El frente judicial que se ha abierto para Aena por la batalla que mantiene con sus inquilinos por el alquiler de los locales de los aeropuertos se ha tornado en contra de la compañía.

Según varias sentencias a las que ha tenido acceso este periódico, los retailers ya han conseguido nueve resoluciones judiciales que estiman sus peticiones de suspender de manera cautelar las obligaciones de pago de la Renta Mínima Garantizada Anual (RMGA) de 2020 o de no ejecutar los avales de sus propietarios.

Aena también ha conseguido el apoyo de algunos jueces, pero de momento, va perdiendo esta batalla que se perfila como muy larga. La empresa que preside Maurici Lucena acumula solo siete resoluciones favorables.

Un resultado que está sirviendo a los retailers como argumento en las posiciones que mantienen frente a la compañía para rebajar los pagos que tienen pendientes del pasado año, en el que el tráfico disminuyó un 73%, así como el precio de los locales para los próximos meses.

Estos datos suponen un revés para el gestor aeroportuario, que el pasado 24 de febrero afirmó que la Justicia le había dado la razón en seis resoluciones y solo dos juzgados habían estimado las demandas de los locales. En poco tiempo, la balanza ha cambiado y ahora Aena afronta un camino judicial más difícil que el que se anticipaba hace solo unas semanas.

Fuentes de Aena recalcan que “el juez tiene que citar en los próximos días a Aena, ya que las sentencias se han dictado por inaudita parte, es decir, sin escuchar nuestra parte”. 

La compañía está a la espera de conocer en las próximas semanas al menos otra decena de resoluciones judiciales por demandas planteadas por los retailers para pedir medidas cautelares.

Además, según fuentes jurídicas, hay empresas afectadas que hasta ahora no habían llevado a la vía judicial este conflicto que estudian pleitear en los juzgados a la vista de que tienen posibilidades de salir airosas.

Grandes operadores

De los 123 arrendatarios con los que Aena trabaja en 46 aeropuertos, más del 56% han aceptado, de momento, sus condiciones. Estos representan solo el 13% en términos de facturación. Pero el verdadero problema lo tiene con los cinco grandes operadores, que suponen el 90% de la facturación. Entre ellos destacan Áreas, SPP o Dufry, los mismos que están detrás de estos procesos. 

En algunos casos, las cuantías por las que pleitean los inquilinos alcanzan los 111 millones de euros (como es el caso de Áreas) o los 44 millones de euros de SPP, según fuentes conocedoras del proceso.

En el auto concreto de SPP, Aena se defiende y alega que el juez no tiene en cuenta la media del 60% de descuento aplicado a las rentas de este operador, que reducirían de 44 millones a 17 millones esa cuantía e, incluso, a 9 millones si se tienen en cuenta los 8 millones de variables, según el gestor.

La cifra podría aumentar si Dufry, la propietaria de los duty free en los aeropuertos, decide acudir a los tribunales. De momento, la multinacional está negociando con el gestor aeroportuario y declinan realizar declaraciones sobre las negociaciones en curso. 

Los jueces están dictando cautelares que dejan claro que mientras no se resuelva el fondo de la cuestión de este conflicto, Aena no puede cobrar el dinero que tiene pendiente del pasado año. La empresa se juega en estos cobros unos 600 millones de euros, de acuerdo con estimaciones que maneja el sector.

El problema no es solo esa cuantía, que representa el daño sufrido en 2020, sino que el tráfico de pasajeros no se ha recuperado por la pandemia y 2021 sigue siendo un año difícil para los aeropuertos con una caída del tráfico que supera el 80%. Esto implica menos viajeros por las terminales y menos negocio para las tiendas que hace todavía un año seguían llenas de pasajeros.

Posición inamovible

Hasta ahora, las rebajas que ha planteado Aena a los operadores han sido consideradas como insuficientes por la mayoría de los inquilinos. Sin embargo, de momento el grupo que preside Lucena permanece inamovible, aunque aseguran que negociarán hasta el último momento para convencer al resto de retailers. 

Cabe recordar que la propuesta, por periodos, recoge una reducción del 100% en la RMGA del período comprendido entre el 15 de marzo y el 20 de junio de 2020 y un descuento del 50% desde el 21 de junio de 2020 hasta el 8 de septiembre de 2021. Propuesta que es “inamovible”, según Lucena. 

En 2020, por tanto, el descuento ronda el 60%. Además, si las superficies se cierran por decisión operativa de Aena, el descuento es de hasta el 100%. Hasta la fecha, han aceptado esta propuesta un 56,2% del total de los clientes.  

En caso de que todos aceptaran la oferta de Aena, esto representaría 800 millones de euros entre 2020 y 2021 que Aena renunciaría a cobrar a estas empresas. Un sacrificio que asume el gestor tras registrar unas pérdidas que ascienden a 126,8 millones de euros en 2020. 

Quiebras

La situación de algunas de estas empresas, en especial las de tamaño mediano y pequeño, es desesperada. De hecho, algunas se plantean presentar concurso de acreedores si no se desatasca el conflicto. Otros siguen trabajando por formar una asociación de afectados por esta crisis del tráfico en las terminales para tener más peso frente a Aena.

Ante escenario, Hostelería de España, Marcas de Restauración y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT llegaron a mandar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresando su preocupación y malestar por la “situación extremadamente grave” que sufren las empresas y trabajadores.

Según sus estimaciones, existe un riesgo real para la viabilidad de la mayoría de estas empresas a muy corto plazo y, en consecuencia, peligra la continuidad de más de 12.000 empleos. En la actualidad, a causa de la pandemia, un 75% de estos empleos está en situación de ERTE.

Y en el plano político, ERC ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para conseguir una rebaja del alquiler de los locales comerciales de una manera proporcional a la caída del tráfico de pasajeros de sus aeropuertos.

Mientras, Aena afirma defender los intereses de sus accionistas y se ampara en el Real Decreto- ley 35/2020, del pasado 22 de diciembre, en el que el Gobierno incorporó medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en el que se incluía que los grandes tenedores de inmuebles deben aplicar una rebaja del 50% en los alquileres mientras dure el estado de alarma.