Telefónica mira a Bruselas: la fusión O2-Liberty se decidirá en la UE y no en Reino Unido

Telefónica negocia con Liberty la integración de O2 y Virgin -sus negocios en Reino Unido- para crear el segundo mayor actor del mercado de telecomunicaciones de este país. Un gigante que nacería con una valoración cercana a los 24.000 millones de libras y que le dejaría muy cerca del liderazgo de BT, heredera del antiguo monopolio de British Telecom.

Un movimiento que ha generado suspicacias en las autoridades de competencia y en especial en Bruselas ya que implica revolucionar completamente el panorama comercial del mercado británico uniendo el negocio móvil de O2 con Liberty, que a través de su marca Virgin, aportaría su negocio residencial y sus clientes de banda ancha.

La operación se haría a partir de la valoración de cada una de las empresas cercana a los 12.000 millones de libras y la integración en una sociedad participada al 50%. En el mercado se especula con que Liberty debería además aportar unas 6.000 a 7.000 millones de libras para equiparar los balances de las dos compañías ya que Virgin cuenta con un elevado endeudamiento.

Esto sin contar la serie de implicaciones que tendría en el mercado de telecomunicaciones británico de la competencia donde se reducirían los actores a prácticamente tres: BT -que en 2016 compró el negocio de Deutshe Telekom y Orange- Vodafone y la empresa resultante de O2 y Virgin.

BT tiene actualmente 31 millones de clientes móviles y 12,2 millones de banda ancha en el hogar, mientras que la suma de O2 y Virgin tendría  37,7 millones de clientes móviles y 5,3 millones de clientes fijos. La operación de fusión además permitiría a Telefónica implantar su modelo convergente en Reino Unido y tener acceso a los más de cinco millones de hogares de Liberty.

Bruselas es competente

Es por eso que definir la jurisdicción de esta operación se antoja como la pieza clave para su eventual aprobación. Si la integración se decide en Bruselas tiene pocas esperanzas y si por el contrario se tramita a través de la autoridad la Autoridad de Mercados y Competencia (CMA) de Reino Unido, las opciones crecerían.

¿Bruselas o Londres? Unas dudas lógicas considerando que el proceso de integración se debe resolver en las próximas semanas y que debería someterse a la aprobación de las autoridades regulatorias antes de que finalice 2020. Un periodo que entra de lleno en la etapa de transición del brexit pactado entre la UE y Downing Street.

Las fuentes consultadas indican que el acuerdo de salida establece que Bruselas es competente y de hecho así lo confirman desde la Comisión Europea a Invertia. No obstante, desde otros sectores se apunta a que se podría lograr un acuerdo amistoso para que el expediente pudiese ser trasladado a la CMA, argumentando que la empresa resultante tendrá impacto en el mercado británico fuera de la UE.

Un portavoz de la Comisión Europea indica a este diario que según el acuerdo de desvinculación y durante el período de transición, la legislación de la Unión Europea sigue aplicándose al Reino Unido como si fuera un Estado miembro. Y esto incluye todas las normas de la UE relacionadas con el control de fusiones.

"El sistema de control de fusiones de la UE se aplica independientemente de la nacionalidad o país de constitución o donde se encuentra la sede de una empresa. Por lo tanto, el hecho de que Reino Unido se haya convertido en un tercer país después de su retirada no tiene un impacto en la aplicabilidad del Reglamento de Fusión de la UE (EUMR) a las empresas de Reino Unido cuando se cumplen los criterios jurisdiccionales del EUMR", según este portavoz.

Reticencias de la CE

Parece claro, aunque pocas cosas están completamente cerradas en el brexit y las negociaciones que se deben abrir para cerrar todos los flecos de la salida definitiva de Reino Unido a partir de diciembre podrían cambiar las cosas. También es probable que las partes quieran retrasar la puesta en marcha de la operación para dar tiempo a que la CMA sea totalmente competente.

Un asunto clave ya que la CE no es del todo partidaria de este tipo de operaciones. Durante los últimos cinco años la Comisión Europea a través de la comisaria de Competencia Margrethe Vestager, ha bloqueado sistemáticamente todas las operaciones de integración comunitaria y ha sido especialmente beligerante con las telecomunicaciones. 

Vestager, que desde esta legislatura es además vicepresidenta de la CE sumando a sus atribuciones el mercado digital, ha sostenido siempre que los derechos de los consumidores europeos de telecomunicaciones solo estarán resguardados bajo un amplio abanico de ofertas locales. 

La vicepresidenta es la impulsora de la teoría de que cada país debe tener al menos cuatro actores, por lo que se hace altamente improbable que aprueben una operación como la planteada por O2 que pasa por reducir a solo tres actores el mercado británico.

El mejor ejemplo es la propia O2 que en 2016 vio truncada su venta a Hutchinson tras la negativa de la UE. La propia Margrethe Vestager argumentó en ese momento que una integración se hubiese traducido en alzas de precios y menos oferta. El grupo resultante de la fusión entre O2 y Three, el operador móvil de Hutchison, hubiese liderado la telefonía móvil de Reino Unido, con una cuota de mercado del 40%.

Opinión de la CMA

“Permitir que Hutchison adquiriera O2 en las condiciones que proponía habría sido perjudicial para los consumidores de Reino Unido y para el sector de las comunicaciones móviles”, resumió Vestager.

Por el contrario, en enero de este mismo año la CMA aprobó la integración entre BT y EE, el negocio de móviles de Orange y Deutsche Telekom. Un acuerdo valorado en 12.500 millones de libras y que recibió el visto bueno de la autoridad reguladora de manera incondicional, a pesar de que grupos rivales habían manifestado su inquietud por la posibilidad de que BT monopolizara el sector de las telecomunicaciones en Reino Unido.

El responsable de la CMA a cargo de analizar el acuerdo, John Wotton, señaló que las pruebas evaluadas "no muestran que esta fusión pueda causar un daño significativo a la competencia o a los intereses de los consumidores". Dos varas de medir muy diferentes respecto del mismo mercado.