Roberto Sánchez es probablemente uno de los mayores expertos en infraestructuras digitales de la Administración pública. Encargado de coordinar el despliegue de la fibra y el 5G para que lleguen a la totalidad de los españoles y de consolidar a España como hub audiovisual mundial, logró que la Secretaría de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales fuese el departamento más prolífico en el año del coronavirus.

Con tres anteproyectos de ley y tres planes -el último se presentará a mediados de enero- ha puesto en marcha buena parte de la agenda preparada para toda la legislatura. "¿Y ahora qué queda por hacer? Básicamente asegurar que se cumplen los planes", bromea al comienzo de este encuentro con Invertia para hacer balance de 2020.

Pragmático, cauto, conciliador y midiendo muy bien cada una de sus palabras, no ha eludido ninguna pregunta y ha defendido su gestión, además de reivindicar la labor del Gobierno para crear un marco estable que permita multiplicar la inversión y aprovechar los fondos europeos que comenzarán a llegar este año. 

¿Qué balance hace de este convulso año 2020?

Cuando empezamos 2020 teníamos un plan de actuación previsto que básicamente hemos mantenido. Queríamos hacer un plan de conectividad digital, un nuevo plan de impulso al desarrollo del 5G que acababa en este año y todo el impulso al sector audiovisual y transposiciones de directivas. Cuando vino la pandemia transformamos estas ideas para adaptarlas a la nueva realidad.

La pandemia lo ha cambiado todo, en cualquier orden de cosas.

Mantenemos nuestros objetivos con tres planes y tres leyes. El Plan de Conectividad Digital, la Estrategia de Impulso al 5G y la Estrategia Audiovisual, además de las leyes de Telecomunicaciones, Audiovisual y de Ciberseguridad. Y en eso estamos. Las cosas que antes considerábamos que eran importantes ahora son urgentes, lo que nos ha modificado un poco la perspectiva y la forma en la que nos enfrentamos a los problemas, poniendo aún más si cabe el énfasis en la conectividad.

En el caso de la Ley de Telecomunicaciones, las operadoras tradicionales consideran que no se han hecho los esfuerzos suficientes por equiparar las reglas del juego con las nuevas plataformas y los gigantes digitales.

Las operadoras saben muy bien -porque ellos estuvieron también en el proceso previo- que esta Ley General de Telecomunicaciones es la transposición de la Directiva de Códigos de Comunicaciones Electrónicas con la que se inició un proceso para equilibrar las obligaciones entre distintos tipos de operadores. Sin embargo, no se completó este objetivo como ellos realmente hubiesen deseado. En el ámbito nacional lo que hemos hecho ha sido ir lo más lejos que podíamos en esta dirección con el límite fijado por la directiva europea.

En el caso de la Ley Audiovisual la sensación es la misma. Se equiparó la obligación de financiar Cine para operadores como Netflix, pero no se les obligará a pagar la tasa RTVE.

En este caso estamos en una situación similar: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una transposición de la directiva de servicios audiovisuales. En este caso, también se hizo un ejercicio de acercar lo más posible las obligaciones regulatorias entre los operadores tradicionales (televisión en lineal) y los nuevos operadores del mundo audiovisual, pero en este caso la directiva europea también se quedó un poco corta. Y nosotros en España lo que hemos hecho ha sido extender lo más posible ese equilibrio entre los distintos operadores, pero con las limitaciones que nos impone la directiva comunitaria.

Por tanto, ¿es Europa la que se ha quedado corta en su interés de igualar las condiciones entre operadores?

Al final esto es un ejercicio complejo, son directivas que siempre ha costado mucho tiempo sacar adelante y que llevan muchos años y en la que los equilibrios que se consiguen, son los que son y luego a partir de ahí los Estados miembro están mucho más limitados en este proceso.

Hablando de equiparar condiciones, ¿qué ha pasado para que Facebook anuncie una regularización fiscal en España y que Netflix decida facturar todos sus ingresos en nuestro país a partir de 2021?

Obedece a decisiones propias de las compañías que cada vez entienden más que en el nuevo mundo digital, la fiscalidad debe de orientarse a aquel lugar en el que estás produciendo, donde trabajas y donde consumes. Creo que a eso hay que sumarle las condiciones regulatorias del mercado español que lo hacen posible de una manera natural. Es esa mezcla de compromiso de las propias empresas, tomando conciencia de que la fiscalidad del mundo globalizado debe distribuirse en los lugares donde se realiza la actividad económica y las condiciones adecuadas que se dan en España.

¿Esto significa que podría venir una oleada de regularizaciones de estos gigantes digitales en España en los próximos meses?

Yo no lo llamaría regularizaciones, creo que es más bien una adaptación a la nueva realidad global.

Entonces vendrán más...

Es probable que vengan más.

¿Tiene constancia de que podrían producirse?

Yo solo puedo decir que es probable que vengan más.

Volviendo a la Ley Audiovisual, uno de los objetivos es generar un hub audiovisual. Hace unas semanas usted dijo que había negociaciones avanzadas para conseguir que grandes majors internacionales se instalasen en España. ¿En qué está ese proceso?

El que España sea un referente en el ámbito de la producción audiovisual es algo que ya es casi una realidad. Es verdad que el Plan de Impulso Audiovisual no lo hemos presentado -lo haremos a la vuelta de las navidades- pero se ha ido avanzando en muchas de las medidas con algunos decretos ley.

¿Hay avances concretos?

La realidad es que hay empresas internacionales que están estableciéndose en España porque consideran que este es un país adecuado por su normativa, fiscalidad, capacidades de la industria y todo este conjunto de pequeñas y medianas empresas que facilitan la producción de servicios audiovisuales.

La nueva legislación como el plan viene a redondear este proceso y a dar este salto hacia adelante para que España sea ese referente internacional en el que se puedan desarrollar no solo las producciones audiovisuales, sino que todo el ecosistema del sector.

Eso quiere decir que en 2021 tendremos empresas internacionales que se instalen en España con estudios propios como lo ha hecho Netflix.

Sí. Tanto es así que ya hay empresas que a lo largo de este mes de diciembre ya han decidido establecerse en España como el punto de referencia a partir del cual van a producir y dirigir sus productos a los mercados internacionales. No lo hemos hecho público porque son las propias empresas las que deben comunicar estas inversiones y despliegues que están realizando.

Sabemos que podrían ser al menos dos...

No puedo decirlo porque expresamente nos han pedido que no lo anunciemos ya que ellas se reservan -como es lógico- el derecho de anunciarlo en el momento que lo consideren adecuado. Y nosotros tenemos que ser extremadamente respetuosos con esas decisiones del sector privado.

Pasando a la Ley de Ciberseguridad, hay una gran duda y es la lista de proveedores de alto riesgo. No estará terminada antes de finales del año 2021 o comienzos de 2022. Sin embargo, los operadores deberán contratar proveedores en los próximos seis meses para comenzar los despliegues 5G. ¿Cómo garantizar que no escojan al proveedor equivocado o que luego entre en la lista de alto riesgo?

Lo que nosotros estamos siguiendo es un proceso bastante ordenado para tratar un tema tan importante como es la seguridad de las redes 5G. En especial porque sobre esas redes van a desarrollarse muchas actividades nuevas como la medicina, la movilidad y sistemas en los que la intervención humana va a desaparecer y en la que se realizarán comunicaciones máquina a máquina. Eso hace que la ciberseguridad en este caso cobre una importancia mucho más especial.

En línea con Europa...

Para ello nos hemos basado en el proceso de la Unión Europea y con la mayor armonía posible. Este no es un tema que podamos tratar individualmente cada uno de los Estados miembros, sino que debe ser armonizado. Como fruto de este proceso se definieron un conjunto de herramientas y riesgos para que implementen y consideren los Gobiernos nacionales.

¿Cuál es la labor de los operadores?

Esta Ley de Ciberseguridad adapta este conjunto de herramientas a la realidad española y en este contexto definimos que los operadores tengan que hacer sus propios análisis de riesgo, que vigilen la cadena de suministradores y que tiendan a diversificar su cadena de proveedores. A partir de ahí, el anteproyecto de ley tiene sus plazos. Lo hemos sometido ya a una audiencia pública que finaliza el 15 de enero y luego entramos en el proceso de preparación del Proyecto de Ley para que sea aprobado por el Consejo de Ministros y sea llevado al Congreso.

Los plazos siguen siendo muy largos...

Es bueno que respetemos estos plazos porque debemos dar la oportunidad para que sea discutido en todos los ámbitos y agentes. Esto nos lleva necesariamente a que la Ley como tal no estará aprobada antes del verano, porque ese será su ritmo normal. A partir de ese momento y dado que hay una disposición transitoria en la propia Ley, ya se podrán definir suministradores de distintos tipos de riesgo-alto, medio o bajo- y las consecuencias que eso pueda tener en cada momento.

Entonces, ¿podríamos tener una primera lista de proveedores de alto riesgo en septiembre?

Sí, podríamos tenerla en septiembre.

¿Y hasta entonces?

Vivimos la misma realidad que la que tenemos ahora mismo con alguna certeza más para todo el mundo, porque ya teniendo el anteproyecto de ley en marcha, damos una información sobre cómo será el futuro. Pero evidentemente hasta que no esté aprobado nadie tendrá una seguridad jurídica perfecta. En todo caso, en las condiciones de la subasta de 700 MHz ya establecemos una normativa que dice que los operadores deberán someterse a las condiciones legales de ciberseguridad vigentes y que son cambiantes con el tiempo.

Usted dijo que la subasta de 700MHz no sería onerosa, pero el precio de salida es de 1.170 millones de euros y con un objetivo recaudatorio de 2.100 millones. ¿Le sigue pareciendo que no es onerosa?

Sí, lo sigo pensando. Está por debajo del precio que se han pagado por subastas similares en 800 MHz y de 900 MHz. Y hasta donde va a llegar lo deciden los operadores. Se me preguntaba por los 2.100 millones de los Presupuestos, pero ya dijimos que este precio de salida estaría muy por debajo de esta cifra, como finalmente ha sido.

Consideramos que este es el precio de salida adecuado para una subasta que no es especialmente recaudatoria, que no tiene un fin especialmente recaudatorio. Es lo que hemos venido diciendo todo este tiempo. Es la primera vez que en nuestro país se someten las condiciones de la subasta a consulta pública, con lo cual los operadores tendrán la oportunidad de manifestar sus opiniones y sugerencias.

Pero parece imposible pensar que se rebaje el precio de salida si es que los operadores lo proponen.

Cuando hacemos una consulta pública lo hacemos en serio. Atenderemos los argumentos y los estudiaremos, no hacemos una consulta de paripé. Evidentemente, el argumento no puede ser solo decir que "es muy caro". Tendrá que ser con algo más. Los argumentos tienen que ser sólidos.

Finalmente, me gustaría que hablásemos de los fondos europeos. Tenemos 4.300 millones hasta 2025 solo en conectividad y desarrollo 5G. ¿Se sabe con cuándo dinero contará en total la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones? 

De estos 4.300 millones, de los fondos europeos llegarán 3.500 millones en los tres primeros años. De ellos, unos 2.000 corresponderían a la conectividad digital y los otros 1.500 al plan del 5G. De estos, en los presupuestos para 2021 ya hay incluidos 883 millones de euros. De esta cifra, 583 son para conectividad y 300 millones son para 5G.

Con esto nos aseguramos el 75% de cobertura 5G para 2025 y el 100% de fibra óptica.

Sí, eso es lo que dice el plan.

¿Qué otros aspectos se incluyen en los que gestionaréis como fondos europeos, además de conectividad e infraestructuras?

En esta Secretaría de Estado gestionamos tres capítulos: conectividad, 5G y audiovisual. Para el de conectividad y 5G hay 4.300 millones de euros. Luego, en el desarrollo de la estrategia digital 2025 hay tres aspectos básicos que nos quedamos. El resto del dinero se quedará en la Secretaría de Estado de Digitalización. En total, aproximadamente unos 20.000 millones de euros para todo el sector.

Una parte muy importante estos fondos estará gestionada por esta Secretaría y otra por los diferentes ministerios. Por ejemplo, los proyectos de transformación digital del Ministerio de Agricultura tendrán que realizarse desde esta cartera, con independencia de que haya una homogenización transversal de lo que son los aspectos digitales.

¿Qué estáis percibiendo en las reuniones que mantenéis con el sector privado para tratar los fondos europeos? ¿Por dónde van los proyectos, qué se busca?

Creo que este proceso de la transformación digital, de la recuperación económica, de hacer un país distinto, es un proceso que no hace la Administración en solitario y que se hace para la sociedad. Por ello es muy importante establecer grupos de trabajo en los que se puedan discutir cuáles son los mejores proyectos.

Lo que hicimos fue constituir el Consejo Consultivo para la transformación digital y a partir de ahí, con dos comisiones permanentes, tenemos un foro de interacción muy ágil con el mundo empresarial y con los agentes sociales, para construir este conjunto de proyectos a partir de unos planes básicos determinados.

Y ese es el proceso en el que estamos ahora. Pero creo que la receptividad de este foro es muy alta, porque además todos somos conscientes de que estamos construyendo este futuro. Y construir este futuro es un compromiso compartido. Esta construcción de futuro es muy positiva y lo que voy percibiendo en estas reuniones es la ilusión de querer transformar este país. Estamos en una situación complicada, pero hay esta voluntad de hacer un ejercicio compartido. Y estos foros que vamos construyendo sirven para ese objetivo.