Unos paneles solares. Omicrono
España fracasa en su intento por anular 368 millones en condenas por las primas renovables en EEUU
- La Justicia de Estados Unidos rechaza una revisión de tres casos relacionados con el registro de laudos arbitrales.
- Más información: Fondos con laudos renovables identifican 5.000M en activos embargables pero prefieren negociar con España
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia ha rechazado la petición de España de someter a revisión en pleno (en banc) tres casos relacionados con la inscripción de laudos arbitrales dictados por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). En dichos laudos, España fue condenada por haber retirado de manera retroactiva las primas a las energías renovables.
El primer caso involucra a la empresa estadounidense NextEra, a la que España debe indemnizar con 290 millones de euros, más 5 millones en intereses de demora. El segundo se refiere a 9REN, una firma luxemburguesa que debe ser compensada con 40 millones de euros y otros 3,5 millones en intereses. El tercero es el caso JGC, por el cual España debe abonar 23,5 millones de euros, además de 5,5 millones en concepto de intereses.
La decisión, emitida el 2 de diciembre de 2024, cierra un proceso iniciado por la Abogacía del Estado en febrero de este año. Representa un nuevo revés para España en su intento de evitar el reconocimiento internacional de estos fallos arbitrales, que derivan de su adhesión al Tratado de la Carta de la Energía (TCE) y de las medidas tomadas entre 2010 y 2013, cuando recortó retroactivamente los incentivos a las renovables.
Este contexto ha provocado numerosas condenas no sólo en Estados Unidos, sino también en tribunales de Australia, Bélgica y Reino Unido.
El fallo del tribunal fue unánime, ya que ningún magistrado apoyó la solicitud española para someter los casos a una revisión completa. Ni siquiera el respaldo presentado por la Comisión Europea como amicus curiae logró influir en el tribunal.
Según fuentes del Ministerio de Transición Ecológica, la resolución de la Corte de Apelación es susceptible de recurso ante el Tribunal Supremo de EEUU y ahora mismo se está analizando esa posibilidad.
Esta resolución acerca aún más la ejecución de los laudos a favor de los inversores en Estados Unidos, aumentando la presión sobre España para cumplir con los pagos millonarios. En el caso de JGC, los tribunales estadounidenses ya han adelantado que tratarán el laudo como si fuese una sentencia nacional, lo que se espera que ocurra también con los casos de NextEra y 9REN, entre otros litigios que podrían seguir este camino.
El rechazo del tribunal añade un nuevo capítulo a los numerosos litigios internacionales derivados de los recortes a las primas renovables. Estas reformas fiscales y regulatorias provocaron una avalancha de demandas de inversores extranjeros, quienes se ampararon en el TCE para reclamar la protección de sus derechos y recuperar las pérdidas sufridas.
¿Cuál es el origen de este conflicto?
El origen de los laudos renovables en España se remonta a principios de los 2000, cuando el Gobierno introdujo incentivos para atraer inversores, lo que impulsó la expansión de la industria solar. Más de 66.000 familias y empresas comprometieron 65.000 millones de euros para alcanzar el objetivo de la UE del 20% de energía renovable en 2010.
Sin embargo, la crisis económica de finales de la primera década llevó a España a modificar sus políticas energéticas, reduciendo tarifas, introduciendo impuestos y limitando la producción renovable.
Como parte de sus medidas de austeridad y durante el primer mandato de Mariano Rajoy, España implementó una serie de cambios regulatorios que impactaron negativamente a los inversores en energía solar. Estos cambios, retroactivos, provocaron demandas por parte de los inversores, alegando que España violó acuerdos internacionales de inversión.
En conjunto, España enfrenta 25 laudos arbitrales pendientes, que ascienden a más de 1.560 millones de euros. Esta cifra sigue creciendo debido a los intereses y las costas judiciales, que suman cerca de 330 millones adicionales.
Los inversores afectados llevaron a cabo un proceso de identificación de activos embargables, en el que recogen bienes por valor de más de 5.000 millones de euros. Dicho inventario recoge un activo más de 600 millones de euros ubicado en Estados Unidos.
La lista de 5.000 millones incluye participaciones, sociedades públicas, sociedades privadas con participación pública, derechos de cobro, recibos y flujos de pago que son potencialmente embargables.
Cabe señalar que en octubre España ganó dos laudos sobre disputas de inversión entre empresas de energías renovables nacionales y de otros países de la Unión Europea al reconocer, por primera vez, el Ciadi que no tiene jurisdicción para tomar decisiones sobre cuestiones "puramente europeas", según comunicó el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco).
Se trata de laudos relativos a la belga Sapec y la danesa European Solar Farms, que reclamaban más de 72 millones de euros de indemnización y más de 8 millones en costas.
