La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
El Gobierno prepara el 'megaplan' de eficiencia energética de la Administración Pública que exige Bruselas
- El sector público europeo debe reducir el consumo de energía en al menos un 1,9% anual.
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El Gobierno da el primer paso para implementar el plan de renovación energética de la Administración Pública. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha lanzado una consulta pública previa sobre la propuesta de Real Decreto relacionado con la eficiencia energética en el sector público.
Este paso forma parte de la transposición de la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo, cuyo objetivo es que las administraciones públicas no solo cumplan con los objetivos de eficiencia energética, sino que lideren con el ejemplo, adoptando tecnologías innovadoras y mejores prácticas para reducir su consumo de energía.
El sector público es responsable de entre el 5% y el 10% del consumo total de energía final en la Unión Europea, y sus autoridades gastan anualmente alrededor de 1.800.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente el 14% del Producto Interior Bruto (PIB) europeo.
Para cumplir con los objetivos de la Unión Europea, los Estados miembros deben reducir el consumo de energía final en un 19% para 2030, en comparación con los niveles de 2017-2019. En este contexto, se establece la obligación de reducir el consumo de energía en el sector público en al menos un 1,9% anual, con el fin de asegurar que este sector sirva como modelo a seguir.
Uno de los puntos clave de esta estrategia es la renovación de los edificios públicos, lo que implica modernizar infraestructuras y aplicar tecnologías para optimizar sistemas de calefacción, refrigeración y electricidad. Un punto destacado es que el sector público debe renovar al menos el 3% de la superficie total de sus edificios cada año, con el fin de mejorar su eficiencia energética.
Bruselas subraya que para cumplir con la obligación, los Estados miembros deben centrarse en el consumo de energía final de todos los servicios públicos y las instalaciones de los organismos públicos. La Directiva define "organismos públicos" como entidades mayoritariamente financiadas por fondos públicos y administradas por autoridades nacionales, regionales o locales.
La reducción del consumo de energía final puede alcanzarse en diversas áreas del sector público, como el transporte, los edificios públicos, la sanidad, la gestión del agua y los residuos, la calefacción y refrigeración urbana, el suministro y almacenamiento de energía, el alumbrado público, la planificación de infraestructuras, la educación y los servicios sociales. Además, los Estados miembros pueden incluir otros servicios adicionales al transponer la Directiva.
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Para facilitar el cumplimiento de estas medidas, se insta a los Estados miembros a crear plataformas digitales que recojan los datos de consumo energético de los organismos públicos, los pongan a disposición del público y los comuniquen a la Comisión Europea. Asimismo, los países deben proporcionar información anual sobre el consumo agregado de estos organismos, desglosada por sector.
El plazo para presentar la documentación ante Transición Ecológica se inicia este martes, 17 de diciembre de 2024, y concluirá el viernes 10 de enero de 2025.
