La legislación en materia de telecomunicaciones y tecnología ha vuelto a unir una vez más a los principales partidos políticos españoles. Ley de Ciberseguridad 5G y el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones han sido aprobados este jueves en el Congreso de los Diputados con "un amplío apoyo" de las formaciones que conforman el hemiciclo.

A diferencia de lo que ha ocurrido con el decreto ley con el plan de respuesta económica a la crisis provocada por la invasión rusa de Ucrania, que ha contado con el voto en contra del PP y Esquerra Republicana, entre otros, el Gobierno sí ha logrado el voto a favor del principal partido de la oposición y de la gran mayoría de los grupos parlamentarios para estas dos leyes. 

En concreto, la Ley de Telecomunicaciones ha sido apoyada en su votación final por PSOE, PP, Unidas Podemos, Ciudadanos, Más País-Equo, Compromís, Teruel Existe, el PRC, Nueva Canarias, Coalición Canaria y Foro Asturias. Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT y Junts se han abstenido, mientras que Vox y la CUP han votado en contra.

De esta manera, sigue los pasos del texto al que viene a sustituir. En 2014, la última Ley General de Telecomunicaciones obtuvo el 95% de los votos a favor, tanto en el Congreso de los Diputados como el Senado, gracias al respaldo de PP, PSOE y CiU tras muchas negociaciones

Por su parte, la Ley de Ciberseguridad 5G, que establece los requisitos de ciberseguridad específicos para el despliegue y la explotación de las redes de quinta generación, ha contado con 312 votos a favor en su proceso de convalidación en el Congreso de los Diputados. 

Ley de Telecomunicaciones

Tras su aprobación en el Congreso de los Diputados, el Proyecto de Ley General de Telecomunicaciones será remitido al Senado para completar su tramitación. Esta iniciativa legislativa transpone a la legislación española el Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, aunque con retraso, ya que este proceso tendría que haberse completado en diciembre de 2020.

El texto introduce mejoras para facilitar el despliegue de las redes de muy alta capacidad como una regulación más flexible para los acuerdos de coinversión entre operadores; un impulso a la compartición de infraestructuras pasivas (antenas); la posibilidad de desplegar estaciones base de baja potencia (small cells) con menos cargas administrativas; y fomentar el mercado secundario del espectro radioeléctrico.

Adicionalmente, se ha incorporado la denominada Caja de Herramientas de Conectividad de la Unión Europea que permitirá, entre otras mejoras, una mayor coordinación entre administraciones al establecer un punto único de información y tramitación de permisos para el despliegue de redes.

Asimismo, por primera vez los servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la numeración deberán realizar una comunicación previa al Registro de operadores, a efectos estadísticos y censales. También tendrán que incrementar la transparencia hacia los usuarios sobre las condiciones en las que prestan sus servicios.

Además, establece un régimen de comunicación para la instalación o explotación de cables submarinos en territorio español. Además, se crea otro para los Puntos de Intercambio de Internet (IXP) y se podrá recabar información de los Centros de Proceso de Datos (CPD).

Por otro lado, incluye una reforma del servicio universal de telecomunicaciones; una ampliación de funciones del 112, con la posibilidad de crear un sistema de alertas públicas; y nuevas normas para la portabilidad y la gestión del espectro radioeléctrico, entre otras. Además, también recoge un conjunto de medidas destinadas a mejorar la transparencia de los contratos 

Ciberseguridad 5G

Por su parte, la Ley de Ciberseguridad 5G ha sido convalidada este jueves en el Congreso después de entrara en vigor el pasado 31 de marzo. El Gobierno decidió aprobar esta norma mediante Real Decreto ley, acelerando así el proyecto de ley en el que estaba trabajando ante el "incremento de los riesgos de seguridad y ciberataques" que pueden producirse en el nuevo escenario geoestratégico que ha provocado la agresión a Ucrania.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital remarca en un comunicado que esta ley permitirá establecer "un marco confiable y seguro" para incentivar el despliegue y la inversión en 5G por parte de los operadores y, al mismo tiempo, la demanda de los servicios por parte de los usuarios.

La ley incorpora al marco legal español las medidas estratégicas y técnicas de la caja de herramientas (tool box) consensuada entre los Estados Miembros de la UE. En ella, se identifican las principales amenazas y vulnerabilidades, los activos más sensibles y riesgos estratégicos en el despliegue de redes 5G.

Lo más relevante de esta normativa es la creación de un procedimiento y unos criterios para que se puedan clasificar a los suministradores de bajo, medio y alto riesgo. Los operadores de redes públicas 5G no podrán usar equipos de suministradores de alto riesgo en el núcleo o core de la red, en su sistema de gestión de red y en determinadas ubicaciones de la red de acceso. 

Esto afecta tanto a redes o elementos de red ya instalados, -si se usan para tecnología 5G-, como a las nuevas redes 5G que se instalen. Si los operadores se vieran obligados a sustituir los equipos, productos o servicios proporcionados por dichos suministradores, disponen de un plazo de cinco años para llevar a cabo la sustitución en los elementos críticos de red.