación en Madrid, con Miguel Ángel Revilla, responsables de Anpier y asociados en “En la cuneta”. Anpier

Entonces, el Estado español se lanzó a promover la instalación de fuentes de generación renovable con la intención de combatir la emergencia climática e iniciar una transición energética hacia un modelo eléctrico y renovable.

El anuncio de incentivos por parte de España —con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero— motivó a invertir en la construcción de los primeros proyectos nacionales a fondos extranjeros y a miles de familias, autónomos y pymes. Estos últimos destinaron sus ahorros o hipotecaron sus casas para promover las instalaciones.

"Asistimos a aquella campaña que animó a la gente a apostar por la energía fotovoltaica desde un punto de vista patriótico", recordó el expresidente de Cantabria.

"Se prometía una retribución que el Gobierno calculaba en un 9% y que permitía la amortización de la inversión en 25 años. Además, aseguraba que si los promotores acudían a los bancos de España, estos les pagarían el 80%", apuntó Revilla.

Pero el Gobierno —liderado por Mariano Rajoy— eliminó retroactivamente dichos incentivos entre 2012 y 2014. "Se achacó a los productores pioneros el déficit de tarifa, que ya existía y crecía en progresión alarmante antes de que se produjera el despliegue de estas instalaciones", denunció Anpier. 

"Una desinformación que sirvió para justificar el mayor atropello de una administración frente a sus administrados, a los que llamó a invertir sus ahorros con arreglo a unas normas que fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado y difundidas en una campaña del propio Ministerio", aseguró Martínez-Aroca.

En 2017, el Tribunal Supremo de España avaló el recorte a las primas renovables. Mientras que los fondos extranjeros cuentan con la Carta de la Energía para respaldar su lucha contra el recorte de primas, los pequeños promotores nacionales perdieron todo amparo judicial con la decisión del Supremo.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica señalan a este medio que "para recuperar la confianza de todos aquellos que se sintieron traicionados" por el recorte a las primas aplicado en 2013 por el PP, "en 2019 el actual Gobierno promulgó el Real Decreto-ley 17/2019".

"Esta norma otorgó a las plantas afectadas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta el 31 de diciembre de 2031. De otro modo, la rentabilidad hubiera caído al entorno del 4,5% a partir del 1 de enero de 2020, al repercutirse los bajos tipos de interés –el BCE lo tenía al 0% desde 2016– a la fórmula de cálculo de dicha rentabilidad", añaden las mismas fuentes.

Además, la previsión era "que la rentabilidad se redujese progresivamente y se consideró que blindarla en el 7,39% durante 12 años era una buena medida para resarcir a los afectados".

"Las asociaciones sectoriales lo valoraron muy positivamente; Anpier mandó un comunicado encabezado por la siguiente declaración: “El sector valora y reconoce la determinación de este Gobierno y, singularmente, de su ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, puesto que, en muchas ocasiones, y por sorprendente que pueda parecer, incluso para hacer justicia hay que ser valientes”", recuerdan las mismas fuentes.

Cuando llegue 2032, "todas las instalaciones afectadas, la inmensa mayoría construidas antes de 2008, estarán sobradamente amortizadas". "Podrán optar por percibir la retribución regulada residual que les pueda corresponder –el plazo máximo es de 25 años– o por cobrar el precio del mercado hasta el final de su vida útil", dicen desde el Gobierno.

Extensión retributiva

Pese a llevar más de una década luchando por la causa, "hoy por hoy no hemos perdido la esperanza con el gobierno socialista, máxime cuando Teresa Ribera se marcha a Europa", expresó Martínez-Aroca. 

"Para nosotros su partida es un alivio porque hemos tenido las puertas de su Ministerio totalmente cerradas al diálogo y a la búsqueda de soluciones", afirmó.

"Creemos que un relevo en el ministerio puede servir para, al menos, abrir un diálogo. Nosotros venimos proponiendo una solución compensatoria muy suave. A diferencia de los arbitrajes internacionales que establecen unas indemnizaciones a pagar de manera inmediata, hemos optado por proponer al la vía de la extensión", manifestó el presidente de Anpier en la reunión.

Los promotores renovables tienen derecho durante 30 años (desde la puesta en marcha de la instalación) a una retribución específica por cada unidad de energía producida, para garantizar una rentabilidad razonable, en función de los costes de inversión y operación. 

"Estamos en el Ecuador del periodo de retribución, en el año 15. La proposición que le hacemos a Transición Ecológica es que cuando lleguemos al final de nuestro derecho a percibir cobros, al año 30, se nos otorgue una extensión de unos años más a negociar para compensar todo el recorte retroactivo sufrido en los 30 años anteriores", abogó Martínez-Aroca.

El responsable de Anpier aseguró que "lo deseable habría sido que Teresa Ribera, antes de marcharse a Europa, hubiera dejado resuelta una cuestión social que afecta a los 65.000 ciudadanos llamados a invertir en renovables por el Partido Socialista".

La vicepresidenta tercera y responsable de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante una reunión en Bruselas. Unión Europea

Pero ahora, "las esperanzas están depositadas en el nuevo ministro o ministra", dijo. "Queremos encontrar una solución con el Ejecutivo, que es el que tiene el BOE en su mano y que tiene algún socio con el que hemos tenido contacto y que comparte esta solución".

Eso sí, desde Anpier mantienen conversaciones con la oposición. "Ahora que el Partido Popular está en la oposición, parece que nos miran con agrado y que quieren buscar una solución juntos. Estamos hablando con ellos y con el resto de fuerzas políticas", afirmó el presidente de la asociación.

"Vamos a dejar en el camino, todos los nacionales y los extranjeros, del rango de 30.000 millones de euros del recorte acumulado en los 30 años al sector productor fotovoltaico", aseveró Miguel Ángel Martínez-Aroca.

En relación con los arbitrajes internacionales, "el Gobierno actual ha adoptado medidas adecuadas para compensar las políticas del anterior Ejecutivo y está defendiendo los intereses del país, con notable éxito: sobre reclamaciones de 10.635 millones, las indemnizaciones reconocidas ascienden apenas a 1.500 millones. Ninguno de los laudos se ha llegado a ejecutar y España no ha abonado compensación alguna", recalcan desde Transición Ecológica.