Ametic advierte de que pymes y consumidor final acabarán pagando el coste de la tasa a servicios digitales
La patronal de la industria digital Ametic ha lamentado la "acción unilateral" del Gobierno de España a la hora de aprobar una tasa a servicios digitales y ha advertido de que serán las pequeñas y medianas empresas (pymes) y el consumidor final quienes acabarán pagando el coste de la misma.
En un comunicado, la asociación incide en que la aprobación en Consejo de Ministros del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD) se produce sin que exista un consenso internacional entre países, ni a nivel europeo. "En el contexto de una economía globalizada, cualquier nuevo impuesto a las empresas debe acordarse a nivel global, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)", afirma.
En este sentido, remarca que España va a ser el primer país de la Unión Europea en aplicar una medida de este tipo, lo que, en su opinión, impactará "negativamente" en la economía española, perjudicando especialmente a las startups, pequeñas y medianas empresas y consumidores.
"La mayor parte del coste de este impuesto será soportado por las pymes que usan las plataformas digitales y por el usuario, que verá cómo se incrementan los costes de los productos y verá reducida las opciones en el canal digital", asegura.
Asimismo, agrega que todo ello también afectará negativamente tanto a la innovación como a la posición digital, situando a España "en una desventaja competitiva respecto al resto de países europeos y del mundo, tratándose en la práctica de un impuesto a la exportación".
Por otro lado, también alerta de que el Impuesto a Determinados Servicios Digitales aprobado por el Gobierno español rompe con el acuerdo internacional de gravar los beneficios y no los ingresos y generaría problemas de doble tributación.
El nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará aquellas empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros.
El Gobierno explica que, en línea con la propuesta de la Comisión Europea, se gravará el 3% de los servicios de publicidad dirigida en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario durante su actividad o la venta de metadatos.
