El 7 de junio de 2022, el Consejo de Ministros autorizó la concesión de un nuevo préstamo por un importe de 200 millones de euros destinados a la aerolínea Volotea. Un rescate que llegó con muchas condiciones impuestas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y cuya devolución, pactada hasta 2029, requiere que la aerolínea vuelva a ser rentable y dé la vuelta a la difícil situación económica en la que se ha quedado tras la pandemia.
En concreto, a 31 de diciembre de 2021, el fondo de maniobra de la compañía, alcanzó una cifra negativa de 211,3 millones de euros. Si se excluye el impacto de los billetes anticipados y no volados, el fondo de maniobra es negativo por 182,6 millones de euros.
Ese mismo año, la aerolínea registró unos números rojos de 77,93 millones de euros, inferiores a los de 2020 (122 millones), según se desprende de sus cuentas depositadas en el Registro Mercantil recientemente. Su facturación es lo único que mejora: sus ventas ascendieron a 302,4 millones de euros, siendo un 56,8% más que en 2020.
Consciente del impacto que la pandemia estaba teniendo en su negocio, la compañía está llevando a cabo desde 2020 una profunda reestructuración de su flota de aeronaves.
El objetivo es adaptarla a las nuevas condiciones de mercado, mantener su capacidad de crecimiento e incrementar la eficiencia de sus operaciones y la rentabilidad actual y futura de su modelo de negocio.
Entre las medidas que ya ha puesto en marcha, destacan los acuerdos alcanzados con arrendadores de aviones para aplazar o cancelar las incorporaciones de aeronaves adicionales para su flota previstas en el ejercicio 2020. Un ejemplo de ello son los acuerdos con Boeing.
La aerolínea retiró anticipadamente sus catorce Boeing 717 y se estableció que fueran sustituidos por entre 15 y 19 Airbus A320. El coste de reestructurar la flota del grupo y de migrar a una basada en el Airbus ascendió en el ejercicio 2020 a 32 millones de euros. En 2021, continuó con estas operaciones.
Dichos acuerdos han permitido al grupo reducir el coste medio de la flota, lo que estiman que permitirá obtener mayores márgenes operacionales una vez se recuperen las condiciones normales del mercado. En este sentido, los administradores de la sociedad han proyectado una mejora de la rentabilidad que se consolidará en el ejercicio 2023, una vez superados los efectos de la crisis causada por la Covid-19.
Asimismo, Volotea también llevó a cabo acuerdos con proveedores para el diferimiento y extensión de pagos de servicios, renegociación de contratos de suministros para adecuarlos a las nuevas necesidades y paralización o reducción significativa de actividades no esenciales de marketing, mantenimiento e inversiones de capital.
Rescate de la SEPI
Con objeto de restituir su situación patrimonial, Volotea solicitó una ayuda pública a la SEPI que inicialmente ascendía a 185 millones de euros, pero que finalmente se cerró por 200 millones y con amortización bullet en 2029. Es decir, la aerolínea pagará los intereses en las cuotas de cada periodo, pero deja el pago total del préstamo para la última cuota.
Una de las condiciones que la SEPI puso para otorgar la ayuda es que los socios de la compañía complementaran con un préstamo participativo de 10 millones de euros adicionales de idénticas características y vencimiento. Este ya fue desembolsado en junio de 2022.
Adicionalmente, se impuso como condición adicional el consentimiento por parte de una serie de entidades bancarias con las que tiene préstamos y créditos concedidos. Cabe recordar que el 27 de julio de 2020 cerró un préstamo sindicado de 144,6 millones de euros con un conjunto de entidades financieras españolas y con la participación del Instituto de Crédito Oficial (ICO).
Así, la auditoría de las cuentas revela que el préstamo participativo aportado por los socios, así como 15 millones de euros de los 200 aportados por el fondo de solvencia de la SEPI, serán reintegrados en cuanto los resultados de la sociedad dominante en próximos ejercicios permitan mantener el equilibrio patrimonial sin estos importes, incluyendo a estos efectos el saldo vivo en préstamos participativos.