Las comercializadoras de luz independientes cargan contra el veto a las llamadas: "Daña la competencia y al consumidor"

A‌‌sí lo explica Víctor Hernández, presidente de la‌ ‌‌Asociación‌ ‌de‌ ‌Comercializadores‌ ‌Independientes‌ ‌(ACIE)‌ y responsable del área legal de Eni Plenitude, en una entrevista con EL ESPAÑOL-Invertia. "La realidad es que las empresas que pueden invertir más en publicidad son aquellas que ya tienen una base sólida de clientes", explica Hernández. "Si no puedo dar a conocer mis productos por la falta de recursos de mi compañía, el cliente podría estar pagando el doble en su factura", añade.

En lo que a electricidad respecta, los cinco principales grupos comercializadores —Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, TotalEnergies— tienen una cuota de mercado conjunta que supera el 85,6% del total. En el mercado de comercialización de gas, los mismos cinco grupos acaparan una cuota de clientes de más del 95%.

Más ventajas para el cliente de la luz: podrá tener varios contratos a la vez y acceder a precios dinámicos

"Los informes de cambio de proveedor muestran que las compañías incumbentes [las que lideran el sector] están consolidando sus cuotas de mercado", advierte el presidente de ACIE.

Hernández asegura que la fuerza de ventas vía telefónica es muy importante para que las comercializadoras independientes den a conocer sus ofertas. "Pensemos en la pandemia. Durante ese tiempo, el consumo energético en los hogares aumentó, y la forma más efectiva de ofrecer los mejores precios fue a través del teléfono", recuerda.

Esta restricción total de las llamadas telefónicas comerciales está recogida en el nuevo reglamento de suministro y contratación, sobre el que Transición Ecológica lanzó una consulta pública el 31 de julio, que ha estado abierta hasta el pasado 13 de septiembre.

"Esta medida nos ha sorprendido negativamente, especialmente porque hemos sido los primeros en reunirnos con la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) y proponer la creación de un código de buenas prácticas para los call centers y la regulación de estos operadores, para que tengan que obtener una licencia", dice el responsable de la patronal de firmas independientes.

Victor Hernandez, presidente de ACIE.

Desde ACIE abogan por regular las llamadas comerciales a través de la identificación de los números de teléfono de los call centers, en lugar de prohibir estas prácticas.

Con respecto al fraude telefónico, el presidente de la asociación reconoce que existe un problema. "Y nos preocupa". "En el sector de las telecomunicaciones hay empresas que son más diligentes y otras que lo son menos. La realidad es que el fraude en el sector no nos beneficia en absoluto", advierte.

"Casi todas las comercializadoras operan a través de agentes externos de venta. Nosotros hemos pagado una comisión a ese agente por una venta que no se realizó correctamente. Cuando el cliente se da cuenta de que ha sido víctima de una venta fraudulenta, abandonará nuestra comercializadora, lo que genera varias situaciones negativas para nosotros: una pérdida económica, porque no recuperamos nuestra inversión, y un daño a nuestra reputación".

Por eso, en ACIE se muestran a favor de regular la actividad de las llamadas de ventas. "Apoyamos al regulador y al legislador en esta iniciativa, pero prohibir estas prácticas me parece un desastre para la competencia", apunta el responsable legal de Plenitude.

Invertia

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ACIE ha mantenido reuniones con el Ministerio de Transición Ecológica y con la CNMC para abordar el Proyecto de Real Decreto por el que aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación. "Tiene aspectos muy positivos y que van a la vanguardia de la tecnología, como creación de un hub de un centro de datos común gestionado por Red Eléctrica".

El presidente de la patronal también valora la introducción del sistema de información de puntos de suministro, con datos importantes como la referencia catastral, "que es algo que nos solicitan desde el Ministerio de Hacienda todos los años y que viene requerido por la normativa y actualmente era un absoluto lío", continúa Hernández.

"Anteriormente, los clientes en baja tensión no podían solicitar contratos de duración superior a 12 meses. Ahora, los clientes tienen la oportunidad de negociar contratos más largos, lo que puede ser beneficioso para ellos. Si un cliente se compromete conmigo durante tres años, puedo ofrecerle una tarifa más competitiva porque tengo un acuerdo de compra de energía (PPA) a un mejor precio", añade también.

Sin embargo, desde la patronal advierten de los riesgos que supone la nueva normativa, en lo que se refiere a la figura del agregador independiente y las penalizaciones por romper contratos.

Reclamaciones

"Aunque es positivo que el modelo de relación entre el comercializador y el agregador independiente incluya correcciones de desvío y compensaciones, nos sorprendió ver que la compensación para el comercializador es solo del 50% del precio spot", dice el responsable de ACIE.

En la propuesta actual, la compensación es del 50%, "pero nosotros proponemos que sea del 100%", reclama Hernández. "Además de esta compensación, "debemos tener en cuenta que la reforma europea del mercado eléctrico nos impondrá ciertas obligaciones de cobertura. Esto significa que necesitamos un mecanismo que respalde nuestras ofertas para garantizar un precio estable y evitar las crisis de precios que hemos enfrentado", asevera.

El problema surge cuando la comercializadora compra una cantidad de energía o firma un PPA, y luego el cliente decide reducir su consumo. "En ese caso, me perjudica porque he sobrecomprado energía que ya no necesito. Por eso, debería existir un sistema de compensación para abordar esta situación, y creemos que el actor adecuado para gestionar esa compensación debe ser el operador del sistema. Este es uno de los puntos que estamos discutiendo", dice Víctor Hernández.

En lo que a las penalizaciones se refiere, "actualmente la normativa solo distingue según el peaje de acceso, es decir, la tarifa 2.0". "Nuestra postura es que no se debe diferenciar por tarifa, sino por perfil de consumidor. Si no se quiere penalizar a los hogares, está bien, pero no tendría sentido que, si yo firmo un contrato con una gran corporación, y muchas de sus oficinas están bajo tarifa 2.0, no pueda penalizar a la gran compañía si decide romper el contrato", explica a este medio el representante de las comercializadoras independientes.

En este sentido, aunque ACIE agradece la reunión mantenida con la CNMC, advierte que hay algunos temas que quedaron sin resolver. "Nos gustaría volver a reunirnos con ellos para explicarles nuestra posición con la misma claridad que tuvimos con el Ministerio. Queremos trabajar juntos, porque una colaboración entre el sector público y privado es vital para el desarrollo", concluye Hernández.