Los trabajadores de RTVE celebran su cuarto "viernes negro", una campaña emprendida para presionar a las autoridades políticas para que aceleren el proceso de sustitución del consejo de administración y del presidente de la cadena. Una nueva administración, que a su juicio, garantice una televisión pública más plural y libre de la actual manipulación política.

Este proceso se encuentra paralizado desde que a comienzos de mayo la presidenta del Congreso Ana Pastor (PP) pidiese un nuevo informe a los letrados del Congreso para valorar la legalidad del acuerdo alcanzado por el resto de todos los partidos políticos para emprender la sucesión del actual presidente José Antonio Sánchez.

El documento fue consensuado en marzo entre PSOE, Ciudadanos y Podemos y cuenta con el apoyo del resto de partidos políticos, excepto el Partido Popular que negó a sumarse. Este documento acordó un concurso público exprés mediante el cual, en un plazo de 59 días, se realizaría la presentación de candidatos, su evaluación y su votación.

Concenso parlamentario

Este procedimiento implica conservar el espíritu de la Ley aprobada en septiembre del año pasado mediante el cual se elegía a los consejeros y al presidente de RTVE con dos tercios del Congreso o con el apoyo de al menos cuatro grupos políticos. Con ello, se garantizaba la despolitización del nombramiento y que ningún partido impusiese su candidato. Obligaba, por tanto, al consenso parlamentario.  

No obstante, desde este pacto -que tardó siete meses en producirse- el Partido Popular se ha empeñado en paralizar la puesta en marcha del calendario acordado. En primer lugar, el partido de gobierno se negó a asistir a la reunión de ratificación del acuerdo y la puesta puesta en marcha del proceso. Luego han bloqueado su aprobación, sin dar su apoyo explícito y finalmente la Presidenta del Congreso del PP, pidió un nuevo informe a los letrados.

Según ha podido saber este periódico, el objetivo es paralizar todo lo posible la sustitución. Incluso después del informe de los letrados -que se supone favorable- al PP le queda otra arma: bloquear el acuerdo en el Senado donde tiene mayoría. La idea es mantener a José Antonio Sánchez al mando de la cadena al menos hasta el comienzo del próximo curso y dejar con las manos atadas a su sucesor, a quien le será más difícil emprender cualquier cambio a mitad de temporada.

Presupuestos aprobados en RTVE

El mandato de Sánchez expira a finales de junio, pero la actual legislación le permite mantenerse en el cargo hasta que se encuentre un sustituto en el Parlamento. Incluso en el equipo del actual Presidente de RTVE existe el convencimiento de que podrán estar al mando de la televisión pública más tiempo del previsto. De hecho, ya tienen un presupuesto aprobado y han realizado compras en derechos deportivos y Cine para reforzar la parrilla de la próxima temporada.  

Y el objetivo del Partido Popular es retrasar el proceso lo más posible, incluso en el Senado si es necesario. La primera meta que se debe cumplir es paralizar el proceso durante el mes de junio, con lo que todo el proceso de recambio se llevaría a septiembre.

Hay que considerar que desde que se apruebe el calendario -si es que los letrados no piden modificaciones- deberán pasar dos meses hasta nombrar a los nuevos cargos, por lo que si todo empieza en septiembre, nos iríamos a noviembre, unas fechas en las que sería imposible aplicar cambios de calado para este curso.

Los trabajadores de RTVE y el resto de partidos políticos esperan que rectifiquen y que las peticiones que han hecho al Parlamento Europeo -organismo que ha pedido explicaciones a España por las manipulaciones en la Corporación de televisión pública- surtan efecto, aunque de momento en el partido de Gobierno no mueve ficha.