Montaje de Miguel Ángel Oliver, actual presidente de la Agencia EFE.

Montaje de Miguel Ángel Oliver, actual presidente de la Agencia EFE. Arte E. E.

Medios

El PP condiciona la renovación de RTVE a la salida de Miguel Ángel Oliver como presidente de EFE

El máximo responsable de la agencia pública de noticias fue secretario de Estado de Comunicación entre 2018 y 2021. 

26 septiembre, 2024 02:13

Comienza el baile entre el Partido Socialista y el Partido Popular para renovar el consejo de Radio Televisión Española (RTVE). Los de Feijóo dicen ser conscientes de la necesidad de devolver la normalidad al máximo órgano de la Corporación, pero tienen sus condiciones. La primera, que se hable de una reforma de la administración de todos los medios públicos. Y eso incluye la salida de Miguel Ángel Oliver como presidente de la Agencia EFE. 

Las fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia creen que ahora que el Gobierno está en plena ejecución de su Plan de Acción por la Democracia, es momento de garantizar la plena independencia de los medios públicos.

Recuerdan para ello que el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios que ahora Moncloa quiere transponer exige que los Estados garanticen que los medios públicos "sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional". 

También señala que "los procedimientos para el nombramiento y destitución del directivo [...] o los miembros del consejo de administración [...] se harán siguiendo procedimientos transparentes, abiertos, efectivos y no discriminatorios". 

Una independencia y una transparencia que no se cumple en el caso del presidente de la Agencia EFE. Miguel Ángel Oliver fue nombrado en diciembre de 2023, tras haber pasado unos meses en Mediaset al abandonar su puesto como secretario de Estado de Comunicación entre el 9 de junio de 2018 y el 21 de julio de 2021, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa. 

Un nombramiento que fue propuesto por el Gobierno al Congreso y que fue avalado con los votos a favor del PSOE, Sumar, PNV, ERC, Junts y Coalición Canaria. Sin embargo, PP y Vox votaron en su contra al considerar que se trataba de "un comisario político". 

El pensamiento sobre Oliver no ha cambiado, y por ello los populares exigen de nuevo su cese. Ahora como condición para dar pasos adelante que permitan desbloquear el 'caos' en el que está sumido el consejo de administración de Radio Televisión Española.

Un órgano en el que hay que renovar cuatro de los diez puestos y en el que hay que cubrir la vacante que dejó José Manuel Pérez Tornero tras su cese como presidente. Sin embargo, en este momento parece que el acuerdo está lejano y todo ello a la espera de que se decida qué va a pasar con la presidencia de Concepción Cascajosa. 

Como ha contado este diario, en reunión del consejo de administración celebrada este pasado martes, Cascajosa salvó un matchball gracias a una argucia reglamentaria. Al pedir una votación secreta y no estar todos los consejeros presentes, logró evitar su cese como máxima responsable de RTVE. 

Ahora bien, las espadas están en todo lo alto y en la próxima reunión su cese se da por descontado. La clave ahora está en saber cuándo se va a celebrar, dado que la intención de la presidenta es esperar a mediados de octubre, de modo que sea un consejo de administración ordinario. 

¿El motivo? Legalmente ella sigue siendo presidenta de RTVE, dado que la interinidad de seis meses es un acuerdo entre los consejeros. Por tanto, aunque su mandato 'caduque' el viernes 27 de septiembre, ella puede mantenerse al frente del timón de la Corporación. 

Alternativas

Se especula con la posibilidad de que este margen de tiempo sea suficiente para que Moncloa busque una solución alternativa si no llega el acuerdo con el Partido Popular. 

Como ha contado EL ESPAÑOL, sobre la mesa hay dos alternativas. La primera, un cambio en la Ley de RTVE que permita hacer la reforma del consejo de administración por mayoría absoluta en el Congreso. La segunda, usar los estatutos para forzar la llegada de un nuevo gestor que ponga fin a las disputas en el seno del consejo de administración. 

Esa figura sería distinta al Administrador Único que se empleó con Rosa María Mateo para evitar los problemas legales que derivaron en que el Tribunal Constitucional anulara el nombramiento