Tres semanas después de que los sindicatos de Amazon enviasen su primera denuncia a la Inspección del Trabajo por las escasas medidas sanitarias que estaba tomando la compañía para proteger a sus trabajadores del centro logístico de Madrid de contagios de coronavirus, el gigante sigue sin poder cerrar la investigación abierta por el Gobierno.
Las informaciones confirmadas por Invertia indican que en estos últimos dos días la empresa intenta acordar con sindicatos una acta definitiva en la que las partes dan por subsanadas las deficiencias detectadas por Trabajo y por los propios trabajadores.
Esta acta es, en principio, el documento definitivo que debe validar la Inspección del Trabajo en las próximas horas para alejar definitivamente el fantasma del cierre del mega centro distribución de San Fernando de Henares en Madrid.
Este centro de trabajo que se ha convertido en clave para la actual estructura productiva española en la que solo se permite la distribución online para productos que no son de primera necesidad.
No obstante, desde el comienzo del estado de alarma, parte de la plantilla y los propios sindicatos han advertido de que el centro no cumple con los mínimos requisitos para funcionar con garantías para que no aumenten los contagios entre sus trabajadores.
Nueva acta
Los sindicatos indican que desde el comienzo del coronavirus los contagiados superan largamente la decena y que al menos hay otros 100 en confinamiento, cerca del 10% de toda la plantilla que trabaja en San Fernando, unas 1.200 personas. La empresa no reconoce ninguna de estas cifras.
La semana del 16 de marzo, los sindicatos enviaron a la Inspección del Trabajo una denuncia para que el Gobierno interviniese. En esta línea, el 18 de marzo la Inspección remitió una advertencia formal a Amazon para que adaptara su enorme centro logístico MAD4 a los requerimientos del Ministerio de Sanidad para prevenir contagios de coronavirus en empresas.
En el requerimiento al que tuvo acceso Invertia pidió a Amazon que enviase antes del 20 de marzo el plan que estaba siguiendo para combatir el coronavirus en el megacentro de 7.000 metros cuadrados -equivalente a 11 campos de fútbol- que llega a almacenar hasta 32 millones de productos.
La empresa envió el plan y el 23 de marzo la Inspección de Trabajo se desplazó hasta el centro de distribución donde realizó una revisión de más de cinco horas. Después de ésta dio dos días para subsanar las deficiencias.
El 26 de marzo la Inspección envió un informe en el que se indicaba la "no conformidad respecto de ciertos aspectos que deben ser subsanados a la mayor brevedad y mantenidos mientras dure la actual situación de emergencia sanitaria".
Negociación final
Trabajo se refería a medidas tendentes a garantizar la distancia interpersonal de los trabajadores y a minimizar el riesgo de contacto con superficies potencialmente contaminadas. En esta nueva acta la Inspección advirtió que si no se cumplían estas nuevas advertencias se podría producir “el cierre preventivo de las instalaciones”, “la suspensión del ejercicio de actividades” así como la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.
Posteriormente, la empresa y sindicatos han vuelto a enviar informes respecto del avance de las medidas tomadas para evitar contagios, pero nuevamente se han detectados desacuerdos. En este sentido, en los últimos dos días se está intentando llegar al enésimo acuerdo para formar un acta de conformidad entre las partes que pondría fin a las discrepancias.
Este viernes debería cerrarse el acta con los últimos detalles, la que posteriormente debería ser ratificada por la autoridad laboral para finalizar el proceso de inspección y alejar defintivamente el fantasma del cierre. Aunque las fuentes consultadas indican que al momento de publicar esta información el acuerdo no se lograba.