Moncloa no tiene entre sus prioridades inmediatas equiparar las condiciones de los operadores fiscales de televisión tradicionales a Netflix y HBO. Es verdad que hay una corriente dentro del Gobierno que está convencida de que se debe aplicar una equidad tributaria a estas plataformas, pero a día de hoy la prioridad es sacar adelante el impuesto a determinados servicios digitales (tasa Google) cuando se tenga la mayoría necesaria para aprobarla.
En la reciente publicación de las 370 medidas progresistas del Gobierno del PSOE, basada en su ronda de contactos con la sociedad civil, no se hacía ninguna mención al cambio de condiciones fiscales para estas compañías, más allá de la mencionada tasa Google, con la que espera recaudar 1.200 millones de euros anuales por la tributación de determinados servicios digitales.
Con el calendario electoral en el aire y una posible nueva convocatoria de elecciones para el 10 de noviembre sobre la mesa, el Ejecutivo ordena sus prioridades y reconoce que debe racionalizar sus objetivos, centrándose solo en los proyectos que ya estén en marcha.
En el caso de la nueva tasa Netflix, que busca aplicar a las nuevas OTT los mismos impuestos específicos que pagan otros operadores de televisión en abierto como Atresmedia, Mediaset, y los de pago como Movistar+, Vodafone TV y Orange TV, se ha optado por dejar seguir su curso en el marco de las consultas respecto de la nueva Ley Audiovisual, para recabar más apoyos y realizar nuevos informes que la avalen.
Nuevo sistema de financiación
Un recorrido directamente relacionado con el calendario electoral. Estamos hablando de un freno a una iniciativa que tomó mucha fuerza después de que el PSOE ganara las recientes elecciones, pero cuyo interés fue decayendo a medida que el Ejecutivo de Pedro Sánchez fracasaba sucesivamente en la formación de un nuevo Gobierno.
El objetivo inicial es que estas nuevas plataformas OTT equiparen su carga fiscal a estos players tradicionales y que aporten el 5% de sus ingresos operativos para financiar el cine europeo y el 3% de sus ingresos brutos para financiar RTVE. Adicionalmente, las operadoras de telecomunicaciones pagan un 0,9% extra por la televisión pública, además de pagar el 3% en el caso de las que tienen servicios de televisión.
En estos momentos, Hacienda sigue elaborando sin ninguna prisa el documento con las principales conclusiones de la consulta pública que terminó el 22 de febrero y en la que preguntó a todo el ecosistema cómo debería ser el nuevo sistema de financiación del sector. Ahora toca la audiencia pública en la que el nuevamente se volverá a opinar, esta vez sobre un texto formal elaborado por los ministerios de Economía y Hacienda.
Respecto a los plazos de la publicación de este texto, en Moncloa indican que no hay fecha y reconocen que su tramitación y que la elaboración posterior de la nueva Ley Audiovisual, que debería incluir esta tasa Netflix, se verá retrasada por el calendario electoral. En cualquier caso, se reconoce que estamos ante un retraso en una normativa que fue aprobada en Bruselas hace más de un año.
Directiva audiovisual europea
La puesta en marcha de la tasa Netflix pasa por la adaptación de la Directiva Europea de Medios Audiovisuales (AVMSD), aprobada hace un año en Bruselas, que consagra el principio de igualdad entre los operadores, independientemente del servicio que brindan y de la plataforma que utilizan para proteger mejor a los espectadores, alentar la innovación y promover el contenido audiovisual europeo.
En este texto es donde se deberán incluir eventuales impuestos a Netflix o HBO o, más bien, detallar la manera en la que se les equiparará al resto del sector. Estamos hablando de una reforma integral que deberá estar contenida en la nueva Ley Audiovisual que sustituya la normativa de 2010 y en la que también se deberían incluir cambios en la financiación de RTVE, en las tasas que pagan las telecos y en los impuestos que paga todo el sector audiovisual en su conjunto.
Además de decantarse por esta tasa Netflix en esta nueva normativa, el Ejecutivo deberá decidir cómo se calculará el montante que finalmente deberán pagar. Estas plataformas tienen una estructura fiscal por la cual no declaran todos sus ingresos en España, ya que facturan como una sociedad de servicios a un país con menor carga impositiva.
En Hacienda ya barajan fórmulas para calcular los ingresos efectivos que se basan en los abonados efectivos que tienen estas plataformas en España. La idea es que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) calcule o exija a estas plataformas el número efectivo de abonados en nuestro país, a partir del cual se puedan calcular los ingresos efectivos por usuario.