Fotomontaje que relaciona el fraude del IVA de los combustibles con la trama de Víctor de Aldama
Villafuel, Canary Island Fuel, Salamanca Fuel... Así es la trama del crudo de Aldama que defraudó 182 millones
- Los autos de prisión de Víctor de Aldama y Claudio Rivas-Capillas señalan una trama societaria que se enriquecía con la venta fraudulenta de hidrocarburos.
- Más información: Qué es y en qué consiste el fraude del IVA de los carburantes por el que ha sido detenido Víctor Aldama
Los tentáculos del caso Koldo llegan hasta el mercado de compraventa de hidrocarburos. Los autos de prisión de Víctor de Aldama, comisionista de la trama, y de su socio, Claudio Rivas, describen "una compleja estructura societaria" vinculada al fraude del IVA de los combustibles que el sector energético lleva años denunciando.
Lo que ya se denomina la trama del fuel es una "organización criminal" que "diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados", según dicta el auto del Jugado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Para la investigación realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, "a sus cuentas bancarias se transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras. Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada".
La compleja estructura societaria estaría conformada por la empresa Still Growing SL, junto a otras cuyo objeto social las sitúa en el sector de los hidrocarburos, encabezado por la operadora petrolífera al por mayor Villafuel SL, aún en activo en la lista de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) de operadores petrolíferos. No así en la de la Agencia Tributaria, la REDEF (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales).
También figura Canary Islands Fuel Company, que entró en insolvencia en diciembre pasado; Salamanca Fuel Center, actualmente en liquidación; Carburantes Jalón-Plaza; Obaoil 3000 SL, Casmar Hidrocarburos SL; Espaeventos SL y Skyward Tech SL.
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Todas ellas "desarrollaban una operativa comercial que les permitió, entre 2022 y 2024 perfeccionar delitos contra la Hacienda Pública" cuyo fraude ha sido cuantificado inicialmente en más de 182 millones de euros, según señala el auto.
Incluso, "se han identificado transferencias al exterior por importe de casi 74 millones de euros a Portugal, Colombia y China", añade.
El juez también describe que "la estructura societaria fue diseñada y estructurada de manera que Claudio Rivas y Víctor de Aldama, con poder general sobre ella, quedaran velados y aparentemente desvinculados de la misma".
Villafuel
La empresa Still Growing SL, creada por un vivero de empresas a nombre de Vanessa Durán, se entregó a María Luisa Rivas, que a su vez compró Villafuel SL, el operador petrolífero al por mayor que tuvo que demostrar unos recursos propios de hasta 3 millones de euros.
Para ello, cuando se constituyó el 23 de febrero de 2020, la capitalizó con 15.000 euros, y un año después, el 12 de febrero de 2021 amplió capital a 580.000 euros. Aun así necesitaba más dinero y, por ello, en julio de 2023, recibió un préstamo de la entidad financiera Abanca por importe de dos millones y medio de euros, según el auto.
Ahora, destapada la trama, el juez señala en su auto que "en relación con Villafuel SL, la investigación ha puesto de manifiesto que se trata de una sociedad creada para lograr sustentar el título de operador, título que facultaba a la organización criminal para operar en el mercado a través de la estructura instrumental de suministradoras y poder, de esa manera, perfeccionar el fraude".
"Es necesario resaltar que, sin ese título, la operativa de fraude investigada, tal y como la ejecutaron, no habría tenido lugar", continúa.
Por eso, y "pese a tener apariencia de empresa solvente y contar con dos sedes sociales (sólo utilizaban una), en el momento de la práctica de las diligencias de entrada y registro únicamente contaban con dos trabajadores, llegando a tener un máximo de tres trabajadores simultáneamente", añade la resolución judicial.
