Nuevo capítulo en el conflicto que protagonizan Aena y los propietarios de los locales de restauración de los aeropuertos. Más de la mitad de los establecimientos se han negado a aceptar la rebaja del 50% del alquiler ofrecida por el gestor aeroportuario para paliar los efectos de la crisis del Covid. Ante esta situación, Aena lanza más medidas para evitar llegar a juicio. 

Sobre la mesa se han puesto medidas como “favorecer la entrada de nuevas marcas, ampliar los plazos de pago, posponer las inversiones previstas y poner facilidades de pago”, según detallan a Invertia fuentes de Aena. 

El objetivo es convencer al 60% de los operadores que todavía no ha aceptado la propuesta inicial. ¿En qué consistía? En rebajar el precio del alquiler un 60% en 2020 y otro 50% hasta que acabe el actual estado de alarma, al que se añadirían cuatro meses más (hasta el 8 de septiembre). 

Unas condiciones que buena parte de los propietarios veían "injustas". Del 60% que no han aceptado la primera propuesta, el 51% (entre los que se incluyen los más grandes como Dufry, Áreas o SSP) la han rechazado y el 9% han pedido más tiempo al haberles llegado tarde. 

En total, de los 800 contratos existentes entre Aena y operadores, solo un 40% de los propietarios ha aceptado, según ha podido saber Invertia. 

Un mes de plazo 

Los operadores que ya han dado luz verde al acuerdo tendrán un mes -a contar desde el 2 de febrero- para que realicen el primer pago de las facturas que Aena ya está enviando. Sin embargo, y ante el rechazo de al menos la mitad de los operadores, superado dicho plazo Aena deberá cobrar el 100% del alquiler a aquellos que no acepten la rebaja actual. 

No obstante, se espera que algunas de las partes muevan ficha antes para desatascar la situación que va camino de enquistarse y judicializarle; algo que Aena quiere evitar a toda costa. De hecho, más de una treintena de empresas se asociaron para rechazar esa oferta a través de un abogado común. 

El gestor sigue repitiendo que “se está negociando de buena fe para que los operadores mantengan servicios en los aeropuertos”. “Estamos hablando con ellos para poder hacer viables sus negocios”, aseguran, a la vez que piden “comprensión” ya que el gestor también está padeciendo la caída de ingresos comerciales tras el desplome del 73% del tráfico aéreo en 2020. 

Evitar juicios

El objetivo de Aena es evitar a toda costa cualquier proceso judicial que hayan emprendido o vayan a emprender contra el gestor aeroportuario los propietarios de los locales afectados. “La empresa no quiere judicializar esta situación, por eso estamos ofreciendo más ventajas”, señalan a Invertia.  

Cabe recordar que ya en la carta enviada a los operadores a mediados de enero, Aena incluía una cláusula por la que aquellos que aceptaran las condiciones (rebaja del 50% del alquiler) deberían renunciar a acudir a los tribunales por asuntos relacionados con las rentas de la Covid-19.

Pero la batalla judicial ya ha arrancado. El pasado 14 de enero, una de las empresas que ha solicitado cautelares en Ibiza, Zea Retail, logró que un juzgado estimara su solicitud de medidas cautelares para suspender la obligación de pago de la renta mínima garantizada anual correspondiente a 2020 y subsiguientes hasta que termine el procedimiento judicial.

En otro auto del juzgado de primera instancia número 5 de Palma de Mallorca, el juez ha desestimado la suspensión de esas obligaciones de pago, pero ha aceptado otra cautelar para que los propietarios de esas empresas arrendatarias no tengan que responder con la ejecución de sus avales en caso de no abonar esos pagos.