Lo ocurrido en Valencia ha sido, para muchos empresarios, del todo inesperado. El Gobierno de María José Catalá ha impulsado la aprobación de un veto temporal a la concesión de nuevas licencias para la creación de viviendas turísticas. Se trata de una moratoria de un año, prorrogable a otro más, con el propósito de elaborar mientras tanto un nuevo marco normativo municipal, que incluirá novedades como imponer en las fincas una entrada diferenciada para los pisos turísticos.

La medida fue aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento junto a Compromís y PSOE. No sólo el PP se alineó con la oposición. También lo hizo Vox, circunstancia que da buena cuenta de la preocupación compartida por los efectos secundarios del gran auge turístico de Valencia. En particular, por el crecimiento galopante del precio de la vivienda, tanto en el alquiler como en la compraventa.

Y no fue la única medida anunciada por el Ejecutivo local de la alcaldesa popular María José Catalá. También reveló que dejarán de llegar "megacruceros" a la ciudad en 2026. Sólo atracarán, según dijo, los de menor tamaño y de mayor valor añadido. Pero no las "ciudades flotantes", según advirtió Catalá, sin precisar umbrales de pasajeros.

La decisión se adopta justo en el ejercicio en el que, por primera vez, los cruceristas anuales que recibirá la capital valenciana (821.692) superan el número de habitantes de la urbe (807.693). El empresario naviero y expresidente del Real Madrid Vicente Boluda criticó abiertamente la medida anunciada por la alcaldesa del PP.

El movimiento del PP de Valencia supone un giro respecto a los postulados de la formación en la autonomía, donde Carlos Mazón realizó una campaña muy dura contra la tasa turística que impulsó la izquierda y suprimió el impuesto al acceder al poder -antes de que llegara a aplicarse-.

De hecho, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, también del PP, se ha desmarcado de la decisión de Catalá. Ha ofrecido su ciudad para acoger los cruceros que descarte Valencia. El presidente autonómico manifestó que ambas posiciones son compatibles, porque cada ciudad vive "una realidad distinta".

María José Catalá, alcaldesa de Valencia. Efe / Ana Escobar

El verano se aproxima, y con él, la gran afluencia turística y los movimientos contrarios a la misma. Alrededor de 10.000 personas, según los organizadores, formaron parte de una marcha en Palma bajo el lema "Mallorca no se vende". Protestaban contra la falta de vivienda asequible en la ciudad.

El PP reaccionó con una propuesta municipal para limitar el turismo. Incluía la prohibición de nuevas plazas de alquiler turístico y la limitación tanto de locales de ocio nocturno como del número de cruceros que llegan a la capital balear. Tanto Vox como la oposición la tumbaron en la votación al considerarla una iniciativa sobrevenida.

La de Palma fue una protesta simultánea que también contó con movilizaciones en Ibiza y en Alaior (Menorca). "Queremos vivir dignamente" o "SOS Residentes" fueron algunos de los lemas exhibidos. 

Precisamente en Menorca se produjo hace unos días otro movimiento restrictivo con el turismo. En este caso, en la pedanía de Binibeca Vell, uno de los enclaves más famosos y fotografiados de la isla de Menorca. El municipio, ante la saturación de visitantes que dice padecer, ha tomado la drástica medida de establecer restricciones horarias para que los turistas accedan a sus calles, y contempla incluso una prohibición total si la situación lo requiriera.

Madrid

Madrid ha decidido suspender temporalmente las licencias para viviendas de uso turístico (VUT) y reforzar las inspecciones. El alcalde José Luis Martínez-Almeida anunció un plan que incluye multas de hasta 190.000 euros para los propietarios que operen sin autorización.

También se ha publicado un mapa que lista las VUT legales para mejorar la seguridad de los turistas y residentes.

Varias ciudades intentan regular la proliferación de pisos turísticos. EFE/Fernando Alvarado

El plan busca equilibrar el mercado de hospedaje en la ciudad. Las nuevas licencias están suspendidas hasta que se apruebe una nueva ley y se aumentará la plantilla de inspectores en un 15%. Este verano se incorporarán diez inspectores adicionales para reforzar el control y asegurar el cumplimiento de las normas.

Actualmente, Madrid tiene 13.502 VUT, de las cuales sólo 941 tienen licencia municipal. Este incremento del 41% desde 2017 ha impactado en la población del centro de la ciudad, que ha disminuido un 1,14%, mientras la ciudad en su conjunto ha crecido un 4,86%. La medida pretende atraer nuevos residentes al centro y ordenar la oferta turística.

Canarias

La proliferación de los pisos turísticos es una parte del germen de la masificación turística, que no viene sola, sino que supone el aumento del costo de la vida y la expulsión de los residentes de los centros de las ciudades, más contaminación, deterioro medioambiental y congestión en las calles.

Esto ha hecho que muchos ciudadanos estallen contra esta situación. El pasado 20 de abril miles de personas clamaron contra la masificación turística en las islas Canarias.

Manifestantes contra el turismo masivo en Canarias Efe

El origen del problema en Canarias está en que “la población ha crecido un 30% y no se ha acompañado con infraestructuras”, denuncia Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat).

A eso hay que sumar que hay 60.000 pisos turísticos que reducen la oferta de alquiler para residentes y elevan los precios. De ahí que la gente “esté cansada y se manifieste”, apuntan.

“Es un problema social y no económico. Se ha sacado a la gente de las viviendas para meter turistas”, explica Jorge Marichal, quien recuerda que los hoteleros ya avisaron de que esto ocurriría hace diez años.

Semanas después ya estaba sobre la mesa la posibilidad de aplicar una ecotasa por parte del Cabildo destinada a los turistas y vinculada al acceso a los espacios naturales protegidos y con carácter finalista para que su recaudación se destine a su conservación y mantenimiento.

Tasas turísticas

Precisamente, la implantación de ecotasas o tasas siempre se ha alzado como una solución al problema de la masificación, aunque no convence a todos. “Es una salida fácil para los políticos frente a la presión mediática”, asegura el presidente de la patronal hotelera en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.

En España sólo hay dos comunidades que aplican la tasa turística. La más restrictiva es Cataluña. Implantada hace años, incrementa su gravamen cada año. Desde enero de 2021 pasó de 2,25 a 3,50 euros en el caso de los hoteles de 5 estrellas y de 1,10 a 1,70 en los de 4 estrellas. Para los cruceros de más de 12 horas (CR1) pasó de tres a dos euros y de uno a tres para aquellos de hasta 12 horas (CR2).

Turistas en la Sagrada Familia de Barcelona. EFE

Además, desde el 1 de abril de 2024, el Ayuntamiento de Barcelona aplica un recargo de 3,25 euros en todos los casos. Por ejemplo, la tasa para los hoteles de 5 estrellas en la Ciudad Condal alcanza los 6,75 euros durante el periodo mencionado.

En las islas Baleares se implantó en 2016 el impuesto sobre estancias turísticas, conocido como la ecotasa. Con respecto a la cuota tributaria, se configura una tarifa que oscila entre 1 euro y 4 euros por día de estancia o fracción, en función de los tipos de establecimientos en los que tiene lugar el hecho imponible. Pero en temporada baja está bonificada al 50%.

Estas son las únicas comunidades que aplican algún tipo de tasa turística. Y lo cierto es que a pesar del revuelo que causaron en su día hoy ya nadie discute su implantación. No obstante, el uso que se hace de la recaudación sí es cuestionada porque no siempre se revierte en el sector turístico.

A lo largo de la historia ha habido otros intentos por gravar al turismo. Recientemente está el caso de Sevilla, que planteó la posibilidad de cobrar por entrar a Plaza España. Y en la otra punta del país, en San Sebastián, no hay año en el que no salga este debate al escenario político. Pero nunca hay un acuerdo.

En caso especial de Cataluña

En España, Cataluña -unas de las comunidades más visitadas- es la que tradicionalmente más trabas ha puesto al turismo desde el mundo de la política. De hecho, el macroproyecto turístico del Hard Rock fue el que desencadenó el adelanto electoral de las últimas elecciones en Cataluña al negarse En Comú Podem a aprobar los presupuestos porque ERC iba a tramitar un plan para regular los terrenos en los que se instalaría.

Durante esa campaña electoral, la negativa a ampliar El Prat por motivos medioambientales también se coló en el debate político.

Un avión en el aeropuerto de El Prat, cerca del espacio protegido natural de La Ricarda. David Zorrakino Europa Press

Y es que en Cataluña el turismo siempre ha estado en diana de los políticos. Con Ada Colau en la alcaldía de Barcelona se aprobó en 2017 el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (Peuat) para crear el marco normativo en torno al cual se regulan los criterios urbanísticos y de gestión de los alojamientos turísticos de la ciudad de Barcelona.

Este plan tomó el relevo a la primera moratoria que decretó el gobierno de Ada Colau en 2015 y por el que suspendió las nuevas licencias de hoteles. Esto provocó que se retiraran proyectos hoteleros de grandes cadenas de lujo, como Hyatt y Four Seasons.

El turismo, en datos

Las cifras avalan esa definición del turismo como un motor económico. Es uno de los sectores que más empleo genera y más aporta al Producto Interior Bruto (PIB), y buena parte de la recuperación tras la pandemia no se explica sino por todas las actividades relacionadas con el turismo.

De acuerdo con los datos de Exceltur -asociación formada por las empresas líderes del sector-, en 2023 el 70,8% del crecimiento real de la economía española se explica por el buen funcionamiento del turismo. En términos generales, la contribución de este sector al producto interior bruto (PIB) fue del 12,8%.

Asimismo, y según los datos del Ministerio de Industria y Turismo, el número de ocupados en el sector turístico el pasado año alcanzó los 2,67 millones de personas, un 2,3% más que en 2022. Se trata del 12,6% del conjunto de los trabajadores de España.

La creación de empleo en el sector es imprescindible para sostener una demanda turística que no deja de crecer. La preferencia por el ocio y los viajes sobre otras opciones de consumo explica un crecimiento notable de los ingresos respecto a los datos de 2019, de acuerdo con Exceltur. Un alza en la facturación tanto de los turistas nacionales (22,2%) como de los extranjeros (17,9%).

Los datos no hacen sino apuntalar el año récord para el turismo que supuso 2023. Un total de 85,1 millones de turistas internacionales visitaron España, lo que supone un 18,7% más que 2022 y casi un 2% por encima de niveles prepandemia. Cataluña fue la región que recibió un mayor número de visitantes. Su gasto, además, se elevó un 24,7%, hasta alcanzar los 108.662 millones de euros. Si se compara esta cifra con 2019, el gasto total fue un 18,2% superior.

Y nada apunta a que el ritmo se vaya a relajar. Durante los cuatro primeros meses de 2024 las pernoctaciones se incrementaron un 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior. Las de viajeros residentes en España disminuyeron un 1,1%, mientras que las de no residentes subieron un 12,2%. Todo en un sector altamente rentable: los márgenes empresariales en el turismo y las empresas superaron el 25% en el primer trimestre.

¿Es sostenible el modelo turístico?

En este sentido, cabe preguntarse si este modelo turístico que genera tantos ingresos y suma cada año un récord turístico es sostenible. Y la respuesta es que “es sostenible porque funciona, pero no es deseable”, señalan desde la patronal hotelera, que defiende que los hoteles están regulados por 90 normas mientras que las viviendas turísticas gozan de menores restricciones legislativas.

Para otros, la industria no puede más. “España no puede aguantar 15 millones de turistas más”. “No podemos tener precios low cost y tener salarios de verdad”. Con estas dos frases, el presidente de la gestora ACHM Hotels by Marriott, Antonio Catalán, reflejó hace dos semanas el sentir de muchos hoteleros que se muestran contrarios al turismo masivo y reclaman soluciones a las administraciones.

De hecho, muchas cadenas están apostando por un turista de mayor poder adquisitivo centrando sus planes de expansión en la apertura de hoteles de gama alta. Una medida para luchar contra el turismo barato que tampoco soluciona del todo el problema.