En el proceso de concesión del polémico rescate a Plus Ultra hay varios informes que alertaron a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de algunos riesgos sobre la aerolínea que esta ya ha tratado de resolver para allanar el camino que inició en septiembre de 2020 con el único objetivo de conseguir la ayuda pública de 53 millones por parte del Gobierno (ahora paralizado de forma cautelar por un juzgado).
Entre estos riesgos, se encontraban sus deudas con la Seguridad Social. En concreto, Deloitte advertía en un informe de que Plus Ultra adeudaba cuotas a la Seguridad Social. Reconoce que se les había proporcionado una resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social (TSSS) de fecha 5 de octubre de 2020 por la que se concedía un aplazamiento en el pago de la deuda contraída por la compañía.
A pesar de este aplazamiento, Plus Ultra decidió corregir rápidamente esta situación aportando al asesor legal de la SEPI un certificado que constataba -a fecha del 24 de febrero de 2021- que ya estaba al corriente de pago con la Seguridad Social por el aplazamiento de cuotas relativas a los meses de noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021, según se detalla en el informe al que ha tenido acceso Invertia. Un paso más para estar al corriente de pagos y facilitar la concesión de la ayuda pública.
Asimismo, esta misma semana Plus Ultra ha llevado a cabo una maniobra para equilibrar cuentas. La aerolínea ha reducido capital en 4 millones de euros con el fin de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto disminuido como consecuencia de las pérdidas acumuladas a lo largo de los años, incluidas las de 2020 (cerró con números rojos de 2,7 millones). Otra maniobra para sortear la causa de disolución.
En este sentido, Deloitte también advirtió de que la compañía estuvo al borde de la quiebra y que solo se salvaba por un préstamo participativo de la sociedad panameña Panacorp de 6,3 millones de euros. Dicho préstamo computó como patrimonio neto a efectos de reducción de capital y liquidación de sociedades.
Un préstamo que, en opinión del jefe de la delegación de Ciudadanos en Bruselas, Luis Garicano, es “simulado” porque 4.046.000 euros están bloqueados en Panamá. Por lo tanto, en el caso de que fuese necesario disponer de ese dinero para pagar a otros acreedores de la compañía, sería misión imposible para un juez español embargarlos, ya que están en una cuenta bloqueada en un paraíso fiscal.
Riesgos no corregidos
El informe de Deloitte al que ha tenido acceso Invertia afea el hecho de que la compañía no cuente con un plan de igualdad (obligatorio para aquellas empresas que superen los 150 empleados). Y Plus Ultra debería tenerlo porque cuenta con 354 trabajadores en plantilla.
Se le dio un plazo máximo hasta el 7 de marzo de este año para poner en marcha un plan de igualdad que incluyera una auditoría retributiva, pero Plus Ultra no presentó ningún plan; un incumplimiento que podría provocar sanciones que van desde los 6.251 y los 187.515 euros.
Ante esta posible multa, la consultora reconoce que la aerolínea ha informado de que ha encargado dicho informe a un tercero. No obstante, no se tiene constancia de que se haya puesto en marcha.
Por otro lado, en su informe Deloitte pone en duda la remuneración del director general y también consejero Rodolfo José Reyes Rojas, del cual Plus Ultra mantenía exclusivamente su sueldo (150.000 euros) como consejero. Cifra que dijo que rebajaría un 45%. Algo que la consultora cuestiona pues la aerolínea no facilitó documentación que lo acreditara.
Asimismo, la compañía considera deducible la totalidad de la remuneración satisfecha al director general. Conforme a las conclusiones del equipo laboral, "la relación mercantil de esta persona absorbería su relación laboral y, por tanto, su remuneración debería cumplir con los requisitos mercantiles", reza el documento de Deloitte.
Frente judicial
En definitiva, los riesgos con el rescate de Plus Ultra son altos y, de momento, la aerolínea ha corregido algunos de sus problemas. Pero su frente más inmediato está en los juzgados. El jueves, una jueza de Madrid suspendió de forma cautelar la entrega a la compañía aérea de 34 millones (el préstamo participativo del rescate).
Para la instructora del caso, la existencia de la investigación abierta por un presunto delito de malversación de fondos públicos "justifica la suspensión de la entrega prevista para el día 28 de julio".
La aerolínea tiene un plazo de cinco días para acreditar la necesidad de entrega del préstamo para el pago de acreedores. Y aseguró a este medio que justificará la necesidad del rescate en el plazo establecido.
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