El Gobierno continúa trabajando en el desarrollo de las distintas iniciativas que permitan una transformación digital de España centrada en las personas y en el respeto de los valores y sus derechos. Un enfoque que, lógicamente, está detrás de los distintos proyectos que tiene en marcha el Ejecutivo en torno a la inteligencia artificial (IA).
España ya presentó el pasado diciembre la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), que tiene entre sus objetivos generar un entorno de confianza en relación con la IA, tanto en el plano de su desarrollo tecnológico como en el regulatorio y en el de su impacto social.
En esta línea, el Gobierno también quiere liderar la apuesta de la Unión Europa (UE) para el despliegue de una IA inclusiva, ética y confiable. Por ello, ha propuesto que el país sea escenario de una prueba piloto en torno al nuevo reglamento sobre inteligencia artificial presentado el pasado mes de abril por la Comisión Europea.
Bruselas presentó el pasado mes de abril el borrador de su propuesta para regular los sistemas de IA con un enfoque basado en el riesgo, tanto para la seguridad como para los derechos fundamentales de los ciudadanos. Un texto que aspira a fijar los estándares internacionales en este sector, como ya hizo en materia de protección de datos, y mantener así una posición de liderazgo mundial.
Según explican fuentes de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, el Gobierno ha propuesto al Centro Común de Investigación (Joint Research Centre) de la Comisión Europea (CE) que España sea el primer país de Europa en probrar en un piloto esta regulación y está trabajando con este organismo para que esta prueba salga adelante.
La idea es que la prueba se realice a lo largo del año que viene con el objetivo de aportar mejorar al reglamento europeo, que entrará en vigor dentro de dos años, gracias a las aportaciones que puedan surgir a partir de este piloto que se realizará con las empresas del sector.
Las fuentes destacan que con esta prueba se podrá analizar hasta qué punto se puede cumplir lo recogido en el texto y contar el feedback de la industria, lo que respondería a una crítica común que se le suele hacer a la regulación europea, que es la falta de contacto de Bruselas con los actores afectados por su regulación.
En este momento se está ultimando la metodología de trabajo, que podría incluir la creación de un sandbox con los algoritmos de ciertos sectores, y para la que se barajan distintas opciones como que un organismo independiente sea el encargado de realizar esa valoración del algoritmo.
Asimismo, destacan que la propuesta de España es un planteamiento "único e innovador", ya que hasta ahora no se había realizado nada parecido con un reglamento, y se enmarca en el espíritu de la propuesta europea, que intenta no matar la industria antes de que se desarrolle.
Observatorio del impacto de los algoritmos
Esta prueba piloto inédita en Europa no es la única iniciativa en la que trabaja actualmente el Gobierno para garantizar que el uso de la inteligencia artificial se realiza de forma que se respeten en todo momento los derechos de las personas y los valores.
El Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI) acaba de poner en marcha el Observatorio sobre el Impacto Social de los Algoritmos (Obisal), que, como su propio nombre indica, tiene como meta generar un espacio de observación sobre el impacto que esta tecnología tiene en la vida de las personas.
La creación de este observatorio empieza desde cero, con el diseño de un plan de trabajo y la consulta a expertos para lograr el enfoque más completo posible. De hecho, la idea es establecer grupos de trabajo en distintos sectores, ya que los algoritmos no son iguales en unos que en otros.
El observatorio compartirá con "relativa frecuencia" informes y análisis con los hallazgos que vaya realizando, ya que una de sus metas es lanzar distintas líneas de debates y hacer participe a la sociedad de estas decisiones que afectan a su vida.
El Obisal supone un paso más para convertir el ONTSI en el "gran paraguas" de la medida del impacto del proceso de transformación digital de España. El objetivo es que el Gobierno tenga indicadores "claves" a lo largo de los años para no tener que esperar a 2025 para ver si las medidas adoptadas han funcionado o no y ser capaces de actuar lo más rápido posible para mejorar aquellas que no estén dando los frutos deseados.
Uno de los primeros pasos del Gobierno para abordar el impacto que tienen los algoritmos en la vida de las personas fue la reciente decisión de crear una comisión de expertos para el buen uso de la IA y los algoritmos en las relaciones laborales dentro de la denominada 'Ley Ryder'.
Además, esta ley contempla que la representación legal de los trabajadores deberá ser informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles.