El excomisario José Manuel Villarejo.
La juez manda al banquillo a Villarejo y al exjefe de Seguridad de Iberdrola y fija una fianza de 21 millones
La eléctrica y la Administración del Estado responderán en calidad de responsables civiles subsidiarios de la fianza y las posibles indemnizaciones.
La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha enviado al banquillo de los acusados al excomisario José Manuel Villarejo y al exdirector de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo.
Asimismo, decreta la apertura de juicio oral contra la propia compañía eléctrica y contra la Administración General del Estado. Ambos, como responsables civiles subsidiarios. Es decir, deberán responder económicamente de los supuestos delitos de esta causa —pagando indemnizaciones— si el excomsiario y el exdirectivo no lo hacen.
Por el momento, la juez Tardón, que sustituye al magistrado instructor de este caso, Manuel García-Castellón, recientemente jubilado, ha exigido una fianza de casi 21 millones de euros. Deberán pagarla, en un plazo de tres días, los acusados: Asenjo, Villarejo y un socio de este último, Rafael Redondo. Ahora bien, si no lo hacen, o el posible embargo de sus bienes resulta insuficiente, Iberdrola deberá responder económicamente.
En este procedimiento, la pieza 6 del llamado caso Villarejo, la Audiencia Nacional ha investigado una decena de encargos, presuntamente ilegales, efectuado al comisario jubilado de Policía entre 2004 y 2011.
La resolución de Tardón, fechada este mismo jueves, acuerda la apertura de juicio oral por delitos de cohecho pasivo y activo, descubrimiento y revelación de secretos de particulares con difusión a terceros cometidos por funcionario público y falsedad en documento mercantil.
Ahora, será la Sala de lo Penal la encargada de juzgar estos hechos. Los acusados tendrán un plazo de diez días para presentar sus escritos de defensa.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a Asenjo de contratar al excomisario José Manuel Villarejo entre 2004 y 2011 para "obtener información sobre personas físicas y jurídicas competidoras" de Iberdrola o con las que la compañía tenía algún conflicto o pensaba que lo podría tener.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, Iberdrola pagó a Villarejo un total de 1.047.324 euros entre 2004 y 2012 por una decena de proyectos de espionaje que comenzaron con el llamado Proyecto Arrow, relacionado con los problemas que estaban surgiendo con la construcción de una central térmica de ciclo combinado que Iberdrola pretendía ejecutar en Arcos de la Frontera (Cádiz).
