Mediaset y Atresmedia siguen bajo la lupa de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la investigación sobre colusión abierta en febrero pasado. El procedimiento intenta confirmar si los dos grupos “dificultan injustificadamente la entrada y expansión de terceros operadores en el mercado de la publicidad televisiva en España".
Frente a este expediente, los dos grupos ultiman la presentación de un procedimiento de terminación convencional, mediante el cual las dos compañías evitarían una millonaria multa -y las posteriores demandas de los afectados-, a cambio de comprometerse a acabar con las conductas cuestionadas por el regulador. Este procedimiento es común en la CNMC; aunque no en expedientes donde se investigan vulneraciones “muy graves” a la Ley de Competencia.
Este procedimiento tiene que ser presentado antes del pliego de concreción de hechos, la fase final de la la investigación en la que se acreditan las conductas y se proponen las soluciones, recomendaciones y multas. En el caso de este expediente y como ya ha publicado EL ESPAÑOL, nos encontramos en su fase decisiva recibiendo los últimos descargos de los dos afectados. Esto puede hacer prever que el expediente se pueda fallar los primeros meses del próximo año.
Las agencias y anunciantes han confirmado a la CNMC que, en la contratación de publicidad, Atresmedia y Mediaset exigen el cumplimiento de cuotas relativas de inversión publicitaria en sus respectivas televisiones y que, además, fuerzan la contratación conjunta de publicidad en sus distintos canales de televisión a través de la emisión en varias cadenas a la vez (simulcast) de la mayoría de las campañas publicitarias y de la vinculación de paquetes comerciales.
Multas con las sanciones más elevadas
Como ha informado este periódico, los anunciantes confirmaron que además existen penalizaciones en el caso de no cumplir estas cuotas, multas consistentes en subir el precio o quitar el descuento en la siguiente negociación. Las marcas reconocen que las prácticas comerciales anteriormente descritas son comunes en los dos grupos y que sus equipos comerciales, aunque distintos, tienen un modus operandi prácticamente idéntico.
En el caso del procedimiento de terminación convencional, Mediaset y Atresmedia se comprometerían a acabar con estas prácticas y terminar con la exigencia de cuotas, contratación conjunta y penalizaciones. Con ello, evitarían una multa que en el sector se da como segura por la vulneración del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).
El regulador tendría, por tanto, argumentos para aplicar las sanciones más elevadas, es decir, de hasta el 10% de su facturación anual. En este supuesto, y según sus últimos resultados del año 2017, cada uno de los grupos podría pagar hasta 100 millones de euros equivalente a 1.000 millones anuales de facturación, 200 millones en total.
Ya vulneraron condiciones "idénticas"
A ello habría que sumar que las teles afectadas -pequeñas TDT y autonómicas- podrían pedir indemnizaciones por valor de 4.700 millones de euros, si el expediente demuestra que se manipuló el mercado publicitario, montante equivalente al dinero que han dejado de ingresar las televisiones pequeñas y autonómicas durante la existencia del duopolio televisivo.
En cualquier caso, las fuentes consultadas indican que es poco probable que la CNMC acepte los compromisos de Mediaset y Atresmedia a cambio de no establecer una multa y un fallo negativo. Una “salida amistosa”, que según estas mismas fuentes no tendría sentido si consideramos que los dos grupos ya están vulnerando unos compromisos que ya adquirieron hace seis años cuando el regulador estableció severas normas de competencia que no han cumplido.
Dicho de otra manera, no sería un buen precedente para la CNMC que aceptase un pliego de condiciones de dos empresas a las que precisamente se les está investigando por incumplir unas condiciones idénticas impuestas hace seis años cuando se aceptaron sus respectivos procedimientos de fusión: Telecinco con Cuatro y Antena 3 con La Sexta.
Larga lucha en los tribunales
En los dos grupos audiovisuales consideran que la CNMC podría aceptar esta vía negociada para evitar largos procedimientos judiciales, derivados de las sucesivas apelaciones de los afectados. Mediaset y Atresmedia podrían apelar una resolución desfavorable ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, con un tiempo de resolución de entre los dos y tres años en cada una de las instancias.
Por tanto, estaríamos hablando de un periodo mínimo de tres o cuatro años entre los dos procesos, si es que los recursos se mueven con rapidez en los tribunales. Si consideramos que el actual expediente tiene 18 meses para ser instruido -aunque la idea de la CNMC es acortar estos plazos-, estaríamos hablando de una batalla legal que podría empezar como pronto en 2019 y que se extendería como mínimo hasta 2023. En 2018, el Supremo ha fallado expedientes recurridos en 2013 y cerrados por la Audiencia Nacional en 2016.
No obstante, en esta resolución las fuentes del sector consultadas consideran que la CNMC podría permitirse una larga lucha en la justicia. El regulador podría emitir dos falos, el primero con la respectiva multa y el segundo con una orden de cese de comportamiento, ejecutiva y que no suele ser cuestionada por los tribunales. Esto significaría que aunque la multa quede en el aire por la apelación, Atresmedia y Mediaset deberían corregir su cuestionado comportamiento.
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