España debería exigir a los viajeros procedentes de regiones europeas de alto riesgo de contagio de la Covid-19 (con una incidencia acumulada de más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días) no sólo una prueba PCR negativa, como ya hace desde el pasado diciembre, sino también una cuarentena de entre 10 y 14 días. Así se recoge en una recomendación sobre restricciones al libre movimiento de personas aprobada este lunes por los países de la UE.
Estas zonas de alta incidencia se colorearán a partir de ahora de 'rojo oscuro' en el mapa de semáforo Covid que publica semanalmente el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). La nueva categoría se añade a las que ya existían de verde, naranja, rojo y gris.
La duración de la cuarentena para los viajeros podrá acortarse si presentan otra prueba PCR negativa a partir del quinto día. Además, la UE recomienda para las regiones con más de 500 casos de incidencia acumulada adoptar o mantener medidas restrictivas, aumentar la capacidad de rastreo y reforzar la secuenciación genética con el fin de identificar y hacer seguimiento de las nuevas cepas de la Covid.
La recomendación tiene como objetivo precisamente frenar la expansión de las nuevas variantes altamente contagiosas del virus (británica, sudafricana o brasileña). Los Gobiernos europeos desaconsejan todos los viajes no esenciales, en particular a las zonas 'rojo oscuro', situación en la que se encuentran ahora mismo la mayoría de las comunidades autónomas españolas.
Al mismo tiempo, quieren evitar un cierre total de fronteras y suspensión de vuelos como el ocurrido en marzo cuando estalló la pandemia; y evitar también que la libre circulación de mercancías y servicios se vea perturbada.
Las personas que viven en regiones fronterizas y cruzan la frontera diariamente o de forma frecuente, por ejemplo para trabajar, estudiar o por razones familiares, quedan exentas en principio de la obligación de cuarentena. Sí que se les podrá exigir una prueba PCR, pero con una frecuencia que sea "proporcionada".
A los transportistas no se les debe exigir de forma general hacerse el test. En el caso de que algún Estado miembro rechace considerarles una excepción, la directriz es utilizar una prueba rápida de antígenos.
La recomendación aprobada este lunes no es jurídicamente vinculante. Cada Estado miembro seguirá siendo responsable de adoptar las medidas que considere adecuadas para la gestión de sus fronteras. El objetivo último es facilitar la coordinación de las restricciones y limitar en la medida de lo posible las decisiones unilaterales por parte de los Gobiernos europeos.
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