La Comisión Europea ha lanzado este jueves un ultimátum contra el Gobierno de Pedro Sánchez por el retraso en la aprobación de la nueva Ley Audiovisual, la norma que debe incorporar a la legislación española las disposiciones de la directiva de la UE sobre servicios de comunicación audiovisual. El plazo de transposición vencía el 19 de septiembre de 2020, pero España sigue sin cumplir. 

Tras un primer aviso fallido en noviembre de 2020, el Ejecutivo comunitario ha decidido enviar a Madrid un dictamen motivado, segunda fase de un procedimiento de infracción, en el que reclama acelerar los plazos. Si la Ley Audiovisual sigue sin estar aprobada en dos meses, Bruselas podría denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Una vez recabada la opinión del Consejo de Estado, el Gobierno de Pedro Sánchez espera enviar el proyecto de ley al Congreso en octubre, con la esperanza de poder tenerla aprobada antes de fin de año o comienzos del próximo y evitar así acabar ante el TJUE. 

Además del caso de España, el Ejecutivo comunitario ha enviado este miércoles dictámenes motivados contra República Checa, Estonia, Irlanda, Croacia, Italia, Chipre, Eslovenia y Eslovaquia. Bruselas sostiene que el retraso en la transposición de la directiva sobre servicios de comunicación audiovisual impide a los ciudadanos de estos países beneficiarse de las mejoras previstas en esta norma. 

La directiv pretende crear unas condiciones de competencia equitativas para los diferentes tipos de servicios de medios audiovisuales; reforzar la independencia de los reguladores nacionales de los medios de comunicación; preservar la diversidad cultural, por ejemplo, al exigir que los servicios de streaming tengan disponible al menos el 30 % de obras europeas; o proteger a los menores frente a los contenidos nocivos en los servicios de vídeo a la carta.

La Comisión también ha enviado un segundo dictamen motivado contra España por el retraso en la adopción del Código Europeo de las Comunidaciones Electrónicas, cuyo objetivo es modernizar las normas de la UE en materia de telecomunicaciones, adaptándolas a la era digital. En este caso, el plazo de transposición venció el 21 de diciembre de 2020, pero el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco ha actuado a tiempo.

Junto con España, también han sido expedientados por Bruselas Estonia, Croacia, Irlanda, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Holanda, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia.