La Comisión Europea ha abierto este martes una investigación formal contra el grupo multimedia francés Vivendi por considerar que podría haber vulnerado las reglas de la UE sobre fusiones durante el proceso de compra de su rival Lagardère. Vivendi se enfrenta a una multa multimillonaria de hasta el 10% de su volumen de negocios si se confirman las sospechas de Bruselas.

El Ejecutivo comunitario autorizó la compra de Lagardère por parte de Vivendi el pasado 9 de junio, pero le impuso una serie de condiciones para resolver los problemas de competencia que generaba la operación. En concreto, el visto bueno de Bruselas está supeditado a la venta por parte de Vivendi de su negocio editorial Editis (que incluye marcas conocidas como Robert Laffont, Nathan, Le Robert y Pocket) y de la revista del corazón Gala.

Sin embargo, la Comisión considera ahora que Vivendi inició la absorción de Lagardère incluso antes de tener la aprobación de Bruselas. Además, la compañía ha seguido adelante con la operación sin haber completado las desinversiones exigidas por el Ejecutivo comunitario, que además debe aprobar al comprador de estos activos. 

[Bruselas autoriza con condiciones la compra del grupo multimedia francés Lagardère por su rival Vivendi]

"Nuestro régimen de control de las fusiones obliga a las empresas a notificar las operaciones de dimensión europea y a esperar nuestra autorización antes de realizarlas. Además, las compañías deben respetar los compromisos que nos presentan, en base a los cuales autorizamos una transacción", ha explicado la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager.

Estas disposiciones tienen como objetivo prevenir los efectos negativos potencialmente irreparables de las operaciones en el mercado.

"Nos tomamos muy en serio cualquier violación de estos procedimientos. En este momento, la Comisión ha reunido elementos suficientes para abrir un procedimiento de investigación formal destinado a determinar si Vivendi ha respetado nuestros procedimientos", ha señalado Vestager.

El Ejecutivo comunitario puede imponer multas a las empresas que hayan incumplido de forma deliberada o negligente la obligación de notificación, la obligación de suspensión y/o el cumplimiento de las condiciones. Unas sanciones que pueden alcanzar hasta el 10% del volumen de negocios total de las compañías.

Bruselas ya ha informado a Vivendi de la apertura de un procedimiento formal de investigación y ahora examinará en detalle lo ocurrido. Este paso no prejuzga el resultado final de las pesquisas, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.