¿Por qué tomar esta medida? Básicamente porque al tratarse de una presidencia interina, pues fue elegida por el consejo de adminsitración, sus funciones se limitaban al día a día del máximo órgano de administración. Es decir, carecía de poderes para 'liderar' las empresas desde el punto de vista de gestión y, por tanto, no podía llevar a cabo inversiones, ni convocar plazas de personal, ni firmar cuentas, etc. 

Así que había que buscar una solución que solventara esos problemas y, al mismo tiempo, diera legitimidad plena a la presidenta Elena Sánchez de puertas hacia dentro. Una solución que no era fácil y que llevaba siendo estudiada en los despachos de La Moncloa desde hace semanas. Antes, incluso, de que José Manuel Pérez Tornero fuera forzado a dimitir la pasada semana tras una reunión en 'Palacio'. 

[Elena Sánchez, nueva presidenta interina de RTVE tras la dimisión de Pérez Tornero]

Sobre la mesa, según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, había tres opciones: la primera, que no convencía a nadie, era dejar que Sánchez fuera interina con el consiguiente bloqueo de RTVE. La segunda, la favorita, elegir a un nuevo presidente tras llegar a un acuerdo en el Congreso de los Diputados. La tercera, tratar de dar esos plenos poderes por vía intermedia hasta que hubiera un consenso parlamentario para elegir a un nuevo candidato. 

Descartada la primera y conscientes de que encontrar un candidato de consenso (incluso dentro de la mayoría parlamentaria formada por PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu y PNV) es imposible a corto plazo, sólo quedaba la tercera opción que, además, deja al PSOE con tres consejeros en RTVE. ¿Cómo hacerlo? 

Alguien en los despachos de Moncloa y la SEPI recordó que una situación similar ya se vivió en 2011. En aquel entonces, Alberto Oliart presentó su dimisión como presidente de RTVE por motivos personales, y se decidió que la presidencia fuera rotatoria entre los miembros del consejo de administración. El bloqueo llegó, pues ninguno tenía plenos poderes y la parálisis duró hasta que, en junio de 2012, el Congreso eligió a Leopoldo González-Echenique como nuevo presidente de la CRTVE. 

En aquel entonces, la Abogacía del Estado preparó un informe en el que alertaba de que ni en la ley ni en los estatutos de RTVE estaba previsto qué ocurría cuando dimitía o cesaba el presidente. Se dejaba así un vacío de poder en la compañía. La solución que aportaba era, precisamente, modificar los estatutos de RTVE para que en su artículo 34 se equiparasen las funciones del presidente electo y del interino. 

Un documento que durmió el sueño de los justos y que ahora alguien ha sacado del cajón. En una reunión celebrada este lunes del consejo de administración de la SEPI, que es el accionista único de la Corporación Radio Televisión Española, se decidía instar al Consejo de Ministros a que autorizara a votar favorablemente un cambio estatutario en junta de accionistas de RTVE. 

De este modo, según el documento aprobado en el Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, se "autoriza el voto" para la modificación de los estatutos. Así, el presidente del consejo de administración también lo será de la Corporación RTVE y, "en caso de vacancia o ausencia, el presidente de la Corporación será sustituido por el consejero interinamente nombrado por el propio consejo de administración, el cual desempeñará con ese mismo carácter la presidencia del citado consejo".

Además, y según ha podido saber este diario, este punto todavía no está en el orden del día de la próxima reunión del consejo de administración que se celebra el viernes. Sin embargo, se da por descontado que Elena Sánchez lo incorporará para agilizar los trámites y convocar la junta que permita aprobar el cambio en los estatutos. 

Una reunión que no se prevé sencilla, pues los consejeros propuestos por el Partido Popular (Jenaro Castro, Consuelo Aparicio y Carmen Sastre) se preparan para dar la batalla. Está por ver, además, qué hará el propuesto por el PNV (Juan José Baños) y la posición que adoptan los que llegaron a propuesta de Podemos (Roberto Lakidain y José Manuel Martín Medem). 

La postura del PP 

En el seno del consejo guardan silencio sobre este movimiento, a la espera de lo que suceda en la próxima reunión. Donde no ha pasado inadvertido ha sido en el Congreso de los Diputados. Allí el Partido Popular dice no verse sorprendido por esta decisión “unilateral” del Gobierno y la enmarcan en lo que “viene haciendo con el CIS, la fiscalía, el CGPJ o el INE”.

Añaden, además, que Sánchez “necesita refuerzos emocionales de sus pretorianos en cada institución que hay” para poder subsistir.

Por otro lado, consideran que esta maniobra obedece a la “desesperación” de Sánchez por el panorama adverso que dibujan las encuestas, asegurando que le ven dispuesto a hacer “lo que sea” con tal de conseguir votos que le mantengan en la Moncloa. “Ni siquiera le concede un segundo al disimulo”, agregan los populares.

Fuentes de la dirección de Génova señalan con sorna que “Sánchez ha buscado en Sánchez (actual directora de RTVE) más sanchismo”. También critican que la “artimaña” para darle más poder sin tener que pasar por el Congreso da muestras de que ya “todo le parece poco”.

Desvelan, además, que esta vez se encontrarán con el Partido Popular enfrente. Si en su momento consiguieron que el Tribunal Constitucional tumbara el nombramiento de la anterior administradora provisional, Rosa María Mateo, esta vez admiten que no será diferente. Eso sí, todavía evitan dar pistas sobre cuál será su estrategia jurídica. 

Existen dudas sobre la legalidad del cambio estatutario que quiere llevar a cabo el Gobierno. Máxime si se tiene en cuenta que Radio Televisión Española no se rige como una empresa normal, pues tiene una ley ad hoc que establece cómo se elige al presidente de la Corporación y cuáles son sus funciones.

Todo ese proceso aparece reflejado en la sección II de la norma y, en ellas, no se define qué ocurre cuando cesa el presidente de RTVE. Algo que sí aparece reflejado en los estatutos de la Corporación RTVE, que es lo que cambiará a partir de ahora. Sin embargo, en las filas populares existen serias dudas de que un cambio de este tipo no tenga que ser sometido a refrendo del Congreso y, por tanto, requiera un cambio de la norma que regula a RTVE.