El Gobierno ha decidido incrementar su posición como accionista de referencia en Indra con el objetivo de dar "estabilidad accionarial" a una compañía que califica de "estratégica" para el país por su presencia en la industria de la seguridad. Un apuesta que refuerza además el papel de Marc Murtra como presidente de la compañía en un momento clave para el sector.
El Ejecutivo, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha decidido comprar acciones de la multinacional española de tecnología y consultoría hasta alcanzar un máximo del 28% de su capital social. Esta apuesta supone incrementar en casi diez puntos porcentuales su participación actual, situada en el 18,75%.
Esta apuesta del Gobierno por Indra se produce en un momento clave para el sector de la seguridad y la defensa y su desarrollo tecnológico y tiene en cuenta que la compañía presidida por Murtra lleva a cabo un "considerable" volumen de actividades directamente relacionadas con intereses esenciales del Estado, asumiendo retos de "especial trascendencia" para España y sus aliados más cercanos.
En este campo, destaca sobre todo el papel de Indra como coordinador de la participación española en el proyecto europeo Futuro Sistema Aéreo de Combate (también conocido como FCAS por sus siglas del inglés), puesto desde el que representa los intereses de toda la industria nacional en proyecto que también cuenta con coordinadores industriales en Alemania y Francia.
Como señala el Ministerio de Hacienda y Función Pública en el comunicado en el que a anuncia la autorización del Consejo de Ministros a la SEPI para incrementar su peso en Indra, el FCAS es "un programa crítico para España en clave de soberanía, desarrollo tecnológico e industrial y creación de empleo de alta cualificación".
De hecho, está estimado que este programa generará en las próximas décadas inversiones de miles de millones de euros tanto en la fase de desarrollo, como posteriormente en la de producción. Las primeras estimaciones hablan de un potencial valor económico del programa de 300.000 millones de euros en los próximos 40 años.
La importancia de este contrato, así como de los muchos otros proyectos que tiene en marcha la compañía en el ámbito de la seguridad y la defensa, han sido claves, por tanto, para que el Gobierno haya decidido dar un paso más a la hora para incrementar su peso en la compañía.
Marc Murtra
Este mayor participación del Gobierno en Indra supone también un refuerzo del papel de Marc Murtra como presidente de la compañía, cargo al que llegó el pasado mes de mayo a propuesta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en sustitución de Fernando Abril-Martorrel.
En ese cambio en la cúpula de Indra, Murtra fue nombrado presidente no ejecutivo y se designaron dos consejeros delegados con funciones ejecutivas: Ignacio Mataix y Cristina Ruiz, que son los encargados de las divisiones de Transporte y Defensa y Minsait, respectivamente.
Además de reforzarse el papel de Murtra, la SEPI también podría aspirar a aumentar su representación en el consejo de la tecnológica de alcanzar su participación el 28%.
En la actualidad el máximo órgano de dirección de Indra cuenta con dos consejeros dominicales nombrados a propuesta de la sociedad pública: el exdiputado Antonio Cuevas y el exministro de Industria, Miguel Sebastián.
Estabilidad accionarial
Uno de los objetivos que deja claro la SEPI en su comunicado es que con el incremento de su participación en Indra busca dar "una estabilidad accionarial y un apoyo eficaz" a la compañía para que pueda llevar a cabo con éxito los compromisos asumidos.
La SEPI es con diferencia el principal accionista de Indra. La sociedad mantiene una participación estable desde mayo de 2017, fecha en la que redujo su peso en el capital social del 20,1% que poseía hasta el 18,75% como consecuencia de la compra de Tecnocom.
Pero el anuncio del Gobierno de comprar acciones de Indra no ha sido el único anuncio relevante en torno al accionariado de Indra en los últimos meses. La industrial vasca SAPA Placencia Holding alcanzó el pasado mes de diciembre un acuerdo para hacerse con el 5% de las acciones de la tecnológica de defensa de manos de Corporación Financiera Alba, el brazo inversor de los March.
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