El 20 de agosto de 2008, un avión de Spanair sufrió un accidente que provocó la muerte de 154 personas y 18 heridos en Barajas. Se trata de la última gran catástrofe aérea ocurrida en España ocasionada por una cadena de errores que todavía arrastra muchos interrogantes y heridas por cerrar. Ahora, 13 años después parece que se abre la puerta a evitar este tipo de accidentes a pesar de la resistencia de algunas formaciones políticas como el PSOE. 

La clave está en el dictamen aprobado el pasado 22 abril por la Comisión de Investigación del accidente JK5022 de Spanair (aprobado en mayo también por el Congreso de los Diputados). 

Además de las conclusiones a las que se llegaron, también se estableció la puesta en marcha la creación de un órgano multimodal de investigación y prevención de accidentes con víctimas múltiples. Estamos hablando de una reivindicación de hace años y del primer gran paso para evitar una nueva catástrofe aérea, pero también ferroviaria o marítima. 

Fruto de ello, el Gobierno trabaja en un anteproyecto de ley para dar forma a este órgano de investigación. Un borrador al que han tenido acceso las principales asociaciones del sector aéreo que han pedido una revisión completa ya que no incluye algunos elementos necesarios para garantizar su buen funcionamiento. 

Independencia política

“Debe ser útil, independiente, técnico profesional”, señala Carlos San José, decano del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac), quien reclama independencia política y la contratación de personal especializado en esta materia que sustituya a funcionarios con pocos conocimientos (como incluye el texto del anteproyecto). 

“El dictamen es el primer gran paso, pero se necesitan otros para cambiar la forma de gestionar accidentes”, señala. ¿Por qué? Porque en España todavía se depende de una comisión de investigación que, en opinión de los expertos, está anclada en los años 50. “Falta cultura de seguridad preventiva”, asegura el decano de Copac. Es decir, lo fundamental es adelantarse a los accidentes para prevenirlos. 

Además, sobre la mesa hay otras recomendaciones del dictamen como que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana elabore un informe que recoja las diversas acciones preventivas y correctivas que han sido llevadas a cabo por parte de las instituciones públicas involucradas en la seguridad aeronáutica después de ocurrido el siniestro el 20 de agosto de 2008.

También se reclama que se revisen los protocolos de asistencia sanitaria o de administraciones autonómicas y locales, compañías aéreas, Protección Civil y Aena, además de realizar simulacros para garantizar la seguridad en accidentes aéreos.

13 años después

A pesar de este primer paso, 13 años después resulta curioso a la par que alarmante que nada haya cambiado en cuestión de seguridad aérea en nuestro país. En este sentido, es casi imposible no hacerse varias preguntas como cuáles son los motivos que han llevado a los diferentes Gobierno a no tomar decisiones en favor de los pasajeros, qué intereses hay detrás o si es algo común en el resto de países. 

Para la última pregunta la respuesta es sencilla: no es lo normal. Cabe recordar que el atentado de las Torres Gemelas ocurrido el 11 de septiembre de 2001 en EEUU marcó un antes y un después en la seguridad aérea de EEUU, pero también del resto del mundo. La seguridad en aerolíneas y aeropuertos no volvió a ser igual.

Entonces, ¿por qué en España no se legisla para evitar accidentes como el de Spanair? Pues el principal motivo está en la resistencia política y, por supuesto, en la falta de unión política ante estas tragedias.

Algo que se ha visto claramente en el mes de mayo, en el Congreso de los Diputados, cuando se aprobaron las conclusiones y las recomendaciones de la comisión de investigación sobre el accidente del vuelo JK5022 de Spanair. Se dio luz verde con 219 votos a favor, 121 en contra y seis abstenciones.

El PSOE -partido que gobernaba en el momento del accidente- votó en bloque en contra del dictamen porque consideró que algunos puntos de este suponen una “grave vulneración de la ley”. Pero con los votos positivos del PP, Vox y Unidas Podemos, el Pleno rechazó el voto particular del PSOE al dictamen. 

Retrasos "por razones desconocidas"

Esta resistencia aparece incluso en la elaboración del propio anteproyecto para la creación del nuevo órgano de investigación que “por razones desconocidas se está retrasando”, aseguran fuentes del sector a Invertia. “Existe una gran resistencia al cambio, pero el dictamen es completo y adecuado”, señalan. 

Pero este problema viene de mucho antes. Hasta en tres ocasiones se ha aprobado la constitución de la comisión de investigación solicitada por la Asociación de Víctimas del Vuelo JK5022.

Ello se debió a la disolución de las Cortes y la convocatoria en varias ocasiones de elecciones generales. Entremedias, PSOE, Ciudadanos y PP han mostrado opiniones distintas acerca de la necesidad o no de una comisión para depurar responsabilidades civiles, pero también políticas. 

En definitiva, 13 años después no ha cambiado nada en España en materia de seguridad aérea tras el accidente de Spanair. Sin embargo, y a diferencia de cada 20 de agosto que pasa, en esta ocasión hay una pequeña esperanza ante la llegada de un anteproyecto de ley que pueda mejorar la seguridad para evitar catástrofes aéreas. El tiempo y la voluntad política serán quienes determinen cuando dar el paso finalmente.