El sector de las telecomunicaciones ha sufrido este jueves un inesperado revés al conocer la petición de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Juliane Kokott, de que se revise el fallo que anulaba el veto de la Comisión Europea (CE) a la venta de O2 UK, la filial de Telefónica a Reino Unido, a Hutchison, propietaria de su rival Three. 

Una decisión que los expertos prevén tenga consecuencias negativas para la industria europea de las telecomunicaciones, ya que probablemente dificultará la consolidación que tanto tiempo lleva reclamando el sector para acabar con el alto volumen de competencia que ha lastrado sus cuentas en los últimos años.

Aunque la opinión de la abogada general no es vinculante y no entra a valorar realmente el impacto de la operación, los analistas consideran que supone un respaldo a las posturas defendidas en los últimos años por la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, a la hora de evaluar las distintas operaciones de concentración. 

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Este anuncio llega además en un momento en el que el sector está muy pendiente de la decisión que tome Bruselas sobre la fusión anunciada de las actividades en España de Orange y MásMóvil. Se trata de la mayor operación en el mercado de las telecomunicaciones del Viejo Continente en los últimos años y su desenlace será clave para futuras concentraciones.

No obstante, fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia creen que el dictamen de la abogada general no condicionará la operación de Orange y MásMóvil, ya que ambas compañías están convencidas de que existen numerosos argumentos que descartan un impacto negativo de la operación en la competencia. 

Impacto negativo

La agencia de calificación crediticia Moody's considera que la posición de la abogada general es negativa para el sector europeo de las telecomunicaciones. Considera que su visión sobre la exigencia de pruebas está en línea con la postura que sostuvo la CE al bloquear la fusión de O2 y Three y podría hacer que Bruselas mantenga este mismo enfoque en el futuro a la hora de valorar operaciones de concentración. 

En declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia, Carlos Winzer, vicepresidente de Moody’s, detalla que, de confirmar el TJUE la visión de la abogada general, es probable adopte sus decisiones con el objetivo de tratar de salvaguardar tres aspectos: competencia en el precio de los servicios de telecomunicaciones, competencia en infraestructuras e impulso a la innovación.

Tribunal de Justicia de la UE, en Luxemburgo.

"Esas tres aspectos están en el mandato de la Comisión en materia de Competencia y cualquier operación que se presente y que pueda alterar esto la CE la va a mirar con lupa y va a conllevar remedios o condiciones", incide Winzer, quien no descarta que se mantenga la fragmentación de la industria y un alto nivel de competencia.

En este contexto, Moody's, que recuerda la falta de consolidación ha sido una de las razones de la intensa competencia y del lento crecimiento de los ingresos del sector en la última década, cree que los operadores podrían enfocarse en transacciones alternativas como la segregación de sus redes de telefonía fija o la venta de torres.

Jens Peter Schmidt, socio de la firma de abogados Noerr, señala a Reuters que el dictamen de la abogada general es una buena noticia para la CE. En su opinión, si el TJUE respalda la visión de Kokott, Bruselas recuperaría un mayor margen de decisión en fusiones complejas y sería más difícil que mercados consolidados logren el visto bueno de competencia a una mayor concentración. 

Desde ETNO, la patronal de las empresas de telecomunicaciones europeas, confían en que la decisión final que adopte el TJUE tenga en cuenta la importancia que tiene la consolidación del sector "para asegurar inversiones de alta calidad en 5G y fibra, al tiempo que brinda la seguridad jurídica que necesita con urgencia".

Nueva anulación

Pese esta visión negativa sobre el impacto que puede tener el anuncio de este jueves, fuentes legales cercanas al sector de las telecomunicaciones inciden en que la abogada no emite valoración alguna sobre los méritos de la consolidación del sector, sino que se centra en el estándar de prueba aplicable para los casos de fusión.

De hecho, recuerdan que el Tribunal General consideró que la evaluación de las pruebas por parte de la CE presentaba deficiencias en múltiples aspectos. "Los hechos siguen siendo los mismos y las conclusiones fácticas del Tribunal General no han sido (ni podrían serlo) recurridas por la Comisión", subrayan. 

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"Por lo tanto, es de esperar que la decisión de la Comisión de 2016 sea anulada nuevamente en cualquier futura revisión por parte del Tribunal General", aseguran las fuentes.

Asimismo, recuerdan que el dictamen de la abogada general es una opinión y no la decisión final del TJUE, que no está obligado a respetar este dictamen en su fallo. Además, añaden que si el TJUE decide devolver el caso a Tribunal General esto no equivale a que se vaya a respaldar la decisión que adoptó Bruselas sobre la operación. 

Fusión Orange-MásMóvil

El golpe que la abogada general del TJUE ha asestado con esta decisión a la consolidación en el sector de las telecomunicaciones europeo llega en un momento en el que el expendiente de la fusión de las actividades en España de Orange y MásMóvil acaba de empezar a ser revisado por las autoridades europeas de competencia.

Sin embargo, las fuentes del sector consultadas por este periódico consideran que el dictamen de la abogada general no condiciona en absoluto la operación de Orange y MásMóvil, ya que se trata de una opinión sobre una operación concreta en un mercado completamente distinto.

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Desde que anunciarán su fusión, las dos operadoras españolas han defendido en todo momento que la unión de sus negocios en España no solo no perjudica la competencia en el sector, sino que podría ayudar a impulsarla, por ejemplo en ámbitos como el de las infraestructuras o el negocio de empresas. 

Además, las fuentes inciden en que no se puede comparar el mercado español con inglés ni la situación que atravesaba en 2016 con el escenario actual. "Hay que encuadrar cualquier decisión dentro de las especificaciones de cada mercado", inciden.

Por ejemplo, recuerdan que en España existen 32 operadores móviles virtuales (OMVs), de los que 18 tiene más de 50.000 clientes, "algo que no pasa en ningún mercado europeo". Además, añaden que 2022 está siendo un año marcado por tensiones geopolíticas y una alta inflación y que en la CE se han dado cuenta de la importancia de unas redes robustas en las que, además, abogan por no usar proveedores chinos.

Pese a que descartan que tenga un impacto en la operación en marcha en España, sí admiten que una resolución de la abogada general en línea con lo que había dictado el Tribunal General y contraria a las tesis de la Comisión Europea hubiera sido positivo para la operación. "Una postura positiva ayuda, una negativa no tiene por qué perjudicar más", inciden.