El Consejo de Estado —que es último trámite para que el nuevo supervisor energético pase a proyecto de Ley— ya ha emitido dictamen, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia. Ahora, tras la partida a Bruselas de la ministra de Transición Ecológica, se espera que el texto legislativo llegue al Consejo de Ministros previsiblemente la próxima semana, para ser enviado al Congreso, según apuntan fuentes conocedoras. 

La necesidad de obtener una mayoría en el Congreso está despertando inquietudes en el sector energético. Y es que la división de las fuerzas parlamentarias y la disparidad de opiniones sobre la creación de un nuevo organismo vinculado a Transición Ecológica amenazan con escollar el proyecto de Ley.

Aunque todavía no se conoce si la propuesta ya ha entrado en el Congreso, conseguir un apoyo mayoritario de las distintas fuerzas políticas no será tarea fácil. Actualmente, el Grupo Popular ostenta el mayor peso en las Cortes Generales, con 137 miembros; seguido del Partido Socialista, con 120 miembros.

Otros grupos destacados incluyen a Vox (33 miembros) y Sumar (27). También está compuesto de varios grupos más pequeños, como el Republicano (7), Junts (7), Bildu (6), el Vasco (EAJ-PNV) con 5 miembros y el Grupo Mixto con 8 miembros.

La recuperación de la CNE es parte del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. El anteproyecto de Ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero de este 2024. Su objetivo es desempeñar funciones regulatorias, consultivas y de asesoramiento, así como la resolución de conflictos entre operadores.

La CNE era un regulador independiente del mercado energético hasta que en el año 2013 el Gobierno popular de Mariano Rajoy decidió concentrar todas sus funciones dentro de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Según la propia Teresa Ribera, esta decisión respondió a "una oportunidad política".

A diferencia de lo que ocurre con la nueva propuesta de la CNE, antes de su integración en Competencia, el regulador energético estaba adscrito al Ministerio de Economía. 

El Gobierno sostiene que, debido a la transformación del sector energético, es necesario restablecer un organismo específico con los recursos adecuados. De acuerdo con el Ejecutivo, la crisis climática y la transición ecológica requieren contar con un regulador especializado, fortalecido y autónomo.

Se trata de un argumentario secundado por el sector, que lleva tiempo reclamando una agilización en la tramitación de los conflictos y una atención experta de las nuevas demandas energéticas. Sin embargo, existen serias dudas sobre la independencia de la nueva CNMC.

Además de su adscripción a Transición Ecológica, en el caso concreto de su financiación, el anteproyecto prevé que la CNE se nutrirá principalmente de las asignaciones que se establezcan anualmente con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, siendo su presupuesto de carácter limitativo y vinculante al nivel de especificación establecido por la legislación presupuestaria para los organismos autónomos.

Propuestas de la CNMC

La CNMC dio en marzo su visto bueno al anteproyecto de Ley de la CNE. No obstante, formuló propuestas en materia de independencia, funciones, organización o coordinación con otras autoridades.

La CNMC propuso recuperar el sistema de financiación a través de tasas establecidas para la extinta CNE. Además, recomendó una mayor capacidad de autoorganización, la mejora de su autonomía financiera y presupuestaria y su participación en los procesos normativos de atribución de nuevas funciones.

La puesta en marcha de la nueva CNE está inicialmente prevista para finales de 2024 o principios de 2025, pero la tramitación parlamentaria será ardua.

Una vez aprobada en el Consejo de Ministros, la norma pasará a la comisión correspondiente del Congreso, donde se abrirá la puerta a las propuestas de enmiendas. Cuando logre el visto bueno de la comisión, se elevará al Pleno del Congreso.

Si sale adelante, pasará un proceso similar en el Senado. Si ahí se introducen modificaciones o no se aprueba, pasará al Congreso nuevamente. Éste podrá quitar tanto las enmiendas como el veto, a través de una votación por mayoría simple, aprobándolo.