La CNMC, abierta a autorizar el contrato de Telefónica para emitir LaLiga si constata cambios en el mercado

LaLiga acaba de adjudicar a Telefónica parte de los derechos audiovisuales para emitir los partidos de la Primera División durante un periodo de cinco años a partir de la temporada 2022-2023, un contrato por el que la operadora de telecomunicaciones pagará 520 millones de euros al año. 

Sin embargo, esta adjudicación todavía tiene una condición fundamental que cumplir: debe recibir el beneplácito de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que actualmente limita a un máximo de tres años la duración de los contratos de Telefónica para la adquisición de derechos deportivos. 

En concreto, para que el contrato entre Movistar y LaLiga se haga efectivo, la CNMC debe levantar o modificar la resolución que adoptó en 2015 para autorizar la compra de DTS (Canal+) por parte de Telefónica y que imponía una serie de condiciones a la operación, entre ellas esta relativa a los contenidos deportivos. 

"Los compromisos se pueden modificar"

Preguntado por EL ESPAÑOL-Invertia si la autoridad española de competencia está dispuesta a aceptar cambios en esa resolución para permitir el acuerdo, un portavoz de la CNMC ha recordado que el propio texto de 2015 ya contempla que "los compromisos se pueden modificar". 

En este sentido, ha añadido que esta modificación requiere una resolución por parte del Consejo de la CNMC, por lo que aún "no se puede anticipar una decisión en un sentido o en otro". Además, añade que tampoco se puede establecer una fecha exacta sobre cuándo se podría llevar a cabo este cambio.

A este respecto, ha detallado que un análisis de una eventual modificación de los compromisos que debe cumplir Telefónica requiere "valorar si se ha producido una modificación relevante en la estructura o regulación de los mercados" que son motivo de consideración.

Asimismo, también tiene que tener en cuenta si mantener de forma total o parcial de los compromisos "sigue siendo necesario para resolver los problemas de competencia" que derivan de la concentración entre Telefónica y DTS (Canal+). "La CNMC valorará que el comportamiento de Telefónica es compatible con la resolución de autorización de concentración y el cumplimiento de los compromisos", incide el portavoz.

Un nuevo mercado

Ante esta situación, la sensación del mercado es que "no tendría mucho sentido" que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se opusiera a dar el visto bueno a un contrato cuyas condiciones impone LaLiga y Telefónica se ve obligada a cumplir si quiere acceder a los derechos. 

Además, desde que se aprobará en 2015 la fusión de Telefónica y Canal+ el mercado ha cambiado. A lo obligación que tiene Telefónica de dar acceso mayorista a otros operadores a su contenido premium como el futbol, y a un precio fijado por la CNMC, se suma ahora la entrada de un actor, Dazn.

Movistar y Dazn han sido las dos empresas que se han adjudicado este lunes los derechos audiovisuales de LaLiga Santander para su emisión en el mercado residencial durante cinco años a partir de la temporada 2022/2023 por un importe total de 4.950 millones de euros.

Según la resolución del concurso, Movistar y Dazn emitirán cada una cinco partidos de cada jornada, salvo en tres de ellas, en las que todos los encuentros serán retransmitidos por Movistar.

El precio pagado, a razón de 990 millones de euros por temporada, es algo superior a los 980 millones que pagó Telefónica hace tres años. Sin embargo, la operadora señala que los 520 millones de euros que abonará al año por los lotes adquiridos suponen un ahorro de en torno al 7% en comparación con el coste por jornada actual.

De oponerse a este acuerdo, fuentes de mercado consideran que el regulador dejaría "en inferioridad de condiciones" a Telefónica respecto a Dazn, el otro adjudicatario. 

La CNMC se opuso a los cinco años

Antes de realizar el concurso, la CNMC ya recomendó que no se ampliaran los plazos de los derechos de emisión del campeonato de las tres temporadas actuales a cuatro o cinco, ya que consideraba que este incremento no estaba justificado con los argumentos esgrimidos por la LaLiga.

"Ni el contexto jurídico ni económico justifican la consideración de plazos de duración de los contratos superiores a las tres temporadas", afirmaba entonces la Comisión, que incidía en que era un período de tiempo "claramente desproporcionado" a la presunta conexión con los efectos derivados de la crisis de la Covid-19 que señalaba.

Sin embargo, LaLiga obvió esta recomendación en la publicación del pliego definitivo de condiciones para la subasta de los derechos. En concreto, defiende que la ampliación a cinco años "contribuye a una mayor estabilidad a medio plazo y crea una mayor certidumbre entre los adjudicatarios para invertir en el contenido".