El Ministerio de Consumo solicitará la acción de cesación contra al menos 17 aerolíneas por una "serie de incumplimientos" en la información que estas ofrecen a los viajeros sobre sus derechos ante la cancelación de vuelos evitando ofrecer reembolsos.

En concreto, Consumo ha detectado que estas compañías están desarrollando una "práctica comercial desleal" al omitir información sobre el derecho al reembolso en un plazo de siete días al que obliga la normativa comunitaria europea y la Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios.

Las 17 aerolíneas denunciadas por el Ministerio de Consumo son: Air Europa, Air France, Binter Canarias, EasyJet, Eurowings, Iberia (Iberia Express y Air Nostrum), Jet 2, KLM, Latam Airlines, Lufthansa, Ryanair, Scandinavian Airlines (SAS), Transavia, Thomson Airways (TUI), United Airlines, Volotea y Wizzair.

Consumo recurre a esta vía que la Ley contempla para proteger a los usuarios y con la que se recurre a la justicia para que cese esta práctica comercial de determinadas aerolíneas ahora y en el futuro.

El Ministerio también solicita que sean declarados nulos todos los contratos por los que los viajeros hayan aceptado un bono sustitutorio del reembolso si este se ha adquirido mediante un consentimiento viciado. Es decir, cuando la compañía aérea no haya informado de este derecho al usuario y haya ofrecido el bono como única opción.

La interposición de acción de cesación ha sido debatida este lunes entre el Ministerio y las comunidades autónomas, toda vez que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, ya remitió una comunicación a las compañías semanas atrás para que terminasen con esta actividad.

Obligatoridad

La normativa europea establece que, ante la cancelación de un vuelo, las aerolíneas deberán ofrecer a los viajeros el reembolso de su dinero en un plazo de siete días; la conducción hasta el destino final lo más rápido posible, o la conducción hasta el destino en una fecha que convenga al viajero.

La Comisión Europea permite a las aerolíneas emitir bonos como alternativa "atractiva y fiable" al reembolso del dinero, pero señala el carácter voluntario de la aceptación del bono por parte del pasajero o viajero.

En caso de no ser aceptado por el cliente, la compañía aérea debe efectuar el reembolso del importe total del billete en un plazo de siete días a partir de la solicitud del pasajero.

En concreto, el reembolso en forma de bono solo es posible con el acuerdo del pasajero, tal y como figura en el Reglamento europeo donde se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o retraso de los vuelos.

Por ello, en el caso de que el pasajero haya aceptado el bono sin que la compañía le haya ofrecido claramente la opción del reembolso como alternativa, ese consentimiento se considerará viciado, por no contar con toda la información relevante. En tal caso, el consumidor seguirá manteniendo su derecho al reembolso.

Ante la actual pandemia causada por la Covid-19 y dadas las restricciones de movilidad de la población, Garzón remitió una comunicación a las aerolíneas para recordarles sus obligaciones, según la recomendación de la Comisión Europea del 13 de mayo. En ella, la CE remarcó las condiciones para la emisión de los bonos por parte de las compañías aéreas como alternativa al reembolso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados en el contexto de la pandemia de coronavirus.

El pasado 14 de mayo, los comisarios de Justicia, Didier Reynders, y de Transporte, Andina Valean, enviaron una carta a España para avisar de que ven "problemas" en el modo en que la legislación nacional protege los derechos de los pasajeros a quienes se ha cancelado un vuelo durante la crisis del coronavirus, por lo que estudiarían iniciar un expediente sancionador si el Gobierno no toma medidas.

La institución europea dio a los países hasta el 28 de mayo para que emitieran aclaraciones antes de valorar si procedía incoar un procedimiento. El pasado viernes, el Ministerio de Consumo señaló que se ha posicionado "garante de los derechos de los consumidores", frente a otros países que "van a defender la flexibilización".