El consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado la multa que rondará los 80 millones de euros a Mediaset y Atresmedia (unos 40 millones para cada uno y equivalente al 4% de su facturación) por "dificultar la entrada y expansión de terceros operadores en el mercado de la publicidad televisiva en España", una infracción considerada "grave" en la legislación de competencia española y comunitaria. Un fallo que cuando se haga público será recurrido por los dos canales de televisión.

Este acuerdo que se produce después de más de 20 meses de investigación formal y otro año de recopilación de antecedentes por parte del regulador, intenta poner fin al control publicitario de estos dos grupos televisivos que concentran más del 85% de la publicidad de la televisión y más del 95% de los canales en abierto.

El proceso para votación del expediente se había frenado en las últimas semanas por las divergencias de algunos miembros del consejo respecto a las condiciones que finalmente se le impondrían a los dos grupos de televisión y por la intención del presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, de buscar unanimidad en la sentencia final -que se ha conseguido- y que no existiesen votos particulares.  

De esta manera, y según ha podido confirmar este periódico, la resolución debería establecer un sistema de vigilancia mediante el cual los dos operadores documentarán y conservarán sus ofertas comerciales desglosadas, así como los diferentes acuerdos comerciales que formalicen con los anunciantes o agencias de medios y facilitarán a la Dirección de Competencia, con la periodicidad necesaria y en la forma que ésta se determine, toda la información que les sea requerida.

Estrecha vigilancia

De esta manera, la CNMC insta a Mediaset y a Atresmedia a tenerles al tanto de sus prácticas, para mantener una vigilancia y limitar una oferta comercial lo suficientemente desglosada de sus diferentes productos publicitarios, imponer prácticas comerciales paquetizadas en la comercialización de sus canales, publicidad en simulcast, establecimiento de extraprimas y que no se contrate publicidad condicionada al volumen.

De esta manera, se vigilarán la pauta única de las televisiones investigadas, los acuerdos y las extraprimas con las centrales de medios y los descuentos aplicados a estas centrales por compra de mayor volumen de publicidad e inclusión en las planificaciones de las cadenas pequeñas de estos grupos de televisión.

Fuentes del sector que han seguido de cerca el proceso indican que estas limitaciones son incluso menos rígidas que las que hace seis meses propusieron las propias cadenas para llegar a un acuerdo mediante terminación convencional y sin multa, un pacto que rechazó la CNMC. 

Provisión de la multa en sus cuentas

El problema para la CNMC no logró demostrar que entre los dos grupos de televisión ha existido colusión o cártel en la fijación de precios ni que Mediaset y Atresmedia fuesen operadores dominantes del mercado. Una clave para entender el retraso en la resolución y las condiciones finales que se han aplicado.

El regulador además ha pedido que Atresmedia y Mediaset provisionen en sus cuentas el impacto contable de las multas, algo que ninguno de los dos grupos ha hecho gasta el momento. Esta resolución se basa en el pliego de concreción de hechos elaborado por el equipo de Competencia del regulador comunicado en noviembre del año pasado.

Hace seis meses la CNMC rechazo también el procedimiento de terminación convencional propuesto por Atresmedia y Mediaset para cerrar el expediente sin multa a cambio de que las dos cadenas se comprometieran a cesar con estas prácticas por la vía amistosa. El regulador rechazó está propuesta por considerar que los dos grupos llevan años incumpliendo las resoluciones de la CNMC en este sentido.

Larga batalla legal

Este fallo histórico para la industria televisiva española -con una de las multas más elevadas dictada por la CNMC en cualquier sector- llega en un momento que Netflix y las demás plataformas en streaming arremeten contra el negocio de la televisión tradicional y con los ingresos por publicidad experimentando una reducción importante.

Después de la resolución se espera una dura batalla legal. Tanto Mediaset y Atresmedia dicen que no incumplen ninguna normativa con sus prácticas y que llegarán hasta las últimas consecuencias legales, lo que esto supone ir a la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, con un tiempo de resolución de entre los dos y tres años en cada una de las instancias.

Por su parte, el fallo de Competencia abre la puerta también a millonarias reclamaciones de las televisiones que se consideran afectadas por la situación de duopolio reinante en el mercado de la publicidad televisiva. En el expediente se personaron Intereconomía, las televisiones autonómicas de la Forta, Dkiss y la Asociación de Anunciantes. 

Fuentes jurídicas consultadas por este diario indican que el montante total que podría ser reclamado podría rondar varios cientos de millones de euros, cantidad equivalente a todo lo que han dejado de facturar estás televisiones por las prácticas antimonopolio de Atresmedia y Mediaset.