Ilustración de una comunidad energética.
El sector solar empuja la regulación de las comunidades energéticas: autonomía, IVA reducido y subastas propias
- UNEF reclama marco regulatorio específico con propuestas como la participación de estas entidades en los mercados de CAEs o en la red de distribución.
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Fue en 2018 cuando nació la primera comunidad energética en España. Seis años después, ya son 357 las entidades que promueven una democratización de la energía, fomentando el consumo renovable compartido a nivel local. Sin embargo, pese a haber logrado un avance significativo, las comunidades energéticas se han ido desplegando en el país sin un marco normativo que las respalde.
Es por eso por lo que la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha decidido, tras varios meses de estudios y consultas, elaborar una propuesta regulatoria. ¿Su objetivo? Poner sobre la mesa del Gobierno, comunidades autónomas y entidades locales las principales proposiciones para elaborar un marco normativo específico que, hoy por hoy, no existe.
Así lo explica Paula Santos, directora de Comunidades Energéticas de UNEF a EL ESPAÑOL-Invertia, quien aborda cuáles son las necesidades del sector. "Se están creando muchas comunidades sin un marco normativo detrás. Y esto es fundamental porque la energía es un sector regulado que hay que definir en unas reglas", argumenta.
Autonomía, un IVA reducido, deducciones en el IRPF, participación en los beneficios de las plantas renovables, subastas propias, operar en el mercado de los Certificados de Ahorro Energético (CAEs) o capacidad para gestionar la red de distribución. Son algunas de las propuestas que hace UNEF.
"Lo primero de todo es entender qué es una comunidad energética", explica Paula Santos. Por definición, es una entidad jurídica de participación voluntaria y abierta, que está orientada a brindar beneficios ambientales, económicos o sociales tanto a sus miembros como a la comunidad en la que opera.
Entre sus miembros se incluyen actores tradicionales en el sector energético, como son las empresas, y actores que no son tradicionales, como la ciudadanía, los ayuntamientos y entidades locales.
"Aúnan varios elementos", dice la experta. "En primer lugar, todas las actividades que se pueden hacer dentro de la transición energética (como autoconsumo y plantas fotovoltaicas en suelo), pero también incluye rehabilitación energética, movilidad, almacenamiento, etc. En función de dónde se haga la comunidad energética, va a ser muy diferente".
Ahorro en la factura
Para comprender algunos de sus beneficios, las comunidades energéticas están ofreciendo actualmente de media un precio de la energía entre un 40-50% más barato que el precio de la energía media, según datos de UNEF.
"El Ministerio de Transición Ecológica sacó un proyecto de real decreto ley para regular las comunidades energéticas en 2023, en el que intentaba trasponer las directivas europeas. Pero se quedó ahí", recuerda Santos.
Este documento incluía dos definiciones de las comunidades energéticas (las comunidades de energía renovable y ciudadanas de energía) y especificaba que deben disponer de un marco facilitador, pero sin profundizar en ello. "Es necesario que explique cómo se va a facilitar, qué tipo de instrumento se van a desarrollar para garantizar que estas comunidades energéticas van a estar en el sector", apunta la experta.
Cabe señalar que Transición Ecológica ha lanzado algunas líneas de ayudas para estas entidades, con requisitos para su concesión, en los que sí se introducen conceptos que venían en el citado proyecto del Real Decreto. "Pero no tiene sentido que el marco normativo de las comunidades energéticas esté definido en unas ayudas. Tiene que haber un real decreto concreto que las regule", demanda Paula Santos.
La consecuencia es que "se está desvirtuando el concepto y no se sabe qué va a ocurrir con las comunidades energéticas ya creadas cuando se hagan el marco normativo", alerta la directora de Comunidades Energéticas de UNEF. "Es clave garantizar que estas comunidades participen en igualdad de condiciones con los agentes del sector", añade.
Propuestas
"Las comunidades energéticas tiene que tener autonomía y su control efectivo debe estar en los socios. Es decir, que los miembros sean los que toman las decisiones", dice a este diario Paula Santos. "Esto no está definido en el marco normativo, sólo se incluye en las bases de las ayudas". La propuesta de UNEF, según apunta, va en línea con lo estipulado en las subvenciones, pero con matices.
"Aquí los ayuntamientos tendrán un papel clave pues, además de ser facilitadores de cubiertas y espacios públicos, son la garantía de que la comunidad energética sea sólida", reivindica la directiva. En este sentido, desde UNEF proponen que se declaren a las comunidades energéticas como entidades de interés público.
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Un punto clave para el despliegue de las comunidades energéticas en España son los incentivos económicos. "En general ese esquema de las ayudas está bien identificado, pero se necesita algo más", advierte Paula Santos.
"Muchas comunidades parten de fondos propios y esto limita la entrada de socios". Cabe recordar que porque una de sus características es que tienen una participación abierta. "Por eso proponemos reducciones fiscales para los miembros que formen parte de la comunidad energética, como IVA reducido o deducciones fiscales en el IRPF", dice.
Para el sector fotovoltaico también es fundamental que la comunidad energética pueda formar parte de los proyectos en suelo y ser retribuidas por ello. Además, proponen la celebración de subastas propias para comunidades energéticas. Eso sí, adaptadas a sus condiciones específicas.
Otra de las sugerencias que hace la patronal fotovoltaica es que las comunidades sean sujeto delegado en el mercado de los Certificados de Ahorro Energético. Se trata de un sistema en el que se comercializan certificados que representan una cantidad específica de ahorro de energía obtenida por empresas, organizaciones o individuos a través de proyectos y medidas de eficiencia energética.
Estos certificados pueden ser comprados y vendidos, y su principal objetivo es incentivar la reducción del consumo energético y promover prácticas sostenibles. Los sujetos delegados son las entidades autorizadas para actuar en nombre de otras organizaciones o empresas en el mercado de los CAEs.
Por último, UNEF plantea que se permita a las comunidades energéticas gestionar la red de distribución. Algo que ocurre en otros países y que resultaría de especial interés en zonas con comunidades energéticas industriales.
"Nuestras propuestas surgen del grupo de trabajo que tenemos, en el que contamos tanto con empresas como con comunidades energéticas", detalla Paula Santos. "Hemos querido hacer este trabajo para plasmar las necesidades del sector. Ahora es momento, no sólo de hablar con Transición Ecológica, sino también con las consejerías de las comunidades autónomas y los propios ayuntamientos, que van a ser impulsores", concluye.
