Será la última misión de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, antes de marcharse a Bruselas donde liderará las políticas europeas en materia climática y de competencia, como vicepresidenta del equipo de Gobierno de Ursula von der Leyen, en Bruselas.

Un puesto anhelado por la propia Ribera y para cuya promoción ha contado con el apoyo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien considera que con ella "la UE tiene una magnífica oportunidad para seguir construyendo una Europa más justa, verde, moderna y sostenible". 

Sin embargo, ese objetivo de combinar la senda de descarbonización con una fuerte apuesta industrial, la reducción de los precios de la energía y la defensa de un Mercado Interior no distorsionado por ayudas de Estado ni abusos de posición dominante empresariales, contrasta con el legado estrella que ha dejado en España: dejar al margen al sector energético del organismo que regula la Competencia en nuestro país, con la creación de uno específico para ello.

Ahora Ribera se va a Europa con el cometido de conectar "las políticas de transición verde (clima y energía) y las de tecnología, industria o comercio –a lo que ayudará el desempeño simultáneo de la cartera de Competencia–, el acceso a los servicios administrativos, y la autoridad que tenga sobre instrumentos regulatorios y financieros", tal y como explican desde el Real Instituto ElCano.

Invertia

[Por qué Pedro Sánchez quiere crear una Comisión Nacional de Energía independiente de la CNMC de Cani Fernández]

Una labor que, por lo visto, es incompatible en España en manos de la CNMC porque, según ha explicado Ribera en varias ocasiones, "el desafío de la transición energética requiere también de un regulador independiente y especializado y los recursos técnicos adecuados para preparar el sistema energético para lograr este objetivo ambicioso que tenemos de neutralidad climática".

No es un secreto que hay diferencias encontradas entre la actual presidenta de la CNMC, Cani Fernández, y la vicepresidenta Ribera. La polémica ha sobrevolado en la institución reguladora desde que, en junio de 2020, comenzará su presidencia.

Una Comisión enfrentada

Era la candidata propuesta desde Moncloa, ya que trabajaba como asesora de Iván Redondo, entonces director de Gabinete de Pedro Sánchez entre 2018 y 2021. Un perfil que no era el favorito de Ribera pero sí de la entonces vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño.

Y ocho meses después, en su primera comparecencia como presidenta de Competencia en el Congreso de los Diputados, en febrero de 2021, se constató que iba por libre. Acusó la falta de independencia funcional del organismo y pidió que se modificara la Ley 3/2013 de creación de la CNMC y su Estatuto para poder llevar a cabo un cambio en el seno de la institución.

El objetivo de Fernández era gozar del grado de autonomía del Banco de España o la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

De hecho, en el sector energético es patente que hay una falta de sintonía entre el organismo que preside Fernández y la cartera de Ribera y que ésta iba a pujar por conseguir que Energía saliera de la CNMC rumbo a otro organismo donde todo el sector quedara bajo su influencia.

Recursos humanos y económicos

Con el desmembramiento de la CNMC y la llegada de la Comisión Nacional de la Energía se produce un doble efecto. El primero, que todo el sector energético queda controlado desde Transición Energética y se aleja de Economía. El segundo, que hay también que crear un nuevo organismo que requiere de dotación presupuestaria. 

Ese incremento presupuestario va a ir destinado a sufragar los nuevos recursos humanos y sobre todo materiales que necesitará la institución. En el anteproyecto de ley de restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía, se propone que su Consejo esté integrado por siete miembros. 

De ellos, tendrán consideración de altos cargos la persona que ostente la presidencia, con rango de secretario o secretaria de Estado, la persona que ostente la vicepresidencia y cinco personas consejeras.

Esto supone casi duplicar el coste de contar con altos cargos, ya que en la CNMC son ocho personas las que forman parte de su Consejo. Además, la CNE contará con una Secretaría General y una Secretaría del Consejo, además de un equipo multidisciplinar para poder realizar con eficiencia su objetivo. 

Cani Fernández, presidenta de la CNMC.

También deberán contar con recursos materiales. Habrá que ver qué sucede con la disputada sede de la CNMC. En su momento pertenecía a la extinta Comisión Nacional de la Energía, y ahora se propone que vuelva a ella. Eso supone que Cani Fernández y todo su equipo deberán buscarse una nueva ubicación o llegar a un entendimiento con los nuevos amigos de la CNE. 

Pero todo esto podría quedar en papel mojado al tener que pasar por el fragmentadísimo Congreso de los Diputados. La nueva ley se enfrentará a una compleja negociación con los grupos parlamentarios. Y visto el atasco legislativo, es difícil atisbar que la CNE nazca tan pronto como Ribera lo hubiera deseado.

Ribera, comisaria 

Ahora Ribera se marcha a Bruselas en donde será de facto número dos de Von der Leyen. Una cartera sobre la que recaen Competencia y Transición Justa (que engloba transición energética). Su primer match ball será el desarrollo del nuevo Pacto Industrial Limpio. Una prioridad de la presidenta de la Comisión Europea, que deberá desarrollarse en los primeros 100 días de mandato. 

Será el momento para que la nueva comisaria explique también cómo se conjugan los intereses de la Transición Energética junto al fomento de la competitividad de las industrias europeas. Todo un reto para una vicepresidenta que, en España, considera que las competencias deben quedar desgajadas para permitir que el avance en la lucha contra el clima no se vea perjudicado por cuestiones empresariales.