El Gobierno anunció el martes un paquete de ayudas a los autónomos, entre ellas para afrontar el alquiler de sus locales. Este colectivo pudo leer el miércoles las especificaciones en el BOE, requisitos y documentación a presentar y, este jueves, Invertia trae las conclusiones de sus principales representantes.

En resumen, las ayudas al alquiler para los autónomos y pequeñas empresas pasan por poder realizar un aplazamiento temporal y poder hacer uso de la fianza para el pago de alguna o algunas mensualidades (que deberá ser repuesta en un año o antes de que finalice el contrato si es antes de doce meses). En el caso de grandes tenedores, se aplica la moratoria automática mientras dure el estado de alarma con un máximo de cuatro meses.

Tanto la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) como la Unión de Asociaciones de Trabajadores, Autónomos y Emprendedores (UATAE) aplauden la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez. Sin embargo, coinciden en la necesidad de igualar los requisitos y ayudas con los establecidos para los particulares tanto en el alquiler como en las hipotecas para, como repite una y otra vez el Gobierno, no dejar a nadie por el camino.

El director del área jurídica de ATA, Carlos Piñero, señala a Invierta que “nos parece un pequeño alivio, un pequeño paso adelante, pero insuficiente”. “Echamos de menos una línea de ayudas similar a la establecida para los alquileres de vivienda habitual”, añade.

Por su parte, la secretaria general UATAE, María José Landaburu, valora “positivamente que el Gobierno dé este paso recogiendo la enorme inquietud y preocupación en el colectivo de trabajadores autónomos, que va a dar tranquilidad a un número importante de personas que, sin ingresos o con ellos muy reducidos, tenía que hacer frente a sus obligaciones”.

Demasiado restrictivas

Cabe recordar que los autónomos necesitan justificar una caída del 75% en la facturación del mes anterior a aquel para el que se solicitan la moratoria respecto a la media del trimestre del año anterior. “Esto es prácticamente imposible en la mayoría de los casos”, denuncia Carlos Piñero.

En este sentido, ATA solicita “que se fije el porcentaje de bajada en la facturación en un 40%, que es el que ya se utiliza para determinar si un autónomo está en riesgo de exclusión social para la moratoria de la hipoteca de su vivienda habitual”.

Además, destaca Carlos Piñer, “se genera un problema a la hora de acreditar la bajada de facturación para aquellos autónomos que el año pasado estaban acogidos al sistema de módulos porque no tienen un libro de facturas emitidas para comparar si se ha producido esa caída”.

De la misma manera, María José Landaburu recuerda que “lo que hemos venido trasladando las últimas semanas era una extensión de las ayudas habilitadas para alquileres de vivienda a familias vulnerables a los casos de alquileres profesionales”.

Ambos representantes de los autónomos destacan que solo se trata de una moratoria limitada a cuatro meses como máximo.

“En función del futuro desarrollo de las fases de desconfinamiento, se presenta como necesario ampliar esos plazos porque existe la posibilidad de que algunos sectores mantengan dificultades más tiempo”, ahonda la secretaria general de UATAE.

Acuerdos propietario inquilino

Carlos Piñer advierte que esta regulación “podría haber tenido más en cuenta la posibilidad de consenso entre las partes en base al principio de autonomía de la voluntad, dado que existen otras posibles soluciones como la condonación total o parcial o la reducción puntual de la renta”. Eso sí, “analizando cada caso y en base a las circunstancias de fuerza mayor que supone el Covid-19 y el estado de alarma, además de en aplicación de la regla jurisprudencial de la ‘rebus sic stantibus’”.

Desde UATAE consideran que las medidas anunciadas no llegan “a lo que nos hubiera parecido adecuado”. Sin embargo, “valoramos que se abra esta posibilidad, ya que en caso de impago el arrendatario que haya efectuado la solicitud a su arrendador puede acreditar la buena fe ante una reclamación posterior”.

Además de la existencia de la buena fe, incide María José Landaburu, “también existe un respaldo en la norma cuyo objeto es aliviar en estos momentos los costes de aquellas actividades que están suspendidas o se han visto muy afectadas por la crisis; por lo que, cumpliendo los requisitos de vulnerabilidad establecidos, no creemos que pueda haber fallos judiciales futuros que perjudiquen a estos autónomos”.

De todas formas, parece que las reclamaciones de los autónomos están lejos de parar. Desde UATAE, expone su secretaria general, “insistiremos en el establecimiento de reducciones obligadas en la renta de los grandes tenedores y, por tanto, en la colaboración de todos para salir de esta situación lo mejor posible.

En el caso de los pequeños propietarios, concluye María José Landaburu, “consideramos que son necesarias ayudas directas para no perjudicar al arrendador, especialmente para aquellos sectores más castigados, como la hostelería, que está perdiendo meses en los que reciben ingresos mucho mayores que en otros periodos y que en muchos casos utilizan para afrontar pagos el resto del año”.