El Imserso anuncia nueva licitación para su programa de viajes el próximo año con revisión de precios

Así lo ha manifestado en una entrevista para el programa '24 horas' de RNE con motivo del inicio del concurso para este año, cuyas primeras plazas en comercializarse, entre ayer y hoy, serán para los viajes a Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Melilla y Murcia.

Con respecto a las quejas de los hoteles sobre que los precios no les da para cubrir costes, Sancho ha afirmado que le resulta difícil pensar que "haya empresas que trabajen siempre a pérdidas, lo que es una contradicción en sí misma".

"Para mantener estos precios tan ajustados, los precios no son altos. Y obviamente, el año que viene se revisarán, pero desde luego algo ganaremos todos, sino no tendríamos programa", ha explicado durante la entrevista.

Cabe recordar que el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 decidió prorrogar el contrato con Ávoris la empresa adjudicataria de los tres lotes- para esta temporada 2024-2025, tal y como adelantó este periódico.

Y ya entonces anunciaron que trabajarían en algunos cambios. La nueva licitación supone que Ávoris no contará con una nueva prórroga más, por lo que habrá nuevo concurso el próximo año.

Para esta temporada han salido a la venta 886.269 plazas divididas en tres lotes. La costa peninsular contará con 443.887 plazas, las islas con 230.039 y para los destinos europeos habrá 212.343 plazas.

Valor del programa

Sancho ha recordado que "este programa se diseñó en su origen entre los años 1985 y 1986 con un doble objetivo: mantenimiento de empleo y promoción del turismo de costa".

Este programa goza de un gran prestigio dentro del sector por su aportación al mismo y a las arcas públicas. Se calcula que por cada euro que el Gobierno invierte en los viajes del Imserso recibe 1,56 euros. Ese beneficio lo consigue gracias a que estos viajes favorecen la creación y mantenimiento del empleo en el sector turístico.

Sin estos viajes, muchos trabajadores de estos establecimientos acabarían en el paro, por lo que tendrían que cobrar una prestación de desempleo a cargo del Estado. Así, el Gobierno sigue recaudando el IVA, impuesto de sociedades e IRPF y se ahorra el pago del desempleo.