Dichas prácticas consistían, según la CNMC, en acuerdos de manipulación y reparto de licitaciones, convocadas por la Administración General del Estado, para la prestación del servicio de agencia de viajes en España y en el extranjero. 

Aunque más agencias están implicadas en esta investigación, Ávoris recurrió de forma individual el 13 de abril al considerar que la orden de inspección debía declararse nula puesto que su contenido “es amplio, indeterminado, desproporcionado y se extralimita ostensiblemente respecto del indicio del que partía la DC para llevar a cabo la inspección”, tal y como se detalla en la resolución de la CNMC.

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En concreto, la orden de inspección especificaba la investigación sobre Ávoris y varias agencias que pertenecen al grupo (Sekai, Viajes Ecuador, Viajes Halcón y Deneb) y la fecha en la que la inspección tuvo lugar: del 28 de marzo al 31 de marzo de 2023.

Un día después de presentar el recurso, el Secretario del Consejo de la CNMC solicitó a la Dirección de Competencia antecedentes y un informe sobre el recurso interpuesto por las sociedades. Éste fue entregado el 21 de abril.

El informe propuso la desestimación del recurso al “considerar que la orden recurrida en ningún caso ha dado lugar a indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos de las empresas”. También alegó que no hubo vulneración alguna al derecho a la inviolabilidad del domicilio en la orden de inspección.

El 26 de abril, la Sala de Competencia admitió a trámite el recurso de las sociedades y finalmente el 7 de junio se desestimó. Dos días después se comunicó a la empresa haciéndoles saber que la misma pone fin a la vía administrativa. No obstante, Ávoris tiene dos meses de plazo para interponer un recurso y, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras, la compañía está ultimando la presentación de dicho recurso. 

Investigación

A mediados de abril, la CNMC hizo pública esta investigación a varias empresas del sector. Además de Ávoris, también estaban Viajes El Corte Inglés, Nautalia e IAG7, según ‘Expansión’. 

El organismo aclaró que estas inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas.

Si la CNMC encontrase indicios de prácticas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia y por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como resultado de la inspección, procederá a la incoación formal de expediente sancionador.

La CNMC recuerda que los acuerdos entre competidores constituyen una infracción muy grave de la legislación de competencia, que puede conllevar multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras.